La Junta mueve ficha y avanza su postura sobre financiación

La comunidad persigue, según fuentes consultadas, asumir un liderazgo en el conjunto de las comunidades autónomas, que consultan con frecuencia a Torretriana, la sede de la consejería, para conocer las posiciones que se van a defender desde aquí. Andalucía, y lo ha repetido la presidenta de la Junta, Susana Díaz, quiere ser clave en el nuevo modelo y defender la igualdad en el reparto de los fondos que van a sostener en el futuro el estado del bienestar.

La presidenta ha mantenido contactos esporádicos con otros barones autonómicos, mientras que hay conversaciones a nivel de consejeros, especialmente socialistas, para unificar posturas.

No obstante, se impone la prudencia, quizá porque se sabe que la batalla va para largo. De este modo, la consejera andaluza no ha llegado a dar pasos, al menos públicamente, en su anunciada intención de contactar con otras comunidades para forzar la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde llevar el debate del nuevo modelo. Montero fue muy enérgica en este sentido en diciembre, cuando advirtió que en enero se intentaría doblar el pulso al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha desoído las constantes peticiones para reunir al órgano de coordinación del Estado y las comunidades autónomas en materia fiscal y financiera, pero no ha dado pasos en este sentido.

Montero ha anunciado que expondrá la posición andaluza el próximo miércoles, durante un desayuno informativo en el club Antares de Sevilla. Será una exposición detallada, en la que se contemplan todos los escenarios posibles, y que registrará variaciones y matices respecto de las conocidas hasta ahora: suficiencia, nivelación total, para atender todas las transferencias transferidas, población ajustada etc.

Con seguridad el documento incorporará la petición de incluir entre las variables de población para ajustar la financiación el criterio de paro de larga duración. Es un tema que ha salido en el grupo de trabajo del parlamento y sobre el que se han pronunciado a favor dirigentes del PP en las últimas horas. Se argumenta que las comunidades con desempleados de larga permanencia tienen una mayor presión sobre los servicios sociales.

El documento tenderá a acompasarse con el grupo de trabajo de la Cámara andaluza. La consejera viene participando en las conversaciones del grupo socialista con el resto de grupos parlamentarios para lograr una posición común de la comunidad con la que ir a la mesa negociadora. Hasta el momento las reuniones se llevan a cabo con discreción mientras se acerca la fecha del 29 de enero, día en que comienza el plazo de una semana para que cada formación presente sus conclusiones.

Las declaraciones del portavoz socialista Mario Jiménez, hacen pensar en dificultades para conseguir este consenso, al menos con el PP-A, con quien no se ha reunido aún, pues hizo un llamamiento a «preservar un núcleo esencial» de acuerdo más allá de «posiciones partidarias» y dijo que hay «bases importantes» para lograrlo con Podemos, Ciudadanos e IU. Al Gobierno andaluz le interesa además mover este grupo como forma de presión ante lo que considera inacción de Madrid y para reforzar su postura negociadora.

El PP-A parece no haberse movido de sus posiciones: llamar al acuerdo entre el PSOE y el PP en el Congreso de los Diputados y alegar la falta de acuerdo dentro de los socialistas. Sin embargo, no solo Pedro Sánchez durante su reciente visita a Sevilla, respaldó la posición de las comunidades como negociadoras indispensables del nuevo modelo, sino que ayer mismo el grupo socialista del Congreso presentó una PNL que apoya las tesis andaluzas, contra la vinculación que hace el Gobierno de las entregas a cuenta con el modelo de financiación.