El Gobierno devolverá en 2018 las 35 horas a los funcionarios, pero mantiene el recurso a la Junta

Jiménez Barrios (segundo por la izquierda) junto a consejeros de otras comunidades en la reunión en Madrid.
Jiménez Barrios (segundo por la izquierda) junto a consejeros de otras comunidades en la reunión en Madrid. / EFE

Montoro asegura que no habrá «conflicto» y el Ejecutivo de Díaz quiere que lo demuestre no solicitando la suspensión cautelar de la jornada aplicada desde enero en Andalucía

MARÍA DOLORES TORTOSASEVILLA

Gobierno y Junta acercan posiciones sobre el conflicto de competencias por la aplicación en Andalucía de las 35 horas semanales a sus 274.000 empleados públicos desde enero. La posibilidad de que ambos ejecutivos lleguen a un entendimiento -después de que el Gobierno anunciara este viernes un recurso al Tribunal Constitucional contra la Junta y sus Presupuestos de este año- empezó a vislumbrarse en el seno de la Comisión de seguimiento de la Conferencia de Presidentes, presidida por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. En esta reunión, Montoro llegó a tranquilizar al vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios, al que comunicó que intentará evitar «la conflictividad» por el recurso, sin avanzar más detalles.

Después de la reunión, el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, dio a entender que el Gobierno recuperará en 2018 la jornada de 35 horas semanales en el sector público, aunque no de golpe a todos los empleados sino por sectores y con excepciones.

Dejó claro, no obstante, que el Gobierno no va a retirar el recurso contra la Junta al entender que es su obligación porque así lo manda la ley, aludiendo a la orden de 2012 que establece que la semana laboral no puede ser inferior a 37,5 horas para todos los empleados públicos de España. La ampliación de la jornada a los empleados de las administraciones fue una de las medidas para reducir gasto público tomada por Rajoy en 2012 debido a la crisis. Hasta entonces y desde 1999 la semana laboral era de 35 horas.

Para el departamento de María Jesús Montero, «se trata de una regulación de carácter económico para limitar el gasto, y no de una cuestión jurídica competencial»

Pese a la advertencia del secretario de Estado, el Gobierno andaluz recibió con bastante alivio las noticias de Madrid. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, expresó su «satisfacción» a través de un comunicado por la decisión del Gobierno y se mostró dispuesta al diálogo.

Eso sí, tanto la titular de Hacienda como el vicepresidente insistieron que tras este anuncio no tiene sentido la petición al Tribunal Constitucional de la suspensión cautelar de las 35 horas mientras delibera sobre el recurso y ponen como condición para el diálogo que no lo haga. «Sería poco lógico suspender la medida en Andalucía y aprobarla tres meses más tarde en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado», afirma el comunicado.

«El ministro (Montoro) ha dicho en el seno de la comisión que intentará evitar la conflictividad y ahora habrá que ver cómo se traduce eso en el trabajo de diálogo y encuentro que hay que seguir haciendo. Una medida para evitar la conflictividad es que no se eleve el recurso de suspensión cautelar porque eso sería dar credibilidad a lo que se ha dicho», manifestó el vicepresidente andaluz.

Nueve meses después

Jiménez Barrios anotó que los acuerdos de la Conferencia de Presidentes (celebrada en enero) «fueron claros a la hora de la recuperación de los derechos perdidos» por la situación de crisis una vez que esta remitiera. También lamentó no haber recibido «una explicación clara sobre por qué ha tardado nueve meses en recurrir el Gobierno».

Los gobernantes andaluces recuerdan que el decreto del Gobierno andaluz para que los trabajadores públicos recuperasen la antigua jornada laboral se aprobó en el Parlamento sin ningún voto en contra. PP y Ciudadanos se abstuvieron. La medida fue respaldada por los sindicatos CC OO, UGT y CSIF, que han criticado con dureza el recurso del Ejecutivo central porque implicaría la pérdida de más de siete mil puestos de trabajo. Para la Junta supondría una gran «alteración en la planificación de los servicios públicos».

Sobre el argumento esgrimido por representantes del Gobierno y del PP de la obligada igualdad de los funcionarios en el conjunto del Estado, la Consejería de Hacienda dice que «nunca hubo igualdad en la jornada laboral» en el conjunto de las comunidades autónomas.

«De hecho sólo Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid y País Vasco regularon la jornada laboral de 35 horas».

El comunicado de la Consejería de Hacienda recoge dos argumentos jurídicos contra el recurso del Gobierno. Insiste en que el Estatuto Básico del Empleado Público, ley estatal, asigna a las comunidades autónomas la capacidad para organizar la jornada de sus empleados.

«Y estas así lo han venido haciendo. De hecho, ni el Gobierno ni las Cortes cambiaron esta ley. Sólo introdujeron un límite genérico por razones económicas en la ley de Presupuestos de 2012, que no ha venido incluyéndose en las leyes de presupuestos de ejercicios siguientes», añade.

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