Cuenca descarta que el embargo de la Fundación Lorca afecte a la llegada del legado a Granada

Tanto desde el Ayuntamiento de Granada como desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que recuerda que se trata de un asunto «en vía judicial y no nos corresponde a nosotros pronunciarnos», se hace un llamamiento a la tranquilidad tras conocer que un fallo del Juzgado de lo Social número 29 de Madrid ha embargado los bienes propiedad de la Fundación Federico García Lorca para satisfacer los salarios que se adeudan a tres extrabajadoras. Desde ambas instituciones recuerdan el acuerdo para la llegada de los fondos e insisten en el trabajo que los técnicos están ya realizando para dar cumplimiento al acuerdo alcanzado que prevé que la primera exposición de los fondos en el Centro Lorca esté lista en este primer trimestre.

Como adelantó el periódico El Mundo la semana pasada, el proceso judicial se inició en julio de 2016 cuando la exempleadas Sonia González García, Rosa María Illán de Haro y Margarita Rodera Santillana demandaron a la Fundación Federico García Lorca para reclamar el pago de diez nóminas atrasadas. Tal y como explicaban en sus escritos, la cantidad adeudada ascendía a 240.000 euros.

Meses después, en noviembre de 2016, el juzgado requirió a la fundación que designara bienes suficientes para cubrir la deuda contraída con las trabajadoras. Sin embargo, la institución lorquiana ignoró el requerimiento y trasladó que los fondos del poeta estaban afectados «por un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural» promovido por la Comunidad de Madrid.

Acto seguido, los juzgados requirieron un informe para confirmar la formalización del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural y acordaron no seguir con el procedimiento porque los bienes sujetos a declaración de interés cultural tendrían la consideración de «innembargables». No obstante, en junio del año pasado, las demandantes recurrieron la decisión con una diligencia en la que exponían que, aunque sí se había producido la incoación del expediente para la declaraciones de los bienes del legado como de interés cultural, el mismo había caducado porque el plazo legal para su declaración había pasado sin que la Comunidad de Madrid llegase a aprobarlo.

El recurso de las extrabajadoras fue estimado y el juzgado madrileño acordó el embargo de los bienes propiedad de la fundación en «cuantía suficiente» hasta cubrir los 240.000 euros adeudados. Asimismo ordenó que la fundación aclarara qué fondos podían cubrir los derechos de las demandantes.

Las tres trabajadoras, que prestaron servicio a la Fundación durante más de veinte años, aseguraban hace unos días que los responsables de la Fundación «han negociado a sus espaldas» a pesar de conocer la existencia del embargo de bienes. Y añadían que resulta «desolador» que después de tantos años de trabajo y dos de espera para percibir sus salarios atrasados, los herederos del poeta y las instituciones hayan resuelto todas las deudas que había salvo «las de su trabajo».