TRIBUNA
Ahora más políticas sociales
29.06.08 -
DEBO reconocer que me asaltó la duda sobre la conveniencia o no de usar el término 'crisis'para definir aquellas situaciones de escasez, carestía, dificultades y complicaciones por las que están pasando las personas con menos recursos.
En mi opinión, al margen del significado 'técnico-económico' de la ampliamente manoseada y arrojadiza palabra, también debemos entender crisis desde el punto de vista del proyecto de vida de las personas y la incertidumbre que les genera no saber cómo enfrentarse al día a día.
Dicen que no hay enfermedades sino enfermos, igual pasa con las crisis. Ante igual situación económica en el país, a algunas personas les puede suponer una enfermedad muy grave, a otras grave y a otras leve. Nosotros estamos reforzando nuestras políticas sociales precisamente para atender, especialmente, a los que la actual situación económica les supone una 'grave enfermedad'.
Nos encontramos ante una situación de «frenazo importante» de la economía, tal como ha manifestado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Ante esta realidad es necesario que el Estado juegue un doble papel, de un lado adoptando medidas de impulso económico, y de otro protegiendo a las personas más vulnerables y con menor renta.
En este sentido el Gobierno Socialista ha venido poniendo en práctica una serie de decisiones, muchas de ellas aprobadas en la anterior legislatura o al inicio de esta y otras que han sido recientemente anunciadas para desarrollarse este año y en los próximos, como son entre otras:
-Las ayudas a las familias con hipotecas, que entró en vigor en mayo y que ha permitido que más de 350 familias hayan ampliado un crédito hipotecario para reducir la cuota de pago mensual a coste cero.
-La deducción de 400 euros anuales en el IRPF de los asalariados, pensionistas y autónomos, que beneficiará a más de 273.000 granadinos que a partir del mes de junio van a recibir en sus nóminas la primera deducción.
-El Plan de Recolocación de las Trabajadoras y Trabajadores Desempleados, que entrará en vigor en septiembre e incluirá medidas como la contratación de orientadores laborales; ayudas de 350 euros mensuales para la búsqueda de empleo; o ayudas para personas desempleadas cuya contratación implique movilidad geográfica.
-La aceleración de la licitación de la obra pública que había supuesto en abril un incremento del 64% respecto a la misma fecha del pasado año.
-La aceleración de las devoluciones del IVA para las Pequeñas y Medianas Empresas -PYMEs-. La ampliación de la línea de avales del Tesoro para la utilización de los créditos a las PYMEs. La flexibilización del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades de las empresas.
-El apoyo a los colectivos más afectados por el alza de los combustibles.
-El aumento de la oferta de VPO, facilitando a las Comunidades Autónomas la posibilidad de acordar con el sector privado la transformación de vivienda libre en VPO. El estímulo a la financiación de vivienda protegida. La mejora en el tratamiento fiscal de las rehabilitaciones de edificios.
Por otra parte, mantendremos nuestros compromisos con las políticas de protección social, que se verán reforzadas para proteger a aquellas personas que puedan encontrarse en situaciones de especial dificultad o estrechez económica.
Medidas como el incremento del salario mínimo; la protección por desempleo; planes de empleabilidad para parados de más de 45 años, mujeres o personas con discapacidad; el incremento de las pensiones mínimas; la atención a las personas en situación de dependencia, repercutirán directamente en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Es relevante destacar la importancia que el Gobierno otorga al Diálogo Social, como una garantía de que las medidas a adoptar en materia laboral y de protección social se harán en el ámbito de la Concertación Social. La reunión mantenida recientemente por el Presidente del Gobierno y los Interlocutores Sociales, UGT, CCOO y CEOE-Cepyme así lo han puesto de manifiesto.
En mi opinión, al margen del significado 'técnico-económico' de la ampliamente manoseada y arrojadiza palabra, también debemos entender crisis desde el punto de vista del proyecto de vida de las personas y la incertidumbre que les genera no saber cómo enfrentarse al día a día.
Dicen que no hay enfermedades sino enfermos, igual pasa con las crisis. Ante igual situación económica en el país, a algunas personas les puede suponer una enfermedad muy grave, a otras grave y a otras leve. Nosotros estamos reforzando nuestras políticas sociales precisamente para atender, especialmente, a los que la actual situación económica les supone una 'grave enfermedad'.
Nos encontramos ante una situación de «frenazo importante» de la economía, tal como ha manifestado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Ante esta realidad es necesario que el Estado juegue un doble papel, de un lado adoptando medidas de impulso económico, y de otro protegiendo a las personas más vulnerables y con menor renta.
En este sentido el Gobierno Socialista ha venido poniendo en práctica una serie de decisiones, muchas de ellas aprobadas en la anterior legislatura o al inicio de esta y otras que han sido recientemente anunciadas para desarrollarse este año y en los próximos, como son entre otras:
-Las ayudas a las familias con hipotecas, que entró en vigor en mayo y que ha permitido que más de 350 familias hayan ampliado un crédito hipotecario para reducir la cuota de pago mensual a coste cero.
-La deducción de 400 euros anuales en el IRPF de los asalariados, pensionistas y autónomos, que beneficiará a más de 273.000 granadinos que a partir del mes de junio van a recibir en sus nóminas la primera deducción.
-El Plan de Recolocación de las Trabajadoras y Trabajadores Desempleados, que entrará en vigor en septiembre e incluirá medidas como la contratación de orientadores laborales; ayudas de 350 euros mensuales para la búsqueda de empleo; o ayudas para personas desempleadas cuya contratación implique movilidad geográfica.
-La aceleración de la licitación de la obra pública que había supuesto en abril un incremento del 64% respecto a la misma fecha del pasado año.
-La aceleración de las devoluciones del IVA para las Pequeñas y Medianas Empresas -PYMEs-. La ampliación de la línea de avales del Tesoro para la utilización de los créditos a las PYMEs. La flexibilización del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades de las empresas.
-El apoyo a los colectivos más afectados por el alza de los combustibles.
-El aumento de la oferta de VPO, facilitando a las Comunidades Autónomas la posibilidad de acordar con el sector privado la transformación de vivienda libre en VPO. El estímulo a la financiación de vivienda protegida. La mejora en el tratamiento fiscal de las rehabilitaciones de edificios.
Por otra parte, mantendremos nuestros compromisos con las políticas de protección social, que se verán reforzadas para proteger a aquellas personas que puedan encontrarse en situaciones de especial dificultad o estrechez económica.
Medidas como el incremento del salario mínimo; la protección por desempleo; planes de empleabilidad para parados de más de 45 años, mujeres o personas con discapacidad; el incremento de las pensiones mínimas; la atención a las personas en situación de dependencia, repercutirán directamente en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Es relevante destacar la importancia que el Gobierno otorga al Diálogo Social, como una garantía de que las medidas a adoptar en materia laboral y de protección social se harán en el ámbito de la Concertación Social. La reunión mantenida recientemente por el Presidente del Gobierno y los Interlocutores Sociales, UGT, CCOO y CEOE-Cepyme así lo han puesto de manifiesto.
