Así será la nueva normativa europea para proteger a los trabajadores más precarios

Un repartidor de comida a dimicilio./Archivo
Un repartidor de comida a dimicilio. / Archivo

Limitará el periodo de prueba a seis meses y prohibirá la exclusividad en los contratos por horas, entre otras garantías

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOSMadrid

A la llamada 'economía colaborativa' se le multiplican los problemas. A las recientes sentencias judiciales que fallan en contra de un modelo laboral cuando menos controvertido se sumará previsiblemente una nueva directiva de la Comisión Europea que busca de alguna forma regular estos nuevos empleos, en muchos de los casos considerados precarios, y mejorar también las condiciones de los trabajadores ocasionales o con contratos por horas y personal doméstico, que en la actualidad no están cubiertos por las normas comunitarias. Afectará a entre dos y tres millones de personas que tienen contratos no convencionales, según estimaciones de la CE.

Flexibilidad sí, pero también mayor protección. Esto es lo que defendió este jueves la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, durante la presentación en Bruselas de esta nueva propuesta -que actualiza una directiva que se remonta a 1991-, quien no obstante matizó que no van a prohibir este tipo de empleos. “La economía de hoy necesita contratos laborales flexibles pero la flexibilidad debe acompañarse con una protección mínima”, explicó Thyssen.

Así, la nueva normativa propone limitar el periodo de pruebas a seis meses para todos los empleos, salvo que haya una causa "objetiva" que justifique un periodo mayor o esté en el interés del trabajador, y prohíbe al empleador exigir exclusividad (de esta forma, los repartidores de comida a domicilio podrán servir a varias empresas o los conductores operar con más de una plataforma), salvo en casos justificados, como cuando el trabajador tiene información confidencial de la compañía. A su vez, establece que las personas con trabajo a demanda u horarios variables tienen derecho a saber “con un periodo de antelación razonable” cuándo se les puede pedir trabajar, por lo que no podrán exigirle disponibilidad total como ocurre muchas veces. Esto deberá ser definido por los Estados miembros y los agentes sociales. Además, cuando exista una vacante en un puesto más estable dentro de la empresa, el trabajador tendrá derecho a pedir ocuparla y el empresario estará obligado a dar una respuesta por escrito en un mes (tres meses en el caso de las pymes) y justificar los motivos en caso de que se la denieguen.

En definitiva, lo que pretende la Comisión es que los contratos se hagan de forma más transparente y sean más seguros y para ello exige que se incluya por escrito -o en formato digital- toda la información sobre las condiciones laborales (remuneración de horas extraordinarias, formación, datos del tiempo trabajado, institución de seguridad social donde se abonan las contribuciones, entre otros). Y que se haga ya desde el primer día de trabajo, frente al plazo actual de 60 días.

Las penalizaciones para las compañías que incumplan estas normas deberán ser decididas por cada Estado miembro, pero, para impulsar el cumplimiento y evitar que todos los problemas lleguen a los tribunales, Bruselas quiere que los países designen una autoridad administrativa para lidiar con el caso antes de acudir a la vía judicial.

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