«La ley que no es clara no es ley»

El académico y catedrático Santiago Muñoz Machado./RAE
El académico y catedrático Santiago Muñoz Machado. / RAE

El académico y catedrático Santiago Muñoz Machado dirige el Diccionario panhispánico del español jurídico, un compendio de 40.000 voces usuales en el Derecho

Miguel Lorenci
MIGUEL LORENCIMadrid

«De la claridad del lenguaje jurídico depende el Estado de derecho». Lo asegura taxativo Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, Córdoba, 1947), jurista de larga trayectoria, secretario de la Real Academia Española (RAE) y director del Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ). Más de 400 juristas y catedráticos han trabajado con académicos de las dos orillas del español en esta obra crucial que alcanza las 40.000 voces partiendo del Diccionario del español jurídico, elaborado entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la RAE, y al que incorpora sensibles mejoras.

«Una ley que no es clara no cabe considerarla como ley, tiene dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», recuerda Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y director de esta magna obra. Se presenta este viernes en Salamanca, en un acto solemne presidido por el Rey en el Paraninfo de la la centenaria universidad, en presencia de las más altas magistraturas de ambos lados del Atlántico y los directores de todas las academias hispanas.

Contiene el DPJE definiciones enriquecidas con indicaciones de uso de cada palabra o locución y con documentos extraídos de leyes o jurisprudencia. Sus dos volúmenes suman 2.220 páginas que acogen 40.000 acepciones -el doble que su antecesor español-, con léxico procedente de todos los países hispanos. Su 'hermano mayor' ya se puede consultar en línea en la web de la RAE. «Queremos que este, su expansión y corrección, esté en red la próxima primavera», aclara el secretario de la RAE.

«No debería faltar en ninguna cátedra, bufete, redacción o empresa en las dos partes del océano», dice Muñoz Machado de una obra dirigida «en especial a jueces, abogados, magistrados, juristas, registradores, lingüistas, filólogos y ciudadanos corrientes» de todas las áreas del español. Es la primera en su ámbito que recoge las variedades americanas y su jurisprudencia e incluye palabras de quechua o de otras lengua indígenas «incorporadas a la Constitución de países como Bolivia y Ecuador y que son la base de su derecho».

Pero quiere ser de una utilidad directa para el ciudadano, «que ha de entender una sentencia, una hipoteca, un contrato o un seguro» y «en especial a quienes tienen que explicar algo a los demás, como los periodistas», dice Muñoz Machado. «Si el legislador hace leyes que no se entienden, ofende al Estado de derecho», insiste el académico. «Si la jurisprudencia produce sentencias que no comprenden los ciudadanos, no podrán reclamar ni recurrirlas», señala. «Hablar claro es una manera de ser cortés, pero la claridad del lenguaje de los juristas trasvasa la mera cortesía y es una obligación para juristas y legisladores», dice. «Quienes imponen regulaciones obligatorias a los ciudadanos y adoptan decisiones vinculantes han de expresarse con claridad», remacha.

En la redacción del diccionario han participado 400 profesores, catedráticos y especialistas en Derecho, a los que se suman juristas de todos los países americanos y miembros de todas las academias de la lengua. No se limitan al aporte de nuevos términos desde cada nación y ofrecen cuantas acepciones hay de un mismo lema. «Establecemos el canon, el código, la compilación de nuestro lenguaje en su totalidad en una versión del español universal», dice su director. «Queremos establecer las bases para que se mantenga la unidad de fundamento jurídico, de conceptos e ideológica del derecho que se aplica en una y otra parte del Atlántico».

Todo sin ser un diccionario enciclopédico, «como los de antaño». Sus limadas definiciones «son escuetas», con la especificación del país al que pertenece. «Salvando las distancias -acota su director-, su técnica es la del Diccionario de Autoridades elaborado entre 1726 y 1739 bajo el criterio lexicográfico de utilizar el mínimo número de palabras en la definición con el máximo contenido explicativo». «Añadimos datos que permitan ver cómo se usa en la práctica ese concepto. Señalamos una ley o una sentencia».

Obra viva

Se cierra con dos valiosos apéndices: una extensa bibliografía que y un nutrido repertorio de quinientas máximas y aforismos latinos con vigencia y uso en los tribunales y la jurisprudencia. Se ofrece su traducción e información sobre la aparición de la locución y cuándo se utilizó por última vez en un Tribunal Supremo.

Unos 'latinajos» que «no conviene erradicar -según Muñoz Machado- por más que haya expertos que creen que que las expresiones latinas oscurecen el discurso». «Son máximas y aforismos imposibles de evitar, incorporadas de un modo tan profundo y arraigado que mantienen su utilidad». «Lo que exigiría muchas palabras se puede explicar con dos, lanzando un mensaje muy conciso que explica conceptos de modo muy apropiado y a veces sustituyen a un gran discurso».

Para Muñoz Machado, «no hay obra más incompleta que un diccionario, que es un libro vivo, necesitado de puestas al día y revisiones sea de la lengua que sea». «Es lo que hacemos cada jueves en la RAE desde de 300 años, y encontramos cosas que no están o están pero mal definidas».

No se ocupa el DPJE de el lenguaje de las jergas y sus infinitas variantes. «No se puede imaginar de maneras tan distintas se puede denominar a un ladrón o mencionar la cárcel. Es portentoso, pero es un lenguaje marginal que no forma parte de los usos comunes y hemos prescindido de él», concluye el académico.

Fotos

Vídeos