Además de dar luz verde al desarrollo turístico de Playa Granada, la Comisión provincial de Urbanismo dio ayer una gran noticia a los propietarios de las conocidas como 'Vivienda joven' de las Laderas de Castelar, en Almuñécar, que llevan viviendo más de un año y medio como 'okupas' en sus propias casas. La aprobación de la modificación puntual del PGOU de Almuñécar por la que se autorizaba el cambio de uso del suelo de industrial al residencial permitirá por fin legalizar sus viviendas.

Así, comenzó la cuenta atrás para que los propietarios de las 63 viviendas promovidas por la Promotora Cercado Santa Cruz empiecen a normalizar su situación en todo lo que concierne a los trámites administrativos tanto a nivel municipal, con la obtención de la licencia de primera ocupación, como en el suministro de agua, luz o telefonía.

El concejal de Urbanismo de Almuñécar, Jesús García Alabarce, junto al ex concejal Emilio González Pavesio y el arquitecto municipal se desplazaron hasta la capital granadina para seguir de cerca los acontecimientos que pudieran producirse o aclarar cualquier duda por parte de los representantes en la Comisión de Urbanismo y resolver el tema definitivamente.

El organismo provincial, dependiente de la Consejería de Vivienda y Ordenación de Territorio, en el que estaba presente el concejal y portavoz del PSOE, Francisco Prados, «daba un paso decisivo y muy esperado para buscar una salida definitiva a un problema que arranca desde hace casi tres años y medio», recordó Prados.

Satisfechos

En cuanto el visto bueno de la Comisión llegó al Almuñécar, la felicidad se desató en el Ayuntamiento y en el colectivo 'Vivienda joven'. Después de años de enfrentamientos y polémica con la Junta, el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, quiso ayer «agradecer la sensibilidad de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio en un tema de marcado carácter social». El Ayuntamiento reconocía así «el espíritu de colaboración mostrado por ambas administraciones, resaltando que el diálogo ha permitido el consenso y la solución a un conflicto que perjudicaba a 63 familias de jóvenes del municipio».

Los problemas se remontan a 2005, cuando la Junta de Andalucía interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento y la promotora de la 'Vivienda joven' acerca de la resolución de 21 de febrero de 2005 en la que se aprobó la modificación puntual 105 al PGOU, que cambiaba el uso industrial del suelo por residencial. Desde entonces el Ayuntamiento encabezó, junto a los afectados por protestas y concentraciones contra Obras Públicas, que incluyeron incluso una agresión contra concejales del PSOE.