Todos los grupos aceptan negociar una posición común para mejorar la financiación de Andalucía

EFE

Juanma Moreno pide que el acuerdo se incluya en un pacto estatal PP-PSOE

LALIA GONZÁLEZ-SANTIAGOSEVILLA

La ronda de entrevistas que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha llevado a cabo este lunes con los portavoces de los cinco grupos parlamentarios se ha saldado con el diagnóstico del vicepresidente Jiménez Barrios: “Hay un buen punto de partida, existen coincidencias y todos quieren participar” de la negociación que la presidenta ha propuesto, para llevar una voz única de Andalucía para mejorar su financiación. Díaz planteó a los grupos un decálogo de medidas para debatir en el grupo de trabajo del Parlamento andaluz que se debe convocar esta semana y luego llevar al debate que debe hacerse en el marco de la Conferencia de Presidentes.

El papel más difícil lo tenía el presidente del PP-A, Juanma Moreno, atrapado entre la reivindicación de la comunidad al Gobierno central y las decisiones de su partido en éste, pero resolvió el trance con una actitud de apertura al diálogo la afirmación de que “el PP siempre estará del lado” de una mejor financiación y su “disposición plena” a buscar el acuerdo. No obstante, Moreno reclama que el acuerdo se contemple en el marco de un pacto estatal PP-PSOE, puesto que la reforma de la financiación debe hacerse por una ley que ha de aprobarse en las Cortes Generales.

Pero ni el Gobierno andaluz ni el portavoz del PSOE, Mario Jiménez, aceptaron este escenario, ya que, según Jiménez Barrios, es una cuestión que compete a la comunidad y que como tal debe llevarse al grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal, mientras el portavoz socialista instaba a Moreno a que “abandone la posición de franquicia de su partido”.

Juanma Moreno requirió también que la reclamación de más dinero para los servicios públicos andaluces se acompañe de una mejor gestión de esos recursos e hizo hincapié en que el modelo actual es fallido, como ya su partido dijo en su momento, al tratarse de un sistema establecido por el Gobierno de Zapatero, por un acuerdo PSOE-Esquerra Republicana, que dejó fuera al PP.

La ronda de entrevistas comenzó con el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo que, junto con su disposición al diálogo, pidió que se extienda el acuerdo a la financiación local y se acompañe del debate sobre la reforma fiscal más justa y progresiva, que incluye no crear “agujeros” que detraigan recursos, en especial la previsible bonificación del impuesto de sucesiones. Propuso abrir el debate a la sociedad civil y que el protagonismo corresponda al Parlamento.

Juan Marín, portavoz de C's, mostró coincidencias con el decálogo de medidas planteadas por la Junta y recalcó que el Gobierno central aumente la bolsa de recursos a disposición de las comunidades, mientras Teresa Rodríguez, de Podemos, abundó en la idea de rechazar la rebaja del impuesto de sucesiones: "No se puede con una mano pedir más financiación y por otra agujerear la hacienda andaluza".

Los grupos aceptaron en general la necesidad de “ampliar la tarta”, en rechazar la disputa entre territorios, que ésta llamó “juegos del hambre”.

DIEZ PUNTOS PARA EL ACUERDO

El decálogo de propuestas para el acuerdo QUE EL Gobierno andaluz ha planteado a los cinco grupos parlamentarios es el siguIente, según el documento facilitado por Presidencia:

1. La población es la variable decisiva para la distribución de recursos. La distribución de la necesidad global de gasto de las comunidades autónomas exige actualizar los criterios y las ponderaciones para que la población ajustada se aproxime a la población total. En el modelo actual el cálculo de la población ajustada deja fuera a 220.000 andaluces. A Andalucía le interesa que el criterio de distribución de recursos se aproxime a la población de derecho.

2. Nivelación total de todos los servicios públicos. Las comunidades autónomas necesitamos un sistema de financiación que proporcione recursos suficientes a todos para atender nuestras competencias, especialmente las relacionadas con los servicios públicos fundamentales.

3. Determinar las necesidades globales de gasto ajustadas a la realidad de su coste, con la incorporación de un criterio de actualización anual de las necesidades de gasto en los servicios públicos fundamentales. Para ello se podría calcular las necesidades de gasto en base a un año especialmente eficiente en la prestación de los servicios fundamentales como fue el año 2014.

4. Constituir un Fondo de Sostenibilidad de los Servicios Públicos Fundamentales, que permitiría salvaguardar los recursos que las comunidades destinan a salud, educación y servicios sociales en momentos de recesión económica, y queden blindados efectivamente los pilares del Estado de bienestar. Este fondo se constituiría con los excedentes de años de mayor bonanza económica y blindaría a la sanidad y la educación de los ciclos económicos. Funcionaría a semejanza del fondo de reserva de la Seguridad Social.

5. Acometer un proceso de armonización fiscal efectivo en aquellos impuestos que se han convertido en herramientas de competencia fiscal, como sucede con Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Evitar que parte de la financiación de los servicios públicos provistos por las comunidades autónomas quede condicionada por la competencia fiscal entre regiones. Los expertos proponen una revisión en profundidad de la normativa estatal del impuesto, con una base liquidable homogénea entre comunidades y unos niveles mínimos de tributación que impidan el dumping fiscal.

6. Regla de gasto. La Conferencia de Presidentes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la Comisión Nacional de Administración Local han acordado que es necesario estudiar la aplicación de la regla de gasto. Andalucía ha sido pionera en proponer una metodología para aplicar la regla de gasto de manera que no suponga la negativa a aplicar los mayores ingresos que traen la recuperación económica a los servicios públicos y al estímulo económico y al empleo.

7. Eliminación progresiva de los mecanismos extraordinarios de liquidez. Ha llegado el momento de desactivar progresivamente los mecanismos extraordinarios de financiación de las comunidades, principalmente el Fondo de Liquidez Autonómico y Fondo para Pago a Proveedores y recuperar así los necesarios márgenes de autonomía y corresponsabilidad fiscal.

8. Reparto equitativo entre todas las administraciones de los recursos financieros disponibles para el desarrollo de sus competencias como de los esfuerzos de consolidación fiscal entre los niveles de gobierno. Un buen método sería utilizar los porcentajes relativos que las competencias asumidas por las comunidades autónomas suponen en el gasto público total y aplicarlos a los ingresos del Estado.

9. Regulación de forma expresa de las compensaciones por los efectos de los cambios en las políticas adoptadas por el Gobierno tanto en materia de ingresos (como ejemplo, la subida de impuestos especiales) como de gastos (como ejemplo, Ley de Dependencia).

10. Eliminación progresiva del status quo como restricción mínima de partida para que los resultados del próximo sistema de financiación Autonómico respondan a los criterios de necesidad que se acuerden. El punto de partida para la aplicación de este modelo no puede ser desde el status quo actual de cada comunidad autónoma porque este precepto desmonta el propio concepto de convergencia. Para posibilitar el mayor consenso se puede aceptar el status quo, pero que éste desaparezca progresivamente en tres años garantizando que ninguna comunidad pierda.

Fotos

Vídeos