El Castell identifica y expulsa a la madre que amenazó de muerte a una árbitra

Una vez analizados los hechos y en reunión urgente celebrada ayer por la mañana, la junta directiva del club al que pertenecen estos padres se pronunció mediante un escrito. Escueto, pero tajante.

Así, Antonio López Porras, secretario técnico del club firma una misiva en la que envía «nuestro más sentido pesar y nuestras disculpas a la colegiada» y expone que «con motivo de este hecho la junta directiva ha decidido que la madre citada no pueda acceder a las instalaciones deportivas, así como suspender al delegado de sus funciones durante dos meses». Entiende así el club que, de oficio y sin petición expresa de la menor de edad, este delegado debía haber colaborado llamando a las Fuerzas de Orden Público, cosa que no hizo.

En cuando al propietario de una de las casas colindantes, que comenzó a avivar este suceso dirigiendo insultos machistas a la chica, «la directiva se va a dirigir personalmente al vecino pidiéndole que modere su comportamiento ya que esto está dañando la imagen del club», expresan los directivos.

Concluye el comunicado con una propuesta al Colegio de Árbitros de Granada: «Le pedimos que si tienen a bien nos designe a la árbitro para el próximo partido que se jugará el viernes 1 de diciembre de 2017 en el municipal de Castell de Ferro entre UD Castell 'B'-Puerto de Motril de Cuarta andaluza alevín, pensamos que es la mejor forma de normalizar la situación y de pedir disculpas públicas a la colegiada. Reiteramos nuestras disculpas y asumimos nuestra parte de responsabilidad, así como ponemos también a nuestro club a disposición de los organismos pertinentes», puntualiza la UD Castell.

En cuanto en tanto el asunto continúa sus cauces deportivos a través del Comité de Competición, el caso ha llegado a la oficina del Defensor del Menor de la RFAF. Desde aquí comunican a esta redacción que una vez resuelva el Comité con una sanción, esta oficina vigilará «para que se lleven a cabo acciones correctivas por parte del club, incluso pediremos que se impida el acceso a la instalación a las personas señaladas», aseveran.

Esta oficina, que depende de la propia Federación, no tiene una potestad ejecutiva, por lo que no tiene poder sancionador, pero avisan que «este caso conlleva tres agravantes; existen amenazas de muerte, insultos sexistas y la víctima es menor así que vamos a cuidar porque se aplique bien el reglamento y nos ponemos a disposición de los padres por si la colegiada necesita apoyo psicológico», concluyen.