Alaya afirma que PSOE y PP pactaron apartarla de los ERE y que Díaz presionó al CGPJ

Mercedes Alaya./EFE
Mercedes Alaya. / EFE

Los socialistas califican de «inauditas» las declaraciones, el PP niega un acuerdo y Albert Rivera pide explicaciones a la presidenta de la Junta

MARIA DOLORES TORTOSASEVILLA

La jueza Mercedes Alaya vuelve a agitar la política andaluza como lo hacía durante los cuatro años (2011-2015) en que instruyó el 'caso ERE' y sorprendía con sus autos en los que llegó a imputar a más de 200 personas, entre ellas 50 cargos de la Junta, incluidos consejeros y apuntando a Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Hoy los expresidentes y otros 20 cargos están siendo juzgados por la misma Audiencia de Sevilla en la que ella es magistrada. La jueza que inició las diligencias de los ERE, de los avales, y de los cursos de formación o Mercasevilla, relacionados con supuestos fraudes de dineros de la Junta de Andalucía, encendió este lunes una mecha de incierto recorrido al manifestar que PP y PSOE pactaron apartarla de las macrocausas y acusar a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de ejercer presiones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al respecto.

Las explosivas declaraciones las vierte en una entrevista publicada este lunes en el diario 'Abc', la primera que concede la jueza estrella de Andalucía, y en ella dirige dardos contra todos, desde el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los fiscales hasta los jueces de refuerzo en los ERE. Cuenta que le aseguraron que seguiría en comisión de servicio con este caso en el juzgado 6 cuando se presentó en 2015 a una plaza de magistrada de la Audiencia de Sevilla, donde está ahora. No sucedió así y opina que fue «un burdo engaño porque tanto los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe favorable del TSJA» de entregar la investigación al juez de refuerzo Álvaro Martín.

Obvia que lo que desencadenó la posición del Poder Judicial fue la carta que escribió con duros reproches hacia su sucesora como titular del juzgado 6, María Núñez Bolaños, por querer dividir en piezas la macrocausa de los ERE. Opina ahora, no obstante, que su salida de las macrocausas no se debió a los ERE sino «al miedo que había a que siguiera investigando el caso de los cursos de formación porque habíamos visto ya cosas asombrosas». La mayoría de las causas abiertas sobre los cursos, incluida la de ella, han sido archivadas por varios jueces en las ocho provincias andaluzas.

Pacto político

Preguntada sobre injerencias en su trabajo, señala con nombres y apellidos a Alfonso Guerra y a Susana Díaz. «Lo de la presidenta de la Junta de Andalucía fue muy grave, pues provocó en mi opinión que yo dejara de investigar dichos procedimientos a cambio de un pacto político que se debió producir entre el PP y el PSOE, y que ya venía evidenciándose en las diferentes macrocausas que instruía al denotarse un menor interés acusatorio», en alusión esto último a los fiscales.

Las declaraciones de Alaya provocaron este lunes una cascada de reacciones de los dirigentes políticos. El primero en hacerlo fue el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien anunció que su hombre en Andalucía, Juan Marín, pedirá explicaciones a la presidenta de la Junta en la sesión de control de este jueves en el Parlamento. «Si realmente ha habido presiones de una presidenta autonómica a una juez sobre un asunto que afecta a la corrupción del PSOE es muy grave», como también lo sería «si el PP ha participado de alguna manera», manifestó Rivera.

El PP también pedirá explicaciones al Gobierno de Díaz, registrando este lunes dos iniciativas al respecto. Pero el PP, que ejerce la acusación popular en todas las macrocausas abiertas por Alaya, es parte aludida en sus declaraciones. La reacción de la jueza contra este partido sorprendió y molestó a los populares andaluces, que siempre han defendido la actuación de Alaya.

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, respondió en la Feria de Córdoba que su partido nunca negoció nada con el PSOE. «Jamás he pactado ni he llegado a un acuerdo para que se investigue o se deje de investigar no se qué», respondió. «Si casos como éste (en relación a los ERE) han conocido la luz ha sido gracias al PP», se quejó el líder popular. «Justo lo contrario de lo que ha hecho el PSOE», añadió.

Para el PSOE andaluz las declaraciones de Alaya es algo «inaudito» y «sorprendentes». «Estamos ante una situación sin precedentes», respondió Juan Cornejo, secretario de Organización del PSOE-A, quien también negó que Díaz hubiera presionado al Poder Judicial. Cornejo emplazó a este órgano de gobierno de los jueces a que aclarase la denuncia de la magistrada sevillana.

Ningún órgano de los jueces se pronunció de forma oficial. Solo el vocal José María Castaño del CGPJ hizo ver que Alaya tendría que preguntarse en qué le beneficiaba a ella y al resto de la judicatura sus declaraciones. Sobre las consecuencias de estas, dijo que prefería «no anticipar nada». Una frase que sugiere que el CGPJ podría expedientar a la magistrada.

Pablo Pérez, de Podemos, criticó que PSOE y PP «no hayan puesto facilidades» a la hora de resolver los casos de corrupción. El coordinador de IU Andalucía, Antonio Maíllo, dijo que Díaz tiene dos opciones ante la acusación de Alaya: «O la desmiente categóricamente o se tendrá que ir».

La jueza ya se quejó otras veces de trabas y presiones

La jueza Mercedes Alaya ya se quejó otras veces de haber recibido presiones de la Junta de Andalucía cuando investigaba el 'caso ERE' o Mercasevilla, aunque nunca había ido tan lejos en sus declaraciones.

Alaya, que admitió a la Junta de Andalucía como acusación particular, mantuvo con esta, sin embargo, un tensa relación a través de los autos, en los que se quejaba con duras palabras de falta de colaboración en el envío de la documentación requerida. Una vez que dejó el caso, en su primera conferencia en Madrid el 13 de noviembre de 2015, acusó al Gobierno de la Junta de ponerle «todas las trabas del mundo» cuando trabajaba en las macrocausas. En aquella ocasión también criticó al PP por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dejaba en seis meses el plazo de instrucción. Sin embargo esta crítica no tuvo repercusión.

Alaya nunca había señalado a Díaz en ninguno de sus autos ni declaraciones. Durante la instrucción era al Gobierno de Griñán, presidente hasta 2013, a quien dirigía sus reproches. En las declaraciones a 'Abc' ha mostrado su contrariedad a que no se haya acusado a Chaves de malversación como a Griñán para que así tuviera también petición de cárcel. La primera vez que Alaya señaló a Chaves y Griñán como imputados fue en la toma de posesión del primer gobierno de Susana Díaz en septiembre de 2013.

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