La Ley de Agricultura andaluza sanciona los precios a la baja temerarios

Agricultores, durante una plantación en una finca de titularidad pública./SUR
Agricultores, durante una plantación en una finca de titularidad pública. / SUR

La norma, que prevé multas de hasta 800.000 euros, es pionera en protección del suelo agrario y la gestión de excedentes alimentarios para fines sociales

MARIA DOLORES TORTOSASEVILLA

La Ley de Agricultura y Ganadería, la primera genérica del sector en Andalucía, contempla sanciones por la venta de productos agrícolas con precios a la baja temerarios sin garantizar su calidad. Se trata de una medida encaminada a evitar fraudes o prácticas desleales y salvaguardar la ganancia de los agricultores. La penalización siempre será superior al beneficio obtenido de manera ilícita, contemplándose multas de 3.000 a 50.000 euros, pero que en causas graves pueden alcanzar los 800.000 euros.

Esta es una de las novedades del proyecto de ley aprobado esta mañana por el Consejo de Gobierno y que ahora pasa al Parlamento. El consejero de Agricultura y Pesca, Rodrigo Sánchez Haro, que la ha calificado de «ley de futuro», confía en que el texto no sufra más transformaciones dado el consenso alcanzado con el sector, habiéndose atendido 775 aportaciones. El texto que se eleva a la Cámara para su debate por los grupos y aprobación es el séptimo borrador desde que la norma fue dada a conocer en octubre de 2016. Sánchez Haro ha puesto el acento en que esta ley «integra y actualiza» todas las normativas del agro con el fin de impulsar una agricultura moderna, competitiva y sostenible. Es pionera, ha subrayado, en protección del suelo agrario, gestión de excedentes alimentarios, mecanismos ágiles de contratación ante plagas y actuaciones para una cadena alimentaria «más justa y equilibrada». También ha subrayado que es una ley «centrada en las personas», con protagonismo de jóvenes y mujeres, a los que se les da prioridad en las ayudas, actividades de formación y acceso a las tierras públicas. La ley deroga la Ley de Reforma Agraria de 1984 e impulsa la enajenación de las tierras públicas aún propiedad de la Junta, 4.700 hectáreas.

La agricultura y ganadería supone el 8% del Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía, al que contribuye con 9.200 millones de euros. El sector cuenta con más de 240.000 explotaciones y 300.000 trabajadores. La industria agroalimentaria cuenta con 7.000 empresas y es la segunda más importante de España. Sus ventas al extranjero, 11.000 millones de euros de los 31.000 millones de 2017, suponen uno de los principales motores de la economía andaluza.

Protección del suelo agrario: El proyecto prevé la declaración de zonas de protección agraria, una figura de ordenación del territorio para preservar el uso agrícola y ganadero frente a la presión de otros usos, como el urbanístico. El consejero ha puesto de ejemplo la Vega de Granada.

Mejora de infraestructuras: La ley regula la figura de los planes de ordenación de explotaciones para obras que se desarrollan de forma conjunta en varias fincas, tanto para la mejora de infraestructuras físicas como en el aprovechamiento de recursos. Habrá declaración por parte de la Junta de proyectos públicos de especial relevancia, que eximirá de estar sometidos a licencias y control de los ayuntamientos.

Cadena agroalimentaria: Las sanciones previstas en la ley por la venta de productos por debajo de su precio de mercado y calidad inferior a la etiquetada incluyen no solo a los vendedores, sino también al resto de operadores agroalimentarios (productores, transformadores y comercializadores) que no denuncien estos productos sospechosos. Los inspectores tendrán por primera vez consideración de autoridad a partir de esta ley, por lo que deberán ser funcionarios. La Junta podrá dar publicidad de las empresas y marcas comerciales sancionadas. Se creará un Foro de la Cadena Alimentaria para promover códigos de buena conducta.

Trazabilidad: Los productos deberán llevar un documento de acompañamiento durante su transporte. Con ello se facilita su seguimiento y control y se evitarán robos y fraudes.

Excedentes alimentarios: La norma obligará a los supermercados y grandes superficies a entregar a organizaciones humanitarias sus excedentes alimentarios para evitar que se tiren. Las compañías deberán elaborar planes para reducir los desechos alimentarios.

Refuerzo de los profesionales: La norma estipula la elaboración del Estatuto de las Personas Empresariales Agricultoras y Agroindustriales con el objetivo de promover el reconocimiento social y legal de los profesionales como generadores de empleo y riqueza y la obtención de retribuciones justas por el desempeño de sus actividades.

Crisis sanitaria: La norma establece nuevos instrumentos ante riesgos y amenazas. Ante una crisis de sanidad vegetal o animal prevé la contratación urgente de vacunas. Agiliza los trámites para la declaración de zonas afectadas por catástrofes. Insta al desarrollo de sistemas de alerta por riesgos meteorológicos y de epidemias.

Fotos

Vídeos