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TRIBUNA

Huelgas de alta presión

RAFAEL RUBIO

Domingo, 1 de junio 2008, 04:10

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LA huelga a la que ningún gobierno quiere enfrentarse es la huelga de los transportistas. Son cien conflictos en uno porque el colapso de los transportes afecta de manera directa o indirecta a la agricultura, a la industria y al sector servicios. Es, además, un conflicto de mucha visibilidad y que suele provocar una alta tensión en la sociedad.

Incubado en Europa, este conflicto está a punto de extenderse a España. De hecho, la concentración de pescadores en Madrid de este viernes para protestar por el alto coste del gasoil es el prólogo de lo que parece una huelga inevitable. El problema es que el Gobierno, en medio de un escenario económico cada vez más complicado, tiene pocas posibilidades de reacción. El gasoil en España es uno de los menos gravados fiscalmente en Europa y la Unión Europea difícilmente permite que se concedan subvenciones a determinados colectivos sin una justificación muy especial.

En esta coyuntura parece que la estrategia del Gobierno es aguantar el chaparrón y permitir que los precios alcancen el nivel que les corresponde de acuerdo con la situación del mercado y los costes de producción. Sabe bien que cualquier excepción con un sector determinado sería reivindicada de manera inmediata por muchos otros y al ritmo que está subiendo el precio del petróleo resultaría imposible atender las demandas. Esa actitud es la que le ha llevado al Gobierno, a mostrarse dispuesto a aprobar una importante subida de precios, pese a su indudable efecto inflacionista.

Ni España ni Europa están por la labor de bajar el precio del gasoil del sector pesquero para permitir que los precios del pescado fresco se mantengan. Ni tampoco van a acudir en este caso a reducir o cortar las importaciones, que aportan un pescado fresco de menor precio. La apuesta es conceder ayudas para una reconversión del sector, lo que supondrá el desguace de muchos pesqueros con el consiguiente crecimiento del paro y unos precios más altos para los consumidores.

Con una oposición enzarzada en sus problemas internos, el Gobierno tiene más fácil aplicar una política con la que trata de poner punto final a la exuberancia vivida en los últimos años. Los precios han de volver a su nivel lógico y ello supondrá una bajada en los de la vivienda y un incremento de aquellos productos en los que para su producción o servicio sea importante el coste del petróleo. Lo malo es que esta política tiene el alto coste social del paro y la inflación.

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