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El primer gran juicio en Francia sobre una catástrofe ecológica ya tiene sentencia. El fallo es, además, ejemplar porque, por primera vez, un tribunal galo ha reconocida la existencia de un perjuicio ecológico causado por daños al medio ambiente. La justicia se ha posicionado, al fin, sobre las pérdidas provocadas por el buque Erika, que encalló en la costa bretona hace casi diez años, en 1999. Juristas, ecologistas y medios informativos han calificado el dictamen de ejemplarizante por las elevadas cuantías fijadas para las indemnizaciones, lo que, como era de esperar, ha provocado la satisfacción de los demandantes y el inmediato anuncio por parte de los denunciados de que recurrirán la decisión judicial.

La petrolera francesa Total, el armador Giuseppe Savarese, el administrador Antonio Pollara y la empresa de clasificación Rina fueron condenados al pago de 192 millones de euros en concepto de daños e intereses por el naufragio del buque. La compañía Total fue hallada, además, «culpable» de «imprudencia» y condenada a una multa de 375.000 euros por el hundimiento de la nave, un accidente que provocó una gigantesca marea negra frente a la costa atlántica francesa.

Una tempestad provocó el naufragio del 'Erika' el 12 de diciembre de 1999. El buque, de pabellón francés, vertió a las aguas del Golfo de Vizcaya 20.000 toneladas de fuel. La marea negra, una de las peores de la historia de Francia, afectó a 400 kilómetros de litoral y provocó la muerte de unas 150.000 aves, según estimaciones aceptadas como buenas. El monto de las indemnizaciones está muy lejos de los mil millones de euros reclamados por las 101 partes civiles personadas en la causa, muchas de cuyas demandas se rechazaron.

Negligencias

El armador y el administrador del 'Erika', ambos de nacionalidad italiana, fueron declarados «culpables» de una «falta caracterizada» y sentenciados a una multa de 75.000 euros por el Tribunal Correccional de París. El capitán indio del petrolero, Karun Mathur, fue absuelto, lo mismo que cuatro miembros de los servicios de emergencia y tres militares de la Prefectura marítima de Brest, que comparecieron acusados de «negligencia».

El principal beneficiario, de una u otra manera, será el Estado francés, que percibirá 154 de los 192 fijados como indemnizaciones. Los pagos más altos irán a parar al departamento de Loire-Atlantique, que percibirá 4,3 millones; la región de Bretaña, que tiene derecho a 2,57 millones; y el departamento de Morbihan, que será compensado con 2,1 millones.

Los abogados de la petrolera dijeron que su cliente se limitó a alquilar el barco y que las inspecciones estaban en regla, por lo que la compañía no podía ser considerada culpable de la corrosión. La sentencia afirma, sin embargo, que el armador y el gestor de la nave fueron «negligentes» en su mantenimiento porque estaban obligados a conocer el estado de la nave y el riesgo que corrían al utilizarla.