El Gobierno avisa de que implantar la renta mínima elevaría un 20% los impuestos

El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal./Pedro Puente
El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal. / Pedro Puente

Nadal advierte que supondría “la quiebra de la Hacienda pública española” y cifra su coste entre 15.000 y 20.000 millones

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOSMadrid

Desde el principio el Gobierno se ha mostrado contrario a la propuesta de UGT y CC OO de implantar una prestación de ingresos mínimos en España. De hecho, el PP, junto con Ciudadanos, bloqueó lo que se convirtió en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) hasta en 19 ocasiones para que no llegara a debatirse en la mesa del Congreso, aunque sin éxito. Pero este martes todavía se ha opuesto con mayor rotundidad. Y lo hizo en boca del secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, durante su comparecencia en la Comisión de Empleo y Seguridad Social de la Cámara baja, donde se está abordando esta proposición de ley.

“Supondría la quiebra de la Hacienda pública española”, repitió en varias ocasiones Alberto Nadal, quien resaltó que su coste es “extremadamente elevado”, aumentaría alrededor de un 20% los impuestos de los españoles y podría poner en peligro la reducción del déficit y deuda públicos.

Entrando ya a analizar el impacto concreto que tendría en las cuentas, Nadal estimó que el coste de establecer esta nueva prestación -que sería no contributiva y que se pagaría vía Presupuestos- oscilaría entre los 15.000 y los 20.000 millones de euros, en la línea de lo que otros expertos han dicho anteriormente, como el presidente de la Airef, José Luis Escrivá, que lo cifró en unos 15.000 millones. A juicio de Nadal, “esto tendría un enorme impacto en el gasto público español”, ya que aumentaría el déficit hasta un 1,5% del PIB.

“De llegar al BOE tal y como se plantea en su fase inicial y sin tener en cuenta las enmiendas presentadas, produciría la quiebra de la Hacienda Pública española”, aseguró, ya que tendría un coste de entre el 1,5% y el 2% del PIB.

Y eso que el secretario de Estado advirtió que los cálculos están realizados teniendo en cuenta los datos de población constante, puesto que habría que estimar que este coste podría multiplicarse por dos o tres, puesto que defiende que al no exigir requisitos de una permanencia mínima en el país como residente (más allá de tener entre 18 y 65 años, una renta inferior al 75% del SMI y llevar 12 meses buscando empleo) generaría un “efecto llamada importante” para los ciudadanos de otros países de la UE que cuenten con un sistema de protección más restrictivo.

Subida del IVA

Para afrontar un gasto de unos 15.000 millones de euros, Nadal aseguró que habría que subir el tipo general del IVA en 6 puntos hasta el 27% o bien en 3 puntos los tres tipos actuales, incluidos los bienes de primera necesidad. Además, sería necesario elevar el IRPF una media del 20%, “una subida impositiva de un nivel tal, que volveríamos a los peores años de la crisis económica”, auguró.

Así, estimó que supondría duplicar el volumen total de los recursos públicos que se destinan a la protección social y que cifró en 8.400 millones, lo que representa un 0,75% del PIB y se sitúa -a su juicio- en la media europea. Y es más, calculó que el gasto, si se incluyeran las pensiones no contributivas y los complementos de mínimos, alcanzaría los 20.000 millones, el equivalente al 2% del PIB.

“Todo nuestro sistema público de pensiones, todo nuestro sistema de bienestar se vería en peligro, porque quienes pagan las contribuciones son los cotizantes”, sentenció, para puntualizar de nuevo que supondría la destrucción masiva de empleo, la contracción del PIB y la quiebra de la economía.

El secretario de Estado cargó en diferentes momentos de su intervención contra esta prestación de ingresos mínimos -compatible con todas las anteriores que hay- porque no exige edad, ni haber participado en el mercado laboral, ni actividad complementaria, lo que puede generar también “un efecto desincentivo”. Además, apuntó a que se inclina más por la competencia autonómica que estatal.

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