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Visto lo visto, obtener una plaza en un centro escolar se ha puesto más difícil que encontrar un trabajo fijo en plena crisis económica. Las disputas por lograr la plaza apetecida han llevado presuntamente a numerosos padres a falsear datos esenciales en sus respectivas solicitudes, tales como el lugar de residencia o la cuantía de los ingresos económicos. Otros padres que se han visto perjudicados están realizando una labor de auténticos detectives para destapar los presuntos fraudes y conseguir que sus hijos puedan entrar en el colegio que les corresponde.

La polémica más fuerte está en el instituto Soto de Rojas, donde un grupo de padres se queja de presuntas situaciones de fraude en las que han podido incurrir familias que sí han logrado por ahora entrar en las listas de admitidos.

Los padres que se han considerado perjudicados recurrieron en su momento ante la comisión de escolarización del centro, que ha ratificado los resultados anteriores y ha confirmado las puntuaciones.

En particular, el presidente del Consejo Escolar del Soto de Rojas, Antonio Peña Carrillo, ha afirmado que la adjudicación de puntos se ha realizado conforme a los baremos oficiales de la Junta de Andalucía, y ha negado en particular que se haya producido «chanchullo» alguno en todo este proceso.

Los padres perjudicados se quejan de que la comisión de escolarización no ha investigado la veracidad de los documentos de muchos padres que han salido beneficiados.

Pongamos un ejemplo meramente hipotético: una familia que reside en una localidad del Área Metropolitana se censa en el domicilio de un familiar que vive en la capital. No ocupa ese domicilio, pero ante el censo consta que sí. Ésa es una de las presuntas artimañas.

Los padres perjudicados se quejan de que la comisión de escolarización no ha verificado si lo que figura en el censo es real o es ficticio. «Se podrían haber cruzado los datos del empadronamiento con los datos de otros organismos, como el Servicio Andaluz de Salud, la Agencia Tributaria o la Tesorería de la Seguridad Social, pero no se ha hecho», denuncian estos padres.

«Lamentablemente, la Administración educativa no ha utilizado todos los medios a su alcance para atajar estas irregularidades», dicen.

Acciones

Por ello, las familias perjudicadas han planificado una serie de acciones. Esta misma semana piensan interponer recurso ante la Consejería de Educación contra las listas de admitidos y van a pedir que la Administración cruce sus datos con los que obran en poder de otras instancias oficiales.

Además, los padres del Colegio Público Sierra Nevada -situado junto al Soto de Rojas- que creen que se han visto perjudicados van a iniciar movilizaciones para pedir que el Soto de Rojas consolide su cuarta línea, lo cual daría cabida a más alumnos. «Es la única solución para que treinta niños que se han quedado fuera tengan la posibilidad de estudiar en el instituto que habían elegido».

Al no haber sido admitidos, sus hijos tendrán que cursar sus estudios en otros centros educativos diferentes del que habían solicitado, que es el más próximo a su lugar de residencia.

Además de esto, hay padres que ya están preparando un informe con todo lo ocurrido para presentarlo ante la Fiscalía de Granada. Su pretensión es la de que el Ministerio Público determine si los padres que presuntamente han cometido irregularidades han podido incurrir en delito de falsedad de documento privado.

Otra de las pretensiones con esta denuncia ante la Fiscalía de Granada es la de que se aclare si la comisión de escolarización ha podido cometer presuntamente un delito de prevaricación.

Labor detectivesca

En concreto, hay padres que, cámara de fotos en mano, han fotografiado los buzones de las familias que presuntamente han incurrido en anomalías. Según dicen, los nombres de estos padres no aparecen en los buzones de las casas en las que dicen vivir.

En línea con esta labor detectivesca, también han investigado por Internet las direcciones de los padres presuntamente defraudadores que aparecen en la guía telefónica, que no se corresponden con las que constan en el censo.

«Tenemos confirmados al menos ocho casos de familias que no viven donde dicen vivir. No es justo que familias que viven fuera de Granada gocen de plaza en el Soto de Rojas mientras los que estamos más próximos nos hemos quedado fuera y tenemos que mandar a nuestros hijos a otros institutos», manifestó a este diario uno de los padres perjudicados.

rafalopez@ideal.es