Las administraciones pagan ya en menos de un mes

El Gobierno presumió este viernes de que el plazo de pago de las administraciones públicas a sus proveedores se ha reducido un 35% en los dos últimos años, al pasar de los 41,7 días que se tardaba en el primer trimestre de 2012 hasta los 26,8 actuales. Lo hizo tras aprobar el Consejo de Ministros sendos decretos sobre la materia que, entre otras cosas, obligan al sector público a clarificar antes de octubre sus vencimientos.

A la luz de esos datos, el Ministerio de Hacienda comprobará qué comunidades autónomas y ayuntamientos se están retrasando en los pagos de facturas por encima de los 30 días previstos legalmente. En tal caso, podrá proceder a abonarlas para restar luego su importe del dinero que correspondería a esos entes según el sistema de financiación.

No obstante, antes de llegar a ese extremo se prevén una serie de mecanismos para apremiar a las administraciones morosas a dejar de serlo. Asimismo, y para evitar disparidad en la forma de calcular ese plazo, el Gobierno ha desarrollado una metodología común para todas. La idea de Hacienda es empezar a retener fondos para pagos de facturas a partir de octubre, abonando así todas aquellas emitidas después del 1 de enero que sufran retrasos.

Unificación de criterios

La información válida será la que obre en el registro contable creado con ocasión de la ley de impulso a la factura electrónica. El plazo de publicación de los datos de pago será mensual y se usará para ello la central de información económico-financiera de las administraciones, cuya creación también fue aprobada este viernes.

Según la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, con ello «se acabará con la dinámica de las facturas en el cajón». «Esa es la peor categoría de déficit público, algo denostable», añadió el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, quien anunció que la semana próxima se aprobará una reestructuración de los créditos del Fondo de Liquidez Autonómico, que en dos años han permitido el pago de 41.800 millones_de euros para ocho millones de facturas.

Además de ese importe, el Gobierno prevé liquidar otros 23.000 millones en facturas pendientes a lo largo de 2014, lo que permitirá superar la cifra de más de 200.000 reclamaciones de empresas atendidas durante los dos últimos años.