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EL caso de Mari Luz, la niña recientemente asesinada, no ha quedado, como otros desdichados acontecimientos de este tipo, en un mero asunto criminal que ha tocado la sensibilidad de la ciudadanía. Como es sabido, una serie de irregularidades en la administración de justicia han dejado en una situación inverosímil de libertad a su presunto asesino. Los jueces echan la culpa a la falta de medios, la Junta de Andalucía al juez Toda esta polémica ha generado informaciones en los medios sobre las sentencias firmes sin cumplir que se acumulan en los juzgados de lo penal, lo que se ha mezclado con las noticias sobre una huelga de funcionarios de justicia y, en Granada, con el juicio en estos días pasados a una jueza por su responsabilidad en la no excarcelación a su debido tiempo de un preso, lo que ha hecho insinuar a la inculpada que, comparado con lo de Mari Luz, lo suyo es un descuido menor. La ex-jueza se ha quejado de la falta de medios con que trabajan los responsables de impartir justicia, aunque en algunos círculos judiciales, sin descartar aquello, se critica la desidia de algunos tribunales en poner al día su trabajo.

¿Qué ha pasado? ¿Es que de pronto ha dejado de funcionar de forma eficiente la administración de justicia? ¿O es que ahora ha asomado la patita al monstruo que teníamos encerrado? Porque en otro orden, que no es el únicamente el penal, todo el mundo sabe que la justicia española, con sus excepciones, es lenta; que las sentencias llegan muchas veces cuando ya no tienen efectividad alguna; que una de las cosas que mas impide la cultura del alquiler de viviendas es la posibilidad que contempla el propietario de que un inquilino que no pague le haga meterse en un procedimiento judicial de años en los que no puede disponer de la vivienda, ni al final cobrar porque todo el mundo se declara insolvente en cuanto le conviene; que muchos acreedores terminan aceptando el chantaje del deudor de aminorar el importe de lo debido ante el temor a meterse en ese mundo intrincado de la justicia en el que el tiempo volatiliza los derechos teóricos Todos sabemos por otra parte que en España se promulgan y reforman muchas leyes ante la indiferencia de la ciudadanía que, en la mayoría de los casos, no esperan que nadie vigile su cumplimiento. En definitiva, los derechos subjetivos se diluyen, no hay seguridad en el cumplimiento de la ley y no nos sentimos del todo amparados por el Estado de los delincuentes y mafiosos que campan, a veces, a sus anchas. Por si fuera poco, los que debieran ser garantes máximos del buen funcionamiento de la justicia, como son el Tribunal Constitucional y el Consejo del Poder Judicial, están en permanente sospecha de politización que es tanto como decir de parcialidad ante los intereses de los grandes partidos políticos que nombran a los que integran tan altas instituciones. Sin embargo hablamos de que vivimos en un Estado de Derecho y oímos a los políticos inflar la voz y sacar pecho cuando invocan esta mágica palabra.

Resulta curioso repasar los nombres de los ministros de justicia que ha habido en España, tanto en nuestra etapa democrática, como incluso en la dictadura franquista. Porque la mayoría, y no es el caso del que ahora termina su mandato, han sido personas que han gozado en su época de gran prestigio y autoridad política. Sin embargo, salvo parciales y modestas aportaciones, nadie ha acometido una auténtica modernización y reforma de la administración de justicia que ha funcionado siempre, y lo sigue haciendo, con retraso frente a la modernización de otras administraciones. Las reformas han consistido generalmente en hacer nuevas leyes sobre procedimientos que luego han seguido siendo víctimas de la misma lentitud y corruptelas.

¿Es el momento de acometer una ambiciosa reforma de la administración de justicia? Se podría pensar que con la actual crisis económica el momento resulta poco propicio para acometer tan vasta empresa. Sin embargo hay razones serias y objetivas para pensar lo contrario. Una de ellas, y no menor, es que un eficiente funcionamiento de la justicia crea una amplia seguridad jurídica que es uno de los pilares en los que se asienta cualquier iniciativa de desarrollo económico. Lo que puede completarse diciendo que también la seguridad jurídica es la base del desarrollo social. Pero además estimo que una justicia eficaz incrementaría solo en un primer momento el número de asuntos judiciales, que después bajaría espectacularmente, por aquello de que las obligaciones se respetan mas cuando conocemos la sanción que se nos puede venir encima por incumplirlas.

Por tanto estimo que el caso Mari Luz y sus secuelas debieran aprovecharse por los gobiernos central y autonómicos para plantearse con toda seriedad este reto que tiene España desde hace tanto tiempo y que ya, como se ve, resulta tan escandaloso. Todo no se puede quedar en que sancionen a algún juez, secretario o funcionario judicial dentro de no sabemos cuanto tiempo. Si eso hay que hacerlo que se haga. Pero aprovechemos el revuelo formado para asegurar una administración de justicia eficiente, segura, rápida, imparcial, sin politización, que nos asegure a los españoles que estamos de veras en un estado civilizado, en un verdadero Estado de Derecho en el que la seguridad y derechos subjetivos estén garantizados hasta donde sea posible en una sociedad que presume de ser una nación avanzada y uno de los países mas desarrollados del mundo.