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Andalucía aplica las 35 horas en el sector público sin respaldo del Gobierno

Andalucía aplica las 35 horas en el sector público sin respaldo del Gobierno

La Junta ha interpretado como un "un gesto de buena voluntad" el aplazamiento de la reunión prevista para el próximo miércoles entre la Junta y el Gobierno que iba a abordar el asunto

EFE

Lunes, 16 de enero 2017, 16:56

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La Junta de Andalucía ha comenzado a aplicar desde hoy la jornada laboral de 35 horas semanales en el sector público, una medida consensuada con los sindicatos y respaldada por el Parlamento andaluz, aunque incierta ante un hipotético recurso por parte del Gobierno. No obstante, la Junta ha interpretado como un "un gesto de buena voluntad" el aplazamiento de la reunión prevista para el próximo miércoles de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Junta y el Gobierno, en la que se iba a abordar el contencioso de la jornada de 35 horas.

Sin embargo, la secretaria general del PP andaluz, Dolores López, considera que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha buscado "dinamitar" un posible acuerdo con el Gobierno central sobre la restitución de la jornada laboral de 35 horas a los empleados públicos con la "artimaña" de empezar a aplicarlo unos días antes de la reunión que estaba convocada. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Andalucía, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha informado de que el aplazamiento de la reunión le ha sido comunicado en conversación telefónica y que no se ha fijado, de momento, una nueva fecha.

La implantación de la jornada laboral de 35 horas para unos 260.000 empleados deja en suspenso la decisión del Gobierno que la aumentó a 37,5 horas en 2012 en toda España para hacer frente a la crisis económica. Según Montero, la reducción de jornada supone una "oportunidad laboral" porque puede generar entre 7.000 y 10.000 empleos y ha garantizado que la Junta dispone de la suficiencia financiera adecuada y plenas competencias para regular en materia de jornada laboral de su personal, como establece el Estatuto Básico del Empleado Público.

Asimismo, antes de implantar esta medida, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó un decreto ley que convalidó el Parlamento el pasado noviembre, con los votos del PSOE, Podemos e IU y la abstención del PP y Ciudadanos. Con carácter general, la medida supondrá trabajar dos horas y media menos a la semana; en el ámbito sanitario se modifican los cómputos anuales de cada turno, de modo que el nocturno pasa a 1.450 horas anuales, el rotatorio a 1.483 y el diurno de 1.645 a 1.540, es decir, 105 horas menos.

En el ámbito educativo, aunque se aplica para el personal de administración, la disminución de las horas lectivas de los docentes se hará efectiva a partir de septiembre, con el comienzo del nuevo curso escolar, para no "perjudicar" a los alumnos, tal y como se acordó en su momento, ha recordado la consejera. Para cubrir los huecos que supone la reducción de la jornada, los sindicatos han anunciado que reclamarán ofertas extraordinarias de empleo, aunque esperarán al resultado de la reunión de la Junta con el Gobierno sobre este asunto.

Una pérdida de 15.000 puestos de trabajo

La Federación de Servicios Público de la UGT-Andalucía y la de administración pública de UGT calculan que con las 35 horas y con otras medidas de recorte de empleo público se han perdido unos 15.000 puestos de trabajo en los últimos seis o siete años. Ambos sindicaos y el CSIF han pedido al Gobierno que no recurra esta medida en Andalucía, al igual que hizo con una iniciativa similar en otras comunidades que se han visto obligadas a paralizarla por decisión del Tribunal Supremo.

Podemos Andalucía aa expresado su apoyo a esta iniciativa, aunque ha mostrado su temor a que la medida se quede en "un farol" de Susana Díaz "al tratarse de un decreto con desarrollo incompleto e insuficiente". El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha mostrado su deseo de que la recuperación de la jornada laboral "no tenga marcha atrás" y ha señalado que "sería buena su aplicación general" y que tuviera un efecto "contagio" en otros territorios. Esta iniciativa forma parte del compromiso del Gobierno andaluz de recuperar progresivamente todos los derechos suspendidos a los empleados públicos con motivo de la crisis económica con un horizonte temporal que coincide con esta legislatura.

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