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Jueves, 5 de octubre 2017, 01:14
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El Consistorio de la capital trata de enderezar su economía, pero la falta de capacidad de maniobra hace que el Ayuntamiento se encuentre cada día con el agua más al cuello. La ausencia de nuevos presupuestos, un plan de saneamiento que todavía no cuenta con mayoría suficiente y el ocasional hallazgo de alguna ‘sorpresa’ económica en los cajones municipales están poniendo contra las cuerdas la salud de las cuentas de la ciudad.
El período medio de pago a proveedores es uno de los indicadores más claros de esta situación de debilidad de la economía local. Según los datos más recientes, relativos al mes de julio, que hizo públicos ayer el Ministerio de Hacienda, la ciudad tarda ya 137,68 días de media en hacer frente a las facturas. Es el peor dato de la serie histórica, que se remonta hasta septiembre de 2014, unos meses después de que el Gobierno limitase, a través de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a 30 días el plazo máximo de pago para las Administraciones Públicas. El dato de la capital es más del cuádruple de este techo legal; en concreto, lo supera 4,59 veces.
La tendencia que muestra este indicador desde el mes de febrero es al alza sin solución de continuidad después de que el Ayuntamiento consiguiese reducir este plazo de 118 días a prácticamente 87 entre septiembre del año pasado y enero del actual. Desde entonces esta cifra encadena seis subidas consecutivas que implican un crecimiento acumulado del 58% en lo que va de año, mientras que el total del dinero que el Consistorio debe abonar a proveedores alcanzó en julio los 74 millones de euros. Son 6,8 más que en enero, aunque en este caso no es un máximo histórico, ya que este se alcanzó el pasado mes de febrero, con 75,8 millones.
De hecho, el Ayuntamiento de Granada es ya el segundo de una capital de provincia española con el período medio de pago a proveedores más elevado. Sólo le supera Jaén, que alcanzó en julio los 515 días de media para hacer frente a las facturas pendientes.
En declaraciones a este periódico, el concejal de Economía municipal, Baldomero Oliver, explicó que «sorpresas»como esta última sentencia son en buena parte culpables del aumento de los plazos medios de pago. El Ayuntamiento está obligado a pagar por encima de todo las nóminas de los trabajadores y los intereses bancarios; después, a hacer frente a los gastos derivados de sentencias judiciales; y, finalmente, a hacer frente a las facturas debidas a proveedores. Por esta razón, cuando se producen situaciones inesperadas, quienes se van quedando a la cola son estos últimos. Señaló además que ya están empezando a producirse las primeras sentencias derivadas de la acumulación de intereses de demora en el pago de deudas, que están obligando al Consistorio a dejar estos pagos aún para más tarde. En cualquier caso, Oliver aseguró que, dentro de lo que cabe, el equipo de gobierno local está consiguiendo contener la deriva de la situación.
Este escenario no es, ni mucho menos, nuevo para quienes gestionan la marcha económica de la ciudad. De hecho, no se ha conseguido bajar de los 30 días que impone la ley como tope en ningún momento desde septiembre de 2014, según los datos de Hacienda. La situación, sin embargo, viene empeorando de forma continuada, aunque con algún altibajo, desde comienzos de 2016. En este lapso de tiempo la deuda a proveedores acumulada aumentó en 17,73 millones de euros, y el período medio de pago, en 56,76 días, es decir, un 70%.
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