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ALMERÍA - JAÉN - GRANADA | Personalizar edición | RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 22 octubre 2014

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Provincia-Granada

La organización ecologista incluye a estas dos localidades granadinas en su informe anual sobre degradación del litoral e irregularidades urbanísticas

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Greenpeace sonroja a Atarfe y Almuñécar
Campo de Golf en Atarfe,
ANDALUCÍA, Valenciana, Murcia y Canarias son las autonomías que más «maltratan» su litoral, según la organización ecologista Greenpeace, que ha denunciado además que durante el último año se ha seguido el modelo de crecimiento basado en la degradación del litoral.

Greenpeace ha hecho pública la nueva edición de su informe anual 'Destrucción a toda costa 2008', que pone de relieve además que durante el último año los casos de corrupción urbanística en el litoral ascienden a 67, y que a los tres millones de viviendas proyectadas en la costa en 2007 se suman 137 nuevas actuaciones urbanísticas en infraestructuras portuarias, un dominio público marítimo-terrestre.

Críticas a la Junta

Según este informe, pese a estar entre los destinos turísticos más visitados del planeta, Andalucía tiene una costa maltratada por la administración que la gestiona: la Junta de Andalucía. Playas, dunas, acantilados y pinares costeros únicos conviven con un número excesivo de puertos deportivos, campos de golf y, más grave aún, con algunos de los puntos más contaminados de la península, como el polo químico de Huelva y la bahía de Algeciras.

Los ecologistas señalan que la planificación y gestión del territorio se subyuga en Andalucía a las presiones de la industria constructora, que moldea las decisiones de la Junta a su capricho dejando de lado la salud ambiental del territorio andaluz y el bienestar de sus ciudadanos. Según Greenpeace, Andalucía es una de las regiones europeas con más probabilidad de sufrir inundaciones: tiene precipitaciones muy intensas con crecidas rápidas y violentas, está desprotegida forestalmente -la mitad del territorio está erosionado- y, sobre todo, cuenta con elevadas concentraciones demográficas en torno a los cauces.

Granada, en la mira

Respecto a Granada, el informe hace referencia a Almuñécar y a Atarfe. Recuerda que el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides como seis personas más (cuatro son concejales de la actual corporación y también figura como imputado el responsable del plan de urbanismo del municipio y ex concejal de Urbanismo, Emilio González Parvesio) se enfrentan a la acusación de la Fiscalía por la construcción del pabellón de La Herradura en terreno no urbanizable de protección de cultivos considerado por el Plan General de Ordenación Urbana de Almuñécar como zona de alta rentabilidad agrícola y alto valor paisajístico. El Ministerio Fiscal solicita dos años de cárcel y diez de inhabilitación para empleo o cargo público por la comisión de un supuesto delito contra la ordenación del territorio.

Además recoge que la Fiscalía ha denunciado al alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez, como presunto autor de uno o varios delitos de prevaricación administrativa y urbanística en la construcción de la Urbanización Medina Elvira Residencial (3.500 viviendas) y un campo de golf anexo a la misma, además de la construcción de una estación depuradora en el anejo de Caparacena y otras obras que afectan a las infraestructuras de la zona, en la que también está previsto un hotel.

También dice que el ladrillo ha conquistado la costa granadina en la última década. Y las nuevas construcciones no han respetado los cauces naturales del agua continental. «Sólo en Almuñécar, la Delegación de Medio Ambiente de la Junta ha abierto una decena de expedientes sancionadores en los últimos tres años por la invasión de la servidumbre de protección o de tránsito y dominio público marítimo terrestre. El pasado mes de septiembre cayeron 180 litros/m2 de lluvia y, desgraciadamente, la naturaleza reclamó, causando la pérdida de una vida humana, el dominio que había sido invadido por el urbanismo salvaje», afirma.

Todo un desastre

Los ecologistas añaden que «el desaforado urbanismo impulsado por el Consistorio explica buena parte de este desastre. La Junta ha impugnado desde el año 2000 al menos 54 acuerdos urbanísticos del Ayuntamiento. El atasco de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha demorado las sentencias durante años y produce un efecto de hechos consumados, similar al de Marbella.

De los 54 casos, 14 impugnaciones cuentan con sentencia a favor de las tesis de la Junta y en 12 ocasiones el tribunal las ha rechazado. La mayoría de las impugnaciones afectan a licencias municipales concedidas por el Ayuntamiento en el último lustro y afectan a un total de 643 viviendas, seis hoteles y un pabellón deportivo. Entre ellas destaca una promoción de 144 viviendas en El Peñón del Lobo.
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