La revisión de coeficientes catastrales, clave del acuerdo sobre el impuesto de sucesiones

La modificación del coeficiente de corrección que la Junta de Andalucía aplica al valor catastral será la clave para alcanzar el acuerdo para modificar el impuesto de sucesiones, de modo que el Gobierno andaluz cumpla con la exigencia de Ciudadanos de «eliminar» este impuesto.

Ante la próxima reunión, este miércoles, del grupo de trabajo entre PSOE y Gobierno andaluz y el partido naranja para estudiar las modificaciones fiscales que permitan renovar el pacto para los Presupuestos de 2018, que darán a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el oxígeno imprescindible para terminar su mandato, todos los ojos se vuelven hacia este concepto. La Consejería de Hacienda viene trabajando desde marzo pasado en la revisión de la actual orden de coeficientes que sirve de referencia en el cálculo de la cuota del impuesto de sucesiones y demás tributos estatales que gestiona la comunidad, sobre la que constituyó un grupo de expertos.

En este grupo, según anunció entonces la consejera María Jesús Montero, toman parte organismos estatales, registradores, notarios y sociedades de tasación y ya ha celebrado varias reuniones

La devaluación del mercado inmobiliario no se ha correspondido con la situación de este tributo, de modo que el ajuste beneficiará el cálculo del impuesto de sucesiones y donaciones. El coordinador andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, espera que la Junta avance por este terreno y mantiene alta la bandera, aunque se distancia de otros movimientos, auspiciados por el PP.

Marín considera además que la reducción de la recaudación que este ajuste impositivo que reclama, tanto en sucesiones y donaciones como en el tramo autonómico del IRPF, será posible de asumir por la cuenta pública andaluza, dado el incremento de la recaudación que se viene registrando, sobre todo vía IVA e IRPF.

Negociación presupuestaria

La reunión del miércoles será el comienzo, de facto, de la negociación presupuestaria y también el termómetro para avanzar en el calendario de tareas que Cs ha puesto al Gobierno andaluz para darle el respaldo que necesita. «Hasta septiembre tienen margen para cumplir», dijo Marín.

El coeficiente multiplicador que aplica la Junta es un modelo complejo. La consejera explicaba al anunciar el grupo de trabajo que el núcleo reside en el valor catastral, que determina el Estado conjuntamente con los ayuntamientos, y que es el que debe ajustarse a las circunstancias particulares de cada inmueble urbano referidas a su antigüedad, deterioro o calidad de la construcción, con el fin de que este valor «sea adecuado y no resulte anómalo». «Es responsabilidad del Estado que el valor catastral se ajuste a la realidad de cada inmueble, porque un error supondría perjudicar a los contribuyentes», dijo.

Sobre este valor se aplican los coeficientes multiplicadores, un mecanismo regulado también por una ley estatal, para determinar el valor real de los inmuebles en la liquidación de tributos. El trabajo de la Junta es ahora aproximar «de forma objetiva» el valor catastral al valor real.

La intención del Gobierno andaluz es que los valores que se obtengan de la aplicación de los coeficientes estén en torno al 75% del valor de mercado, mediante una metodología que refleja la dinámica del mercado inmobiliario. Aunque la consejera dijo que en los últimos años se ha ido ajustando a la baja, y concretamente, desde el año 2010, los coeficientes multiplicadores que se aplican acumulan un descenso medio del 31,5%, mientras que los precios del mercado han bajado un 26,6%, la impresión es que la distorsión se mantiene.

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