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La política cultural, la gran ausente

Repensar la financiación conlleva implicar al capital privado y, para ello, se ha de profundizar en el marco jurídico del mecenazgo

Patricia Gabeiras, doctora en Derecho de la Cultura. Máster en Corporate Finance y Banca de Inversión. Analista de Agenda Pública

Jueves, 17 de diciembre 2015, 10:18

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La política cultural suele ser la gran ausente del debate público y, cuando aparece, lo hace por lo general de manera muy parcial y caricaturizada, reduciéndose a aspectos muy concretos relacionados con la financiación. Es cierto que el apoyo económico público es vital para la supervivencia de las industrias culturales y que las mismas contribuyen no solo al desarrollo económico de un país, sino que resultan fundamentales para la salvaguarda y el fomento de la diversidad. En los últimos años se ha producido una drástica disminución de los recursos públicos para este fin. Así, además del descenso en los presupuestos autonómicos y locales, las ayudas directas gestionadas por la Secretaría de Estado de Cultura se han visto reducidas en los últimos años en un 35%, pasando de 1.226 millones de euros en el año 2009 a los 803 previstos en los Presupuestos Generales del Estado para 2016.

La disminución de los recursos para la cultura, pero también la conexión de las industrias culturales con otras áreas de Gobierno y la visión integradora que deriva de la convergencia tecnológica, hacen necesaria una rigurosa coordinación entre los diferentes departamentos ministeriales (léase también autonómicos o locales), con el fin de que, de manera conjunta, se consiga la mayor eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos puestos a disposición del fomento de la cultura.

En este contexto resulta necesario recuperar la vinculación de algunos sectores culturales con su faceta industrial. La omisión de esta perspectiva en las políticas públicas ha hecho que algunas manifestaciones artísticas hayan quedado desatendidas, como es el caso de los videojuegos o de la música popular. Una visión necesariamente integradora requiere repensar hoy las interacciones entre el audiovisual, la música y el videojuego, de modo que se establezcan líneas públicas de financiación más ambiciosas y, en general, con un enfoque más amplio. De este enfoque debería participar asimismo el reparto del denominado 1% cultural instituido por la Ley de Patrimonio Histórico.

Repensar la financiación conlleva implicar al capital privado en los objetivos culturales y, para ello, se ha de profundizar en el marco jurídico del mecenazgo, para que este sea eficaz y realista. Además, conviene introducir mejoras en la normativa de financiación empresarial, a fin de agilizar la financiación desintermediada y de garantizar un entorno seguro de inversión para el dinero privado, tal y como se está impulsando desde la Unión Europea a través del Programa Europa Creativa. Un entorno empresarial y cultural favorable requeriría, en fin, equiparar el IVA de los bienes y servicios culturales con el resto de países de la zona euro y, por lo tanto, reducirlo desde su actual tipo.

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