GRANADA
La Justicia manda tumbar un chalé edificado en una zona de dólmenes
Los propietarios del inmueble ilegal aceptan sendas condenas de un año de cárcel, pero no la demolición Penas de prisión para los albañiles que hicieron la casa
08.12.07 -
PARAJE PROTEGIDO. Vista general de la zona de Montefrío donde se originó el pleito. / CHAPA
La pareja aceptó que cometió un delito, pero se opuso, sin éxito, a la eliminación del producto de ese delito: una vivienda unifamiliar de dos plantas de altura construida sobre 339 metros cuadrados del paraje de la Peña de los Gitanos, en Montefrío, un terreno «calificado como de especial protección arqueológica». En aquella zona se han hallado dólmenes y decenas de enterramientos del neolítico -las tumbas tienen la consideración de Bien de Interés Cultural-. Una joya del pasado incompatible con el 'ladrillo'.
Poder disuasorio
El argumento de los acusados es contradictorio, pero de uso corriente. En términos coloquiales, la filosofía que alimenta ese discurso puede resumirse de la siguiente forma: 'vale, la casa -o el centro comercial o lo que sea- nunca debería haberse levantado ahí, pero ya que está, la dejamos...' Y ahí se agarran los grandes y los pequeños constructores.
Lo que ocurre es que cada vez es más complicado que 'cuele'. La proliferación de los abusos urbanísticos y el rechazo social que generan, han animado a los fiscales andaluces de Medio Ambiente, entre ellos, el de Granada, a solicitar sistemáticamente a los jueces la demolición de los inmuebles ilegales, es decir, el 'borrado' del delito. Y los jueces están accediendo. La Justicia está convencida de que el poder disuasorio de esa medida es la mejor vacuna contra los excesos del 'ladrillo'.
La prueba es que los infractores, como ocurre en este caso, no tienen problemas en reconocerse culpables y aceptar penas de cárcel, pero se oponen a la demolición: parece que, efectivamente, es ahí donde más duele.
Decretos municipales
En este sentido, la pareja de Montefrío que promovió la construcción del chalé en terreno protegido -y salpicado de yacimientos arqueológicos-, se conformó, sin necesidad de juicio, con sendas condenas de seis meses de presidio por la comisión de un delito contra la ordenación del territorio, y otros seis meses de reclusión por desobediencia para cada uno.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso IDEAL, el Ayuntamiento de Montefrío dictó dos decretos consecutivos -y hay constancia de que los hizo llegar a los destinatarios- en los que exigía la paralización inmediata de las obras por su manifiesta ilegalidad.
A pesar de los avisos oficiales, los trabajos prosiguieron adelante. De hecho, el chalé «se ejecutó casi en su totalidad», reconoce la resolución judicial dictada por un tribunal de Loja.
La pareja pleiteó, no obstante, para evitar la demolición, pero el juez ha desechado la petición. El magistrado aclara que, dado el tamaño de la casa -y aunque el PGOU de Montefrío cambie-, «carecerá de cualquier posibilidad de legalización y habría de ser demolida prácticamente en dos terceras partes de su superficie».
Los albañiles contratados para levantar la vivienda también aceptaron sendas penas de seis meses de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio -se libraron del cargo de desobediencia-. Tampoco fue necesario en su caso que se celebrase la vista oral del juicio.
Además, no podrán ejercer su profesión durante el tiempo de condena.
carlosmoran@ideal.es
Poder disuasorio
El argumento de los acusados es contradictorio, pero de uso corriente. En términos coloquiales, la filosofía que alimenta ese discurso puede resumirse de la siguiente forma: 'vale, la casa -o el centro comercial o lo que sea- nunca debería haberse levantado ahí, pero ya que está, la dejamos...' Y ahí se agarran los grandes y los pequeños constructores.
Lo que ocurre es que cada vez es más complicado que 'cuele'. La proliferación de los abusos urbanísticos y el rechazo social que generan, han animado a los fiscales andaluces de Medio Ambiente, entre ellos, el de Granada, a solicitar sistemáticamente a los jueces la demolición de los inmuebles ilegales, es decir, el 'borrado' del delito. Y los jueces están accediendo. La Justicia está convencida de que el poder disuasorio de esa medida es la mejor vacuna contra los excesos del 'ladrillo'.
La prueba es que los infractores, como ocurre en este caso, no tienen problemas en reconocerse culpables y aceptar penas de cárcel, pero se oponen a la demolición: parece que, efectivamente, es ahí donde más duele.
Decretos municipales
En este sentido, la pareja de Montefrío que promovió la construcción del chalé en terreno protegido -y salpicado de yacimientos arqueológicos-, se conformó, sin necesidad de juicio, con sendas condenas de seis meses de presidio por la comisión de un delito contra la ordenación del territorio, y otros seis meses de reclusión por desobediencia para cada uno.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso IDEAL, el Ayuntamiento de Montefrío dictó dos decretos consecutivos -y hay constancia de que los hizo llegar a los destinatarios- en los que exigía la paralización inmediata de las obras por su manifiesta ilegalidad.
A pesar de los avisos oficiales, los trabajos prosiguieron adelante. De hecho, el chalé «se ejecutó casi en su totalidad», reconoce la resolución judicial dictada por un tribunal de Loja.
La pareja pleiteó, no obstante, para evitar la demolición, pero el juez ha desechado la petición. El magistrado aclara que, dado el tamaño de la casa -y aunque el PGOU de Montefrío cambie-, «carecerá de cualquier posibilidad de legalización y habría de ser demolida prácticamente en dos terceras partes de su superficie».
Los albañiles contratados para levantar la vivienda también aceptaron sendas penas de seis meses de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio -se libraron del cargo de desobediencia-. Tampoco fue necesario en su caso que se celebrase la vista oral del juicio.
Además, no podrán ejercer su profesión durante el tiempo de condena.
carlosmoran@ideal.es
