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Rato facturó a empresas públicas y privatizadas pese a ser vicepresidente del Gobierno

Rato acude a la Audiencia Nacional.
Rato acude a la Audiencia Nacional. / Fernando Villar (EFE)
  • Una decena de ellas pagó a una sociedad «opaca» de su familia por servicios de publicidad aunque con ello podía incurrir en un conflicto de intereses mientras era ministro de Economía y luego director gerente del FMI

Rodrigo Rato no tuvo reparos en hacer negocios con empresas públicas o privatizadas hace poco tiempo mientras era ‘número dos’ del Gobierno, en lo que aparentemente podría suponer un claro conflicto de intereses. Lo dice la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) en su último informe sobre el patrimonio del expolítico metido a financiero y cuantifica en al menos 14 millones de euros el dinero que le ocultó en un espacio de 12 años (2004-2015). Para ello, recurrió a una sociedad denominada COR Comunicación que, según la Agencia Tributaria, nació en 1997 «de forma opaca» al haberse «ocultado su más relevante accionariado». El motivo, explican los inspectores de Hacienda que han revisado durante más de año y medio los entresijos financieros de Rato, es que «su plan era contratar servicios de publicidad con algunas de las principales empresas del país, las «gordas» según su propia familia.

Se trata, entre otras, de algunas compañías casi recién privatizadas o en proceso de estarlo como Endesa, Repsol, Retevisión, Telefónica, Tabacalera (ahora Altadis), Aldeasa y Logista, y precisamente en la decisión de desgajar varias de ellas del sector público participaría como ministro de Economía el propio Rato. «Muy especialmente» llamativo es el caso de Paradores de Turismo, apunta la ONIF, pues tanto su capital como su titularidad eran del Estado y dependía del Ministerio de Economía.

Así, por ejemplo, en 2002 la firma COR facturó 1,94 millones a Endesa, 452.531 euros a Paradores y 194.308 euros a Logista, entre otros contratos que también incluyen a compañías totalmente privadas como Prosegur, La Caixa y Banco Santander. En este último caso, además, la Agencia Tributaria sospecha que se pudo utilizar a la citada sociedad -proveedor de la entidad financiera de forma ininterrumpida entre 2004 y 2014- para disimular pagos al propio Rato. Desde 2008 a 2012 -las pesquisas del fisco se centran en los años no prescritos- Santander abonó a esa firma de la familia Rato una media «estable» de 108.000 euros anuales. En esos años el exministro fue por dos veces asesor del banco aunque lo dejó mientras presidió Bankia. Al salir de esta última las cantidades pagadas se disparon un 300 % (entre 2013 y 2015) pero no así los servicios prestados por COR, por lo que los inspectores señalan: «Estamos ante un negocio simulado para ocultar el verdadero que no es otro que la participación del señor Rato en el consejo asesor de Banco Santander».

Con ello, el expolítico quiso eludir tributar por IRPF (más costoso para él) sus emolumentos y hacerlo mediante una empresa interpuesta. Lo mismo hizo con el dinero que recibió de La Caixa y Telefónica (aquí, a través de la firma Kradonara) por sus labores de asesoría, evitando así de forma indebida el pago de casi dos millones de euros de los 5,4 millones que le reclama ahora el fisco.

Rato, desmentido

COR Comunicación no tenía una estructura propia para prestar los servicios publicitarios que ofrecía y por eso recurría a terceros. Según Hacienda, Rato habría decidido crearla para realizar actividades comerciales que en principio le impedía su cargo. Así ocurrió también mientras fue director gerente del Fondo Monetario Internacional, entre 2004 y 2007.

La familia Rato intentó «ocultar su auténtica titularidad» en COR recurriendo a aparentes testaferros que, según el fisco, eran colaboradores de sus empresas. Pero «las decisiones las toman en última instancia los hermanos Rato-Figaredo», sostienen los inspectores apoyados en el análisis de los documentos intervenidos al exministro y en el testimonio de sus empleados, entre ellos su exsecretaria personal Teresa Arellano.

Aun así, Rato declaró al juez que investiga su patrimonio que no fue dueño de COR hasta 2013 y que «anteriormente no tiene relación directa o indirecta con ella». Los hechos, sin embargo, parecen desmentirle pues en 1998 ya era administrada por una de sus empresas (Muinmo).