Susana Díaz propone primar la población, nivelar servicios y armonización fiscal

La presidenta andaluza, ayer en San Telmo.
La presidenta andaluza, ayer en San Telmo. / EFE | RAUL CARO

Juanma Moreno apoya mejorar la financiación andaluza, pero dentro de un pacto estatal entre PP y PSOE

LALIA GONZÁLEZ SANTIAGOSEVILLA

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, recibió ayer en el palacio de Sal Telmo a los portavoces de los cinco grupos parlamentarios, a los que presentó un decálogo de propuestas para consensuar una posición común, una «voz única de Andalucía» para el nuevo sistema de financiación autonómica. Todos los partidos se mostraron dispuestos al acuerdo, que ahora deberá debatirse en el seno de un grupo de trabajo del Parlamento andaluz, al que dan máxima prioridad. Es «El debate» de un momento especialmente complicado, dijo el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, en el que «Andalucía se juega su autogobierno», en palabras del portavoz socialista Mario Jiménez.

Después de que diversos estudios independientes certificaran que Andalucía está entre las comunidades peor financiadas, con 103 euros menos que la media por habitante, lo que supone que más de 200 mil andaluces queden fuera de la cobertura del Estado, y ante el compromiso del Gobierno central, en la conferencia de Presidentes, de arrancar 2018 con un nuevo modelo, la presidenta de la Junta ha reanudado el curso político con un impulso a su idea de llevar al debate nacional una posición de reclamar más dinero para los servicios públicos, sanidad, educación, dependencia, en base a diez ideas, en especial tener en cuenta la variable de población, nivelar los servicios para todo el territorio, imponer la armonización fiscal y la creación de un fondo de sostenibilidad para épocas de crisis.

1
La población es la variable decisiva para la distribución de recursos. La población ajustada debe aproximare a la población de derecho. En el modelo actual el cálculo de la población ajustada deja fuera a 220.000 andaluces.
2
Nivelación total de todos los servicios públicos. Recursos suficientes para atender las competencias, especialmente las relacionadas con los servicios públicos fundamentales.
3
Determinar las necesidades globales de gasto ajustadas a la realidad de su coste con la incorporación de un criterio de actualización anual de las necesidades de gasto en los servicios públicos fundamentales.
4
Constituir un Fondo de Sostenibilidad de los Servicios Públicos Fundamentales para que en tiempos de crisis estos se garanticen. Se constituiría con los excedentes de años de mayor bonanza económica y funcionaría a semejanza de la 'hucha' de la Seguridad Social.
5
Acometer un proceso de armonización fiscal efectivo en aquellos impuestos que se han convertido en herramientas de competencia fiscal, como sucede con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Se apunta el criterio del grupo de expertos, estableciendo una base liquidable homogénea entre comunidades y unos niveles mínimos de tributación que impidan el dumping fiscal.
6
Regla de gasto. La Conferencia de Presidentes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la Comisión Nacional de Administración Local han acordado que es necesario estudiar la aplicación de la regla de gasto. Andalucía reclama que los mayores ingresos que traen la recuperación económica puedan dedicarse a los servicios públicos y al estímulo económico y al empleo.
7
Eliminación progresiva de los mecanismos extraordinarios de liquidez, el Fondo de Liquidez Autonómico y Fondo para Pago a Proveedores, para recuperar autonomía y corresponsabilidad fiscal.
8
Reparto equitativo entre todas las administraciones de los recursos financieros disponibles y de los esfuerzos de consolidación fiscal. Se propone repartir en función del gasto que suponen las competencias asumidas.
9
Regulación de forma expresa de las compensaciones por los efectos de los cambios en las políticas adoptadas por el Gobierno tanto en materia de ingresos (como ejemplo, la subida de impuestos especiales) como de gastos (como ejemplo, Ley de Dependencia).
10
Eliminación progresiva del status quo como restricción mínima de partida para que los resultados del próximo sistema de financiación autonómico respondan a los criterios de necesidad que se acuerden. El punto de partida para la aplicación de este modelo no puede ser desde el status quo actual de cada comunidad autónoma porque este precepto desmonta el propio concepto de convergencia. Para posibilitar el mayor consenso se puede aceptar el status quo, pero que éste desaparezca progresivamente en tres años garantizando que ninguna comunidad pierda.

Tras el respaldo de empresarios y sindicatos, el pasado jueves, la ronda con los partidos ayer se desarrolló en un clima de buena disposición. El buen clima se extendió a quienes en principio planteaban una mayor dureza, el PP, cuyo presidente, Juanma Moreno, destacó al salir la cordialidad del encuentro.

Moreno, a quien desde el PSOE se le había instado a elegir «entre los andaluces y su partido», sorteó el lance apoyando de entrada la mayor: «Andalucía necesita una mejor financiación», dijo, y «el PP siempre estará del lado de esta mejora» para recordar que ya el PP se opuso al actual sistema, pactado por Zapatero y ERC, porque consideraba que perjudicaba a Andalucía.

El líder de la oposición fijó, no obstante, un marco distinto. Es preciso, dijo, que el acuerdo se aborde en un pacto estatal PP-PSOE, ya que la nueva financiación se fijará por una ley que deben aprobar las Cortes Generales. La Junta y el PSOE rechazaron sacar el debate de lo autonómico, porque dijeron que es un asunto de territorio, no de partido, y que en la Conferencia de Presidentes quedó fijado un grupo de debate formado por los representantes de las comunidades en el marco del Consejo de Política Fiscal . El PSOE le acusó de «franquicia» de su partido.

Además, Moreno requirió que la petición de más recursos vaya de la mano de una mejor gestión, con extremos como acabar con la precariedad laboral y cambiar el modelo organizativo del SAS, así como una bajada de impuestos.

Impuestos

La fiscalidad se planteó en la ronda de entrevistas como la mayor discrepancia entre los grupos a la hora de llegar a un acuerdo. Tanto Teresa Rodríguez, de Podemos, como Antonio Maíllo, de IU, coincidieron en hablar de «agujerear»la financiación al bajar la recaudación fiscal por la bonificación del impuesto de sucesiones. «No se puede con una mano pedir más recursos y con la otra agujerarlos», dijo la líder de Podemos, mientras Maíllo pedía abordar dentro del debate una nueva fiscalidad, más progresiva e incluso demorar la reclamación de Cs de bonificación a que se alcance el acuerdo.

Sin embargo Juan Marín, portavoz de Ciudadanos, aseguró que «no hay agujero ni se pone en riesgo nada», por que la recaudación por este impuesto supone solo el 0,01% del presupuesto, «el chocolate del loro».

Marín, como también Teresa Rodríguez, reclamó que se dote con más dinero la bolsa de recursos a disposición de las autonomías, ya que las necesidades han aumentado. También rechazaron un enfrentamiento entre territorios. «El reparto de la tarta no puede ser unos Juegos del Hambre», en palabras de la líder andaluza de Podemos.

Antonio Maíllo pidió que el debate sea protagonizado por el Parlamento andaluz y que se incorpore al grupo de trabajo a la «sociedad civil organizada».

En el ánimo de los portavoces estuvo también el deseo de llegar a un acuerdo de largo plazo, para que los andaluces reciban los mismos recursos que el resto de los españoles gobierne quien gobierne en los próximos años, un matiz que deslizó el cortejado líder de Ciudadanos.

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