Luces y sombras una década después del inicio de la crisis

Cientos de contenedores con mercancías en el puerto de Barcelona./Quique García (Efe)
Cientos de contenedores con mercancías en el puerto de Barcelona. / Quique García (Efe)

En 2017 se volvió al nivel de renta previo a la recesión, pero hay el doble de paro y la gente en riesgo de exclusión es mayor

David Valera
DAVID VALERAMadrid

Los álbumes de fotos sirven para guardar recuerdos de momentos concretos que con el paso de los años sirven para ver y repasar la evolución vital de una persona. Con la economía pasa algo similar. La foto de la España de 2007, antes de la crisis, era la de un país que creció al 3,8% y con una tasa de paro del 8,6%. Un aumento del PIB basado en la burbuja inmobiliaria y con un déficit comercial de 100.000 millones. En esa foto también se vería unas cuentas públicas con superávit y una deuda pública moderada del 36%, pero con una elevada deuda privada (de empresas y familias). Al año siguiente, el álbum mostraría el comienzo de una crisis que una década después todavía no se ha cerrado y que ha provocado importantes cambios económicos, además de laborales, sociales y políticos.

Pero ¿ha salido España de la crisis? Para ello hay que comparar la foto de 2017 con la de hace diez años para analizar una recuperación con algunas luces como el buen ritmo de crecimiento del PIB, el fortalecimiento del sector exterior o la ganancia de competitividad, pero que tiene todavía muchas sombras en forma de desempleo, pérdida de poder adquisitivo para trabajadores y pensionistas y abultado pasivo.

España cerró el año pasado con un crecimiento del 3,1%, según adelantó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. De esta forma, la economía encadena tres años por encima del 3%, lo que le permitió recuperar el año pasado el nivel de PIB previo a la crisis. El propio Rajoy mostró hace unos días su optimismo respecto al futuro al asegurar que España puede afrontar «la etapa expansiva más larga de la historia». Pero los elementos de ese crecimiento no son iguales a los de hace una década. «La composición del PIB es más sana. Hay una aportación positiva del sector exterior», señala María Jesús Fernández, economista del departamento de coyuntura y estadística de Funcas. De hecho, esta experta destaca el buen comportamiento de las exportaciones -están en cifras récord-, lo que ha permitido que a pesar del tirón del consumo y, por tanto, de las importaciones, el déficit comercial se haya reducido considerablemente respecto a los niveles precrisis (alrededor de un 80%). Asimismo, Fernández destaca como una señal de la mejora de competitividad de la economía el crecimiento de las exportaciones por encima del comercio mundial.

El turismo ha tomado el relevo de la construcción como uno de los grandes motores de la economía. Solo hay que ver cómo se ha disparado un 39% la llegada de turistas extranjeros en la última década. Así, en 2007 España recibía 59 millones de viajeros, por los 82 millones con los que cerró el año pasado. De hecho, el sector representa ya más del 11% del PIB.

La presión sobre la prima de riesgo

El pasado viernes la prima de riesgo logró situarse por debajo de los 100 puntos, un descenso que fue celebrado por el Gobierno, aunque hay que recordar que este índice acabó 2007 en los 14 enteros. Sin embargo, con el estallido de la crisis los mercados castigaron la deuda española hasta el punto de que la prima de riesgo llegó a alcanzar los 600 puntos en 2012, poco antes del rescate a la banca. Por contra, la rentabilidad del bono a 10 años está ahora más baja que hace una década. Se sitúa en el 1,5% frente al 4,4% de 2007 (aunque durante la crisis llegó a estar en el 7%). Este descenso se debe a la política de compras del BCE que ha permitido relajar la presión de los mercados sobre la deuda y ha beneficiado a países más vulnerables como España.

Sin embargo, no todos los indicadores económicos son tan positivos. Una de las grandes diferencias respecto a la situación de hace diez años se encuentra en el mercado laboral. La tasa de paro en el tercer trimestre de 2017 según la Encuesta de Población Activa (EPA) -último dato disponible- se situaba en el 16,4%. Es el doble que la registrada a finales de 2007 (8,6%). Asimismo, el número de ocupados se situaba en los 19 millones, frente a los 20,5 millones que llegó a haber hace una década. De hecho, el propio Gobierno se ha puesto como objetivo recuperar esa cifra en 2020.

Paradójicamente, la tasa de temporalidad de 2017 sí se sitúa por debajo de la de 2007 (27,4% frente a 30,9%). Aunque puede deberse en parte a que los niveles de empleo totales son todavía más bajos. De hecho, más del 90% de los nuevos contratos que se firmaron el año pasado fueron de carácter temporal.

Menos poder adquisitivo

Pero no sólo se ha destruido empleo, sino que los trabajadores han perdido un 7,2% de poder adquisitivo en este periodo. Y es que mientras los precios han crecido un 9,7% de media en esa década (a pesar de que en tres ejercicios la inflación media anual fue negativa) los salarios sólo se incrementaron un 2,5% de media. Hay que tener en cuenta que hasta la crisis la mayor parte de los convenios colectivos recogían una revalorización de los salarios en función de la inflación. Sin embargo, con la reforma laboral se favoreció desligar ambos índices.

