¿Quién le pone el cascabel a las viviendas turísticas?

Javier Fernández seguido de José Sánchez Maldonado, ayer en las jornadas jurídicas celebradas en la UNIA, en Málaga. /SALVADOR SALAS
Javier Fernández seguido de José Sánchez Maldonado, ayer en las jornadas jurídicas celebradas en la UNIA, en Málaga. / SALVADOR SALAS

La Junta insiste en que no tiene competencias para limitar estos alquileres y señala al Gobierno central

NURIA TRIGUEROMÁLAGA

Al calor de la 'turismofobia' y las crecientes quejas vecinales por los efectos nocivos del auge de las viviendas turísticas, últimamente proliferan noticias sobre comunidades autónomas y ayuntamientos que pretenden limitar esta actividad. La pregunta es: ¿se plantea la Junta de Andalucía hacer algo parecido? La respuesta es no, pero no porque no quiera, sino porque no puede. Al menos ésta es la tesis que manejan en la Consejería de Turismo y que ayer expuso su titular, Javier Fernández, en unas jornadas jurídicas celebradas en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía en Málaga, precisamente con el objetivo de analizar las posibilidades de regulación de las viviendas de uso turístico.

Fernández explicó que aunque la Junta tenga las competencias en materia de turismo, las viviendas de uso turístico no se rigen por las mismas normas que los hoteles, ya que son consideradas una actividad entre particulares y no empresarial. Tampoco se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos como los alquileres de larga temporada: son un híbrido «difícil de regular». «El Gobierno sacó los arrendamientos de menos de dos meses de la Ley de Arrendamientos Urbanos y los metió en el ámbito turístico, pero sin sacarlos del ámbito de las relaciones entre privados, y tributan por IRPF», detalló el consejero. Al no ser una actividad empresarial, ni las autonomías ni los ayuntamientos pueden limitar su apertura.

Entonces, ¿la Junta no puede hacer nada? Sí, lo que ha hecho: crear un registro al que deben apuntarse las viviendas de uso turístico, cumpliendo previamente unos requisitos de calidad y seguridad. «Lo que hemos hecho, y es muy importante, es decir qué es clandestino y qué es legal. Fuimos de las primeras comunidades autónomas que lo hicieron. Todo aquel que tenga el número de registro da garantías de cumplir unas condiciones de seguridad y de calidad», destacaba ayer el consejero. Por cierto, que en el decreto que dio lugar a la creación de dicho registro la Junta intentó introducir un límite al desarrollo de estos alquileres dando la posibilidad a las comunidades de vecinos de vetar por mayoría la dedicación de viviendas a fines turísticos. Fracasó: el Consejo Consultivo advirtió de que esa estipulación chocaba con la Ley de Propiedad Horizontal, que exige unanimidad para ese tipo de decisiones. Así que hubo que quitar esa medida del decreto.

Respecto a los intentos de otras comunidades autónomas y ayuntamientos de limitar este fenómeno, en la Junta son escépticos y recuerdan que aún no hay ninguna norma firme. Sus expertos jurídicos opinan que esas medidas invaden competencias o normas estatales y acabarán siendo impugnadas en los tribunales o corregidas por Competencia, como ha ocurrido con la norma canaria, que intentó introducir una autorización previa. El juez catalán Manuel Alcover recordó ayer en la jornada los varapalos judiciales que han recibido gobiernos autonómicos y ayuntamientos en sus intentos por poner cortapisas a los alquileres vacacionales. Y es que por encima de todo esto planea la todopoderosa directiva Bolkestein, que salvaguarda la libre competencia.

Entonces, ¿quién puede ponerle el cascabel al gato?Para la Junta, está claro: el Gobierno central. Pero ¿cómo casa esto con las recientes declaraciones del ministro de Turismo sobre la imposibilidad de actuar sobre este ámbito por carecer de competencias en materia turística? En realidad, el gobierno andaluz no se refiere a actuar desde Turismo, sino desde otras instancias. Básicamente habría dos vías: que se deje de considerar el alquiler vacacional una actividad empresarial para que los ayuntamientos puedan regularlo vía licencias; y modificar la Ley de Propiedad Horizontal para permitir a las comunidades de vecinos vetar estos negocios por mayoría y no haga falta unanimidad como hasta ahora.

«Que el Estado actúe»

«Queremos que el Estado busque la manera de armonizar una norma transversal para todas las comunidades autónomas y, sobre todo, que habilite modificaciones en otras leyes, como la Ley de Propiedad Horizontal o la de Haciendas Locales para capacitar a los ayuntamientos para limitar esta actividad. Bastaría que considerara que un alquiler turístico tiene que estar desarrollado por una empresa con su correspondiente licencia municipal. Eso le daría el instrumento a los consistorios de ordenar su propia oferta», argumentó.

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