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L.G.-S.
Miércoles, 18 de enero 2017, 02:20
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Una semana después de conocerse la sentencia que condena a 7 años y 9 meses por abusos sexuales y lesiones al catedrático de Educación Física sevillano Santiago Romero, la Universidad hispalense sigue digiriendo la condena y las críticas por su actuación durante el proceso hacia las tres profesoras que denunciaron el caso. Mientras que el rector, Miguel Ángel Castro, mantuvo el lunes una entrevista con dos de las tres docentes, ya que la tercera no se encontraba en disposición anímica de acudir, y se decidió convocar un Comité de Seguridad para analizar los daños sufridos, continúa la instrucción del expediente abierto, que la institución espera tener cerrado en el plazo de quince días, sin agotar los seis meses de que dispone.
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Pero el proceso para que la institución se sacuda el corporativismo y asuma claramente la falta de actuación que revela la sentencia tarda en avanzar. En la Facultad de Ciencias de la Educación se ha celebrado una convulsa junta de facultad extraordinaria en la que el actual decano y el director del Departamento A, uno de los dos en que se dividió el área del catedrático Santiago Romero, donde se produjeron los abusos, y los vicedecanos se negaron a dimitir, como reclamaba la junta de personal y el comité de empresa del Personal Docente e Investigador (PDI). Ante la falta de «asunción de responsabilidades» en los fallos para proteger a las víctimas se ha producido una cascada de dimisiones que impidió que la junta aprobara el comunicado del decano, según informó el profesor Rafael García Pérez, representante de CCOO, que fue el primero en abandonar la sesión. De este modo, la nota de condena salió sin la firma de la junta de facultad, sino suscrito solamente por el decano y su equipo.
El manifiesto indica que el equipo de gobierno «lamenta los hechos y la penosa imagen dada a la sociedad por esta Facultad» y dice que «se trata de unos comportamientos intolerables y rechazables que han ocurrido en el ámbito de nuestra Universidad, institución que debe ser referente en la erradicación decomportamientos, agresiones machistas y de abuso de poder.
El equipo expresa su «apoyo y solidaridad» a las víctimas, reclama la mejora del protocolo anti-acoso de la Universidad y solicita al Rectorado «el mantenimiento de la suspensión cautelar del profesor condenado hasta que la sentencia sea firme». García Pérez rechazó este punto y consideró que el decanato abre la puerta a que Santiago Romero pueda regresar a la docencia. También denunció cambios entre el manifiesto propuesto y el finalmente aprobado y rechazó la resistencia del decano a hablar de «hechos probados» sino solo de «hechos», cuando la sentencia es clara al respecto.
Según dijo, el decano se negó a su petición de que al menos dirigiera una carta a las víctimas poniendo la Facultad a su disposición.
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