«La recuperación se sostiene sobre una contención salarial que ha mejorado la competitividad», señala María Jesús Fernández. Una realidad de peores salarios que también se refleja en la pérdida de peso de las rentas del trabajo en el PIB, que ha pasado de ser un 49% antes de la crisis a un 47% en la actualidad. Por contra, esos dos puntos son los que han ganado las rentas empresariales, que pasan de un 41% a un 43%.

«El empleo que se ha creado es de sueldos más bajos. Esa devaluación salarial permite recupera competitividad, pero tiene efectos en la distribución de la riqueza», explica Pedro Aznar, profesor de Economía de Esade. En su opinión, tiene cierta lógica que los beneficios empresariales se recuperen antes que las rentas. Sin embargo, considera que es necesario abordar una revalorización salarial acorde con la recuperación económica actual.

La deuda pública se ha disparado en 750.000 millones desde 2007

Uno de los grandes cambios económicos en esta década está en las cuentas de las administraciones públicas. Y uno de los datos que mejor refleja la huella de la crisis está en el incremento espectacular de la deuda pública. De hecho, en 2007 el pasivo apenas representaba el 36% del PIB con 384.000 millones. En 2017, a falta de conocer los datos de cierre del ejercicio, se situará alrededor del 98% y superará los 1,13 billones. Es decir, un incremento de 750.000 millones del pasivo. Un alza que se ha producido por el déficit sistemático de las cuentas públicas registrado desde 2008 y que en el mejor de los casos acabará en 2020, según el plan de estabilidad del Gobierno.

Este aumento ha obligado a dedicar cada vez más dinero de los Presupuestos a pagar los intereses de la deuda. Así, en 2007 esta partida apenas representaba 15.925 millones y en las cuentas de 2017 se elevó hasta los 32.171 millones. En cualquier caso, el máximo se alcanzó en 2013 con 38.590 millones.

«Tenemos una deuda pública muy elevada que se va a reducir muy despacio», advierte María Jesús Fernández, economista del departamento de coyuntura y estadística de Funcas. La experta avisa de que este abultado pasivo es una vulnerabilidad para la economía en caso de que se produzcan nuevas turbulencias. Una opinión en la que también coinciden organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Comisión Europea. El Gobierno confía en que la deuda acelere su reducción en los próximos años. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el pasivo no disminuirá hasta el 60% del PIB que contempla la ley de estabilidad hasta el año 2035.

Además, a diferencia de otros países con un nivel de deuda mayor, como Italia, el peso de los acreedores extranjeros en España es muy superior (alrededor de la mitad). Y son estos inversores los primeros en cerrar el grifo en caso de incertidumbre como ya ocurrió en los peores momentos de la crisis.

Otro de los efectos de la crisis es el déficit público que España arrastra desde 2008. Y es que las cuentas en 2007 se cerraron con un superávit del 2% que pronto se transformó en un desfase de los ingresos y gastos que alcanzó el 11%. La previsión es que en 2017 se haya cerrado en el 3,1% y que este año se reduzca por debajo del 3% y España pueda salir del programa de déficit excesivo de la UE, lo que le permitirá una menor vigilancia de la Comisión Europea.

Gran parte del déficit se debe al desplome de los ingresos durante los peores momentos de la crisis (50.000 millones menos) por el frenazo del consumo. Sin embargo, el Gobierno espera que en 2017 la recaudación tributaria supere los 200.000 millones y se vuelva al nivel previo a la crisis -los datos se conocerán en marzo-. De hecho, todos los grandes tributos, salvo Sociedades, ya han recuperado el nivel de hace una década.

Y es que una de las consecuencias más preocupantes de la crisis tiene que ver con las personas en riesgo de pobreza y exclusión social. En España un 27,9% de la población se encontraba en esa situación en 2016, lo que supone 12,9 millones de personas, según datos del índice europeo Arope. Un nivel muy superior al 23,3% que había en 2007. Es cierto que esta tasa se ha reducido desde el máximo que alcanzó en 2014 con el 29,2%.

«La evolución macroeconómica indica que se va en la buena dirección. Hay aspectos del crecimiento más sanos, como el sector exterior o la menor endeudamiento de las familias», resume Aznar. Sin embargo, también advierte de la persistencia de retos que afrontar como cambiar el modelo productivo para no depender excesivamente de un sector como ocurrió antes de la crisis con la construcción y que ahora podría acabar siendo el turismo. También considera necesario mejorar la redistribución de la renta y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Precisamente, los pensionistas tampoco salen bien parados de esa foto comparativa. Y es que la reforma de 2013 desligó su revalorización de la inflación, lo que ha conllevado a una subida del 0,25% -el mínimo legal- durante cinco años. Por su parte, la inflación media en ese periodo fue del 2,5%, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo importante. Al mismo tiempo, la Seguridad Social arrastra un déficit de 18.000 millones y la hucha de las pensiones ha pasado de más de 60.000 millones a los 8.000 millones actuales, que se quedarán casi a cero este curso. De hecho, el sistema recibirá una inyección de 15.000 millones por parte del Tesoro este año. Por tanto, habrá que esperar unos años más para ver cómo evoluciona este álbum fotográfico.

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