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GRANADA

«Tengo más de cien presos; no puedo estar comprobando su situación uno por uno»

La jueza de Motril expulsada por el CGPJ achaca el error de dejar 437 días en prisión a un hombre absuelto a terceros y alega que no constaba en el registro y que nadie le informó

R. MENDOZA

Jueves, 3 de abril 2008, 15:04

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Documentos firmados sin ser leídos, registros paralelos en 'libretitas' personales e intransferibles, programas informáticos en manos de un juez que dice no manejarlos bien, personas que son enviadas a prisión sin que a nadie le conste -ni al ordenador- y comunicaciones de tú a tú, cuando no en notas adhesivas. La imagen del funcionamiento del juzgado de lo Penal número 1 de Motril transmitida ayer durante el juicio celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en contra de la jueza titular fue, cuanto menos, inquietante. Tanto como el error que la sentó ayer en el banquillo: dejar en prisión durante más de un año a un hombre que ella absolvió.

Para la Fiscalía, este error es más que eso: constituye un delito de vulneración de derechos fundamentales y considera que Adelina Entrena es responsable del mismo. Y por ello solicita que sea condenada a un año y tres meses de suspensión de empleo o cargo público, además del pago de una indemnización de más de 75.000 euros. Esto se sumaría al castigo ya impuesto en la vía disciplinaria: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió expulsarla definitivamente de la carrera judicial en noviembre de 2007.

Argumentos

Pero Entrena, que dijo estar en tratamiento psiquiátrico por depresión y sufrir hipertensión, no tira la toalla y ayer se defendió. Ha recurrido la citada resolución del CGPJ y ayer, en el terreno penal, no asumió su culpa en ningún momento de su declaración. ¿Su argumento básico? Desconocía que el procesado estaba en prisión porque nadie se lo dijo y no estaba anotado en el libro donde se lleva el control. «Por eso yo no soy culpable del daño», dijo. Si lo fuese, «no tendría palabras de perdón», añadió. Éste fue su alegato principal y en torno a él giró toda su declaración. Pero no fue el único.

Atribuyó errores y responsabilidades a los funcionarios y a la secretaria del juzgado. Tanto fue así que el magistrado presidente, Augusto Méndez de Lugo, le pidió que se ciñera a su actuación y no a la de terceras personas que no están acusadas. Hasta llegó a usar la expresión «echar balones fuera».

Exceso de trabajo

Entrena también culpó del algún modo al exceso de carga de trabajo cuando la acusación pidió explicaciones de su falta de control. «Puedo tener más de cien presos y no puedo estar comprobando su situación uno por uno», se quejó.

José Campoy -procesado y víctima- fue presentado en el juicio con grilletes. Era evidente que procedía de prisión. Pero Entrena alegó que «había vuelto de una baja» y que pensó que estaba cumpliendo condena «por otra causa». Para justificar esta afirmación sostuvo que «es un delincuente de la casa, conocido por todos».

Así negó, en contra de lo declarado ayer por la secretaria, que ésta le explicase antes del juicio que el procesado ingresó en prisión para asegurar su asistencia al juicio, después de no haberse presentado en cuatro ocasiones.

El nombre del procesado tampoco fue anotado en el libro de registro de presos preventivos. No por descuido sino, tal y como declaró ayer la secretaria, porque no era el proceder habitual. Eso sí, sí dijo haberlo anotado en el registro informático. Pero la jueza, por otro lado, asumió que «no maneja correctamente el programa».

Así, concluyó que no tenía forma de saber que Campoy estaba en prisión cuando dictó sentencia absolutoria y ordenó ejecutarla y notificarla, en la creencia de que el procesado estaba en libertad. Eso sí, no terminó su declaración sin antes quejarse del «juicio paralelo» al que había sido sometida para terminar afirmando que, en su caso, se «cualquier delincuente tenía mejor trato que el que ha tenido una juez de 18 años de carrera como ella».

La víctima del entuerto se limitó a repetir en su declaración ante el tribunal que «nadie le dijo nada». Al terminar el juicio, fue conducido de nuevo a prisión. Y no supo nada más hasta que un funcionario le entregó una carta con la sentencia absolutoria en prisión. Eso sí, Campoy no la leyó porque no sabe ni leer ni escribir. Así pasó más de un año en prisión, donde dijo hasta «darse cabezazos contra la pared» por los nervios que sufría de no saber por qué estaba allí. Él creía que cumplía seis meses por una condena anterior. Pero pasó el tiempo y comenzó a preguntarse por su situación. Le pidió a su madre que preguntase en el juzgado. Y allí, según declaró la mujer, le dijeron «que no constaba en el ordenador que Campoy estuviese en prisión». Ante tal contradicción, desistió. La defensa de este hombre pide 350.000 euros por los daños físicos y psíquicos sufridos. El juicio continúa hoy.

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