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El Constitucional avala la subasta de medicamentos en Andalucía y rechaza el recurso del Gobierno

El Constitucional avala la subasta de medicamentos en Andalucía y rechaza el recurso del Gobierno
  • La Junta celebra la sentencia y asegura que el procedimiento ha supuesto un ahorro de 413 millones a la Sanidad pública

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso del Gobierno y da la razón a la Junta de Andalucía en la subasta de medicamentos convocada por ésta en 2012. El pleno del alto tribunal dictaminó ayer y, aunque la sentencia no se ha publicado, el sentido del fallo fue anunciado por la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

La noticia llegó como un bálsamo para la administración autonómica, cuya política sanitaria se está viendo en la picota por las movilizaciones contra la situación de los hospitales públicos, y la presidenta se apresuró a proclamar en su cuenta de Twitter que al avalar el Constitucional la subasta de medicamentos de Andalucía, «pierde el Gobierno del PP, ganan los ciudadanos y la sanidad pública».

Desde 2012 la Junta ha convocado diez subastas y calcula que han supuesto un ahorro de unos 413 millones de euros.

Batalla judicial

La subasta de medicamentos, un sistema de puja entre los laboratorios para comprar el suministro del servicio público de salud, ha sido objeto de una larga disputa en los tribunales entre el Gobierno central y el autonómico, que se han llegado a cruzar más de medio centenar de recursos, dos de ellos del Ejecutivo de la nación ante el Constitucional.

De hecho, meses después de la admisión a trámite del último, en julio pasado el TC decidió levantar la suspensión cautelar contra el decreto ley andaluz. Otras actuaciones por la vía contenciosa fueron eran sistemáticamente rechazados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el último en noviembre del 2015, reconociendo la competencia de la comunidad para adoptar esta medida.

Paradójicamente, a la vez que recurría el Ministerio de Sanidad ponía en marcha un sistema similar de selección pública de medicamentos, bajo el nombre de «Sistema de Precios Seleccionados».

Tras esta batalla legal fuentes de la Consejería destacaron que esta es la primera vez que el TC se pronuncia sobre el fondo de la medida y el consejero de Salud, Aquilino Alonso, mostró su «gran satisfacción» por la sentencia y matizó que «de confirmarse en todos los términos que se están conociendo en las últimas horas por diferentes fuentes, significa ratificar lo que la Junta de Andalucía viene defendiendo desde la aprobación del Decreto Ley de Medidas Urgentes en Farmacia en diciembre de 2011 y la posterior convocatoria de la primera selección pública de medicamentos en febrero de 2012», es decir que «la medida andaluza es legal y plenamente constitucional, sin invadir competencias del Estado».

El recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno central argumentaba que la regulación andaluza vulneraba las competencias estatales en materia de legislación farmacéutica, « al establecer normas reguladoras de la prescripción de medicamentos careciendo de competencia para ello, así como en materia de sanidad al modificar la cartera de servicios establecida con carácter básico por el Estado».

Según el Ejecutivo central, el nuevo régimen legal y la resolución andaluza establecían un mecanismo de formación de precios y de selección de los medicamentos a dispensar por las farmacias no previsto en la normativa estatal, con la consecuencia inevitable, además, a partir de esa premisa, de reducir la oferta establecida con carácter básico de las prestaciones garantizadas en Andalucía respecto a las garantizadas por su inclusión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

La Junta, que ahora ha incluido la subasta en la nueva ley de garantía del sistema público de salud, se basaba en la Ley de Farmacia y cumple con la Ley estatal de garantías y uso racional del medicamento.

Industria en contra

La subasta de medicamentos ha sido objeto de una gran contestación por parte de la industria farmacéutica y tanto organizaciones empresariales como oficinas de farmacia han asegurado que la medida introducía inseguridad en la prestación de fármacos a la población, por tratarse de productos de menor calidad y de laboratorios de países emergentes; que rompía el libre mercado o producía desabastecimiento.

Las críticas fueron asimismo constantes por parte del PP-A, y el consejero se dirigió ayer a éste y al Gobierno para pedirle que « reconozca públicamente la legalidad de esta medida y que los miembros del partido en Andalucía rectifiquen».

Pero no fue así y horas después de conocer el fallo del TC el coordinador de Sanidad del PP-A mantenía su postura e insistía en que «tanto el sector farmacéutico como numerosas asociaciones de pacientes» rechazan las subastas porque « estos medicamentos no hacen, ni de lejos, el mismo efecto que las marcas y que los genéricos fabricados en España o la Unión Europea».