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El Gobierno retoma la reforma de las cooperativas de crédito comprometida con Bruselas

Restoy da una conferencia.
Restoy da una conferencia. / Sergio Barrenechea / EFE
  • Para evitar discrepancias a nivel local podría renunciar a grandes fusiones entre cajas rurales y su ‘bancarización’ posterior, pero quiere que creen un fondo para afrontar posibles riesgos y cubrir la quiebra de alguna si se produjera

La controvertida reforma de las cooperativas de crédito vuelve a salir del cajón de asuntos pendientes del Gobierno, con la intención de presentar –esta vez parece la definitiva tras los intentos fallidos de los últimos años– su reforma en el primer semestre de 2017. En Bruselas la esperan desde el otoño de 2012, pues fue uno de los compromisos que España asumió con la ‘troika’ (Banco Central Europeo, Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional) para el rescate de buena parte de las entidades financieras nacionales.

De hecho, en enero de 2014 el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunciaba en el Congreso su banderazo de salida que, en realidad, nunca a llegó a efectuarse en la práctica bajo el argumento de que continuaba «su estudio por los servicios técnicos». La realidad es que no era, y sigue sin serlo, un tema precisamente pacífico y levanta bastantes recelos a nivel local, tanto en la oposición como en el propio PP.

La idea inicial que manejaban en el Ministerio era impulsar las fusiones en un colectivo muy atomizado –cuenta con cerca de 60 entidades–, para posteriormente transformar en bancos los principales grupos que se formasen dejando a las pequeñas seguir como cajas rurales. Ese camino ya lo ha recorrido una de las más grandes. Cajamar, que representa el 39% de un sector que cuenta con casi 19.000 empleados, 4.645 oficinas, 2,76 millones de socios o cooperativistas, 5,9 millones de clientes y, además, tiene 132.000 millones de euros en activos.

Esa bancarización, que añadiría luego su salida a Bolsa en algunos casos, era el punto crítico del plan inicial de reforma, dado que en el sector la ven innecesaria. «Una cosa es que centralicemos más algunas áreas, tengamos un enfoque más operativo y reforcemos los fondos de insolvencias, y otra que renunciemos a un modelo histórico de probada solvencia y utilidad», apuntan desde algunas cajas rurales.

Similitudes con otros países

Alegan que, con una cuota de mercado del 7,5%, dan un servicio regionalizado «indispensable» tras la transformación de las cajas en bancos, «evitando así la exclusión financiera del mundo rural». Defienden, asimismo, que su modelo funciona sin grandes problemas en otros países de la UE como Francia (Crédit Agricole y Crédit Mutuel, por ejemplo), Alemania (coordinadas por la poderosa DGRV), Austria, Holanda, Finlandia e incluso Suiza.

En Economía, según fuentes gubernamentales, estarían ahora dispuestos a suavizar una reforma que el jueves demandó el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, «tomando como referencia las mejores prácticas de los países de nuestro entorno». Por eso De Guindos –que negociará con PSOE y Ciudadanos– podría renunciar a las grandes fusiones pretendidas si, al menos, se forman alianzas entre ellas –una especie de fusiones frías donde cada una conservaría su identidad local– para prevenir una crisis.

En esa misma línea el ministro maneja la idea de crear un fondo especial para que las cooperativas de crédito pudieran afrontar de forma conjunta posibles riesgos como, por ejemplo, la quiebra de una de ellas. El Gobierno no quiere que se repitan, aunque a menor escala, rescates como los del FROB ni que se vean afectados los clientes de estas entidades y las cajas rurales, que en muchos casos son también sus socios a través de las llamadas cuotas participativas que se han vendido de forma muy numerosa como si fueran prácticamente depósitos.

La referida Cajamar es el segundo mayor grupo entre las cooperativas de crédito agrupando a casi una treintena dentro del Banco de Crédito Social Cooperativo (BCSC), que a finales de 2014 ingresó en la patronal bancaria (AEB). El más importante es Caja Rural, pues representa el 41% de los activos de las cooperativas, con 2.355 oficinas y 8.100 empleados. El podio lo cierra Caja Laboral Popular, con una cuota del 17%. El resto son de un tamaño claramente reducido.