Quedan en libertad tres acusados de practicar abortos ilegales en Barcelona

El doctor Carlos Morín, su esposa y otra colaboradora ya se encuentran fuera de la prisión tras el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona que decreta su libertad. Los tres deberán personarse ante el juez cada quince días; además, Morín no podrá ejercer como médico.

La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona ha aceptado el recurso del abogado de Morín y ha decretado la libertad con cargos para el doctor, para su esposa María Luisa D.S., así como para María Virtudes S.V., trabajadora de una de las clínicas propiedad del principal encausado.

Según han informado fuentes judiciales, el doctor Morín no podrá ejercer su profesión ni tampoco entrar en alguna de las clínicas de su propiedad.

Casi dos meses encarcelados

Los tres permanecían en prisión provisional desde el pasado 30 de noviembre a raíz de la investigación de la supuesta trama de clínicas abortistas y están acusados de los presuntos delitos de aborto ilegal, asociación ilícita, intrusismo profesional y falsedad documental.

Otros dos imputados, los psiquiatras Pasqual Javier R.M. y Fernando Javier C.V., acusados de falsificar informes, continúan todavía en prisión tras ser detenidos el pasado diciembre en la segunda fase de la operación policial en contra de esta supuesta trama.

Esta red, dedicada supuestamente a la práctica de abortos ilegales, especialmente en mujeres en avanzado estado de gestación, fue descubierta a raíz de un reportaje de la televisión danesa y se investigó en España tras una querella presentada por E-cristians.

La actuación judicial despertó críticas de plataformas que apuestan por el derecho al aborto libre y gratuito y que denuncian el acoso policial a las clínicas abortistas. En el polo opuesto, la organización cristiana que presentó la demanda defiende que los abortos sólo se hagan en centros públicos, ya que cree que esta es la única garantía de que se cumpla la ley.

La investigación sigue en marcha

Según los datos que han trascendido, los abortos se practicaban en cuatro clínicas pertenecientes al grupo Ginemedex-TCB, propiedad de Morín, como TBC, Emece, Ginemedex y Fundación Morín, situadas en el barrio Tres Torres de Barcelona.

La querella presentada en su día por e-Cristians señala a Morín, que ya había sido investigado por el Departamento de Salud, en la cúspide de esta trama ilegal, en la que supuestamente se falseaban historiales médicos para dar apariencia de legalidad a abortos que quedaban fuera de los supuestos previstos por la ley, a cambio de importantes sumas de dinero.

El Código Penal contempla que el aborto fuera de los casos permitidos (riesgo para la salud física o psíquica de la madre, malformaciones graves o embarazo por violación) será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación para ejercer cualquier profesión sanitaria o para prestar servicios en clínicas y consultorios ginecológicos durante un tiempo de uno a seis años.