Ideal

La Junta asciende por ahora a 143 millones de euros el fraude en los cursos de formación

José Sánchez Maldonado.
José Sánchez Maldonado. / G. CORDERO
  • Hasta hoy solo se ha recuperado 7,6 millones de euros y Maldonado admite dificultades ya que algunos expedientados, como UGT y Ojeda, han recurrido a los tribunales las resoluciones

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, informó ayer de nuevo en comisión en el Parlamento sobre el proceso de revisión de los expedientes de ayudas para cursos de formación para el empleo entre 2007 y 2011 y ascendió a 143 millones de euros la cantidad que la administración autonómica reclama en firme a entidades y empresas tras comprobar que no justificaron el dinero recibido. Ese dinero responde a 1.321 expedientes de cursos. La última vez que Maldonado dio datos fue en su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento sobre la materia el pasado 31 de mayo. Entonces cifró en 90 millones de euros el fraude comprobado, pero anotó que otros 51 millones de euros también reclamados estaban en fase de alegaciones. La cantidad duplica la detectada en julio de hace un año, cuando Maldonado informó en el pleno del Parlamento del requerimiento de 71,9 millones de euros.

La revisión aún no ha terminado, con lo cual la cantidad puede variar. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ordenó en septiembre de 2013 una revisión interna de las ayudas concedidas para cursos de formación una vez que varios juzgados comenzaron a investigar un fraude masivo. La investigación la inició la Consejería de Educación y Cultura, que entonces gestionaba la formación para el empleo. Contrató para ello a personal temporal y fijó la prioridad de peinar primero los expedientes vivos, aquellos en tiempo de recuperar el dinero, que eran las ayudas concedidas entre 2007 y 2011. En total 5.808 expedientes con 1.631 millones de euros concedidos para cursos de los 2.896 millones de euros en 18.023 expedientes otorgados en la década bajo lupa judicial (2000-2011).

Maldonado explicó ayer que hasta ahora su departamento (al que los cursos volvieron en 2015) ha realizado gestiones de tramitación administrativa sobre 7.895 expedientes, el 93%. Quedan por revisar 610 expedientes correspondientes a 2011 y cuyo plazo de ejecución concluyó en diciembre de 2014. Hay 5.808 finalizados y otros 2.087 con el trámite sin acabar. Maldonado volvió a resaltar que hay 4.215 expedientes adecuadamente justificados.

La exhaustiva labor de revisión no se corresponde con el fracaso en la recuperación del dinero. Solo han sido reintegrados a la caja central que gestiona la Consejería de Hacienda y Administración Pública 7,6 millones de euros.

Maldonado admitió la dificultad para reintegrar el dinero, sobre todo cuando las empresas o entidades no admiten el veredicto y acuden a los tribunales. Es lo que ha pasado con UGT. El consejero dio a conocer que la Junta ha abierto seis expedientes de reintegro a UGT y otros 13 al ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, pero que ambos han acudido a los tribunales.

El consejero también ha señalado que un total de 7,6 millones de euros han sido recuperados a través de los reintegros, cifra que ya dio a conocer la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, en el pasado mes de septiembre, tal y como el propio Sánchez Maldonado ha reconocido.

La portavoz del PP en esta comisión, Teresa Ruiz Sillero, acusó a Maldonado de falta de transparencia tras no responder el consejero a su petición de que aclarara cuáles eran los expedientes de reintegro a UGT, aludiendo de nuevo a que el marido de la presidenta de la Junta trabajó para el sindicato en un curso de formación.

Ruiz-Sillero consideró llamativo que el consejero niegue información a la Cámara de los grandes fraudes de la Formación, como el de UGT, las empresas del exconsejero Ojeda, los Consorcios y la FAFFE, que a estas alturas todavía no han devuelto ni un euro a la administración andaluza.

Sillero acusó al consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado de obstruir la labor de la Justicia porque siguen sin aportar importantes expedientes del fraude, incluidos casos como Velasco, Formades y Pérez González, que han sido reclamados en diversos autos judiciales desde que comenzó la instrucción hace más de dos años.

En cualquier caso, La Junta, salvo UGT y Ojeda la Junta sigue sin ofrecer nombres o datos de las empresas investigadas y con petición en firme de reintegro alegando un cumplimiento escrupuloso de la ley de protección de datos.