Andalucía debate sobre el aumento de escaños en el Parlamento y las listas abiertas

El asunto no es nuevo. Viene de lejos. Durante años los grupos minoritarios han achacado al sistema electoral español todos los males de su escasa representatividad en las cámaras legislativas y de que para obtener escaños necesitaban muchos miles de votos más que los partidos mayoritarios y los nacionalistas. Izquierda Unida ha sacado varias veces este asunto a debate en Andalucía y también el desaparecido PA, pero ninguno de las dos formaciones, aún siendo socias de gobierno del PSOE en la Junta en diferentes etapas desde los noventa, lograron convencer a este partido de una reforma del sistema electoral andaluz que les hiciera justicia a sus votos. Ahora es Ciudadanos, partido que respalda al PSOE en la Junta desde el Parlamento, el que lo intenta de nuevo y ha movido ficha. El pacto para investir a Susana Díaz hace un año incluía en sus 72 puntos la reforma de la ley electoral andaluza para mejorar la representatividad.

Por lo pronto, el partido naranja ha logrado impulsar su acuerdo con un grupo de trabajo en el Parlamento, que echó a rodar este mes de octubre con las comparecencias de más de sesenta expertos desde catedráticos de Derecho Constitucional, sociólogos, politólogos y expresidentes del Parlamento. Varios de ellos ya se han pronunciado en tres sesiones. Todos coinciden en dar la razón a los minoritarios en que el sistema se puede mejorar y en que el incremento de escaños y el desbloqueo de las listas de los partidos puede ser una solución con matices. Con importantes matices. Habría que explicarlo bien. «No creo yo que por reformar la ley electoral se vaya a mejorar el empleo o una salida laboral para los jóvenes, que es lo que más preocupa a los ciudadanos», respondía a los diputados el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Huelva Manuel Domínguez Zorrero, alertando sobre la delicada situación del momento.

Desde su aprobación en 1986, la Ley Electoral de Andalucía ha sufrido cuatro reformas, de las que dos acarrearon una gran polémica, las que impulsó el PSOE para las listas cremallera (un hombre y una mujer alternos) y para la incompatibilidad de los cargos de alcalde o presidente de diputaciones con el de diputado. Ambas modificaciones se recurrieron al Tribunal Constitucional por el PP, que no le dio la razón y siguen vigentes.

En opinión del profesor de la Universidad de Granada Juan Montabes Pereira, aunque el derecho electoral haya cambiado, el sistema electoral sigue siendo el mismo, tanto en España como en Andalucía. Explica que sus cinco componentes capitales no han variado. Estos son: el número de diputados (109 en el caso de Andalucía); las circunscripciones por provincias; la fórmula electoral basada en la Ley D'Hont; la barrera electoral fijada en casi un 3% de sufragios como mínimo para obtener asiento en el Parlamento; y la expresión del voto o las listas de los partidos cerradas y bloqueadas.

Reacios y a favor

Los cinco partidos con escaños en el Parlamento están de acuerdo en reformar la ley, pero no todos coinciden en qué. Mientras los dos grandes, PSOE y PP, siguen reacios a tocar los cinco elementos, los nuevos partidos Podemos y Ciudadanos se han unido a la vieja pelea de Izquierda Unida para defender que sí se deben modificar para garantizar la pluralidad y, sobre todo, para que los votos de los ciudadanos valgan lo mismo. «Si iniciamos este trabajo es porque estamos convencidos todos de que tenemos que modificar el sistema electoral de Andalucía», enfatizó en una de sus intervenciones en el grupo de trabajo la diputada de IU Carmen Pérez.

Hay quien como el diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe va más allá del debate propuesto y sugiere que se vaya a una participación ciudadana directa en las decisiones del Parlamento desde el soporte de internet de cada persona desde su casa. «Reconozco que le tengo manía a los partidos políticos», afirmó en una de las sesiones de trabajo del Parlamento.

Hay quienes, como Podemos e IU, apuestan por cambios drásticos, como ir a una circunscripción única; o a modificar el número de diputados por provincia, como propone Ciudadanos. En ambos casos buscan «una representatividad más equilibrada e igualitaria» en función de los sufragios. «El actual sistema penaliza a los grupos minoritarios», sostiene el portavoz adjunto de Ciudadanos Sergio Romero. Su partido propone, recuerda, que cada provincia tenga un mínimo de cinco diputados y los otros 69 se repartan en las ocho provincias según su población y el voto de cada partido. Una fórmula que a PP y PSOE no convence porque verían mermada su actual representación.

PSOE y PP son reacios a tocar las circunscripciones y el número de diputados. «Aumentar a 130 escaños no es razonable a día de hoy y cambiar el número de diputados provinciales también supondría un conflicto», afirma la diputada socialista Ángeles Ferris.

A pesar de la fragmentación del Parlamento andaluz, el bipartidismo es aún sólido en Andalucía, ya que PP y PSOE suman más del 60% de los escaños. Ninguna reforma puede hacerse sin su consenso. Pero además, varias propuestas de los emergentes supondrían no solo la reforma de la ley, sino también la del Estatuto autonómico e incluso la Constitución.

¿Y qué dicen los expertos?

Todos los consultados en la comisión hasta ahora reconocen que el sistema no es perfecto, pero se muestran conservadores en su mayoría y advierten de más conflictos con algunas de las propuestas de los partidos. Sobre el número de diputados, casi todos lamentan que Andalucía, con 8,5 millones de habitantes, la más poblada, tenga menos representación que Cataluña (135 diputados) o Madrid (129).

La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Blanca Rodríguez Ruiz se muestra claramente a favor de incrementar el número de diputados para mejorar la representatividad. IU lleva años pleiteando por aumentar a 130 escaños para lo que no haría falta reformar el Estatuto, que solo fija un mínimo de 109. El expresidente del Parlamento Javier Torres Vela (PSOE) advierte, no obstante, de lo delicado del momento actual, cuando la ciudadanía considera a la clase política uno de sus mayores problemas. «El margen tiene que ser prudente y sensato, sino la gente los va (a los diputados) a correr a gorrazos». Tampoco hay conformidad de los expertos en que se reduzca el número de escaños, como sugirió el diputado del PP Antonio Saldaña, lamentando que si se tiende «al infinito» siempre habrá mejor representatividad. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Fernando Álvarez-Ossorio Micheo le recuerda: «No somos Castilla-La Mancha. Somos una comunidad del 151» (artículo de la Constitución por el que las comunidades históricas llegan a la autonomía plena. Andalucía lo logró tras el referéndum del 28 de febrero de 1980).

Juan Montabes anota que una modificación de uno de los cinco elementos incide en los otros. Todos los consultados miran con recelo la propuesta de circunscripción única, entre otras cosas porque debería modificarse la Constitución. «Andalucía es muy variada y diversa y sería muy poco defendible que Almería y Málaga no tuvieran su propia lista», advierte Álvarez -Ossorio, recordando que con una medida así aflorarían los localismos y el antisevillanismo.

Hay quienes defienden que un aumento de escaños podría resarcir a las provincias más pobladas. Blanca Rodríguez y Montabes apuntan que la insuficiente proporcionalidad no penaliza solo a los partidos, sino también a las provincias. La norma andaluza perfila un mínimo de ocho escaños por provincia, aunque la que menos tiene once. Esto, según Blanca Rodríguez, hace que la proporcionalidad sea más equilibrada en Andalucía que en España, donde el mínimo es de seis por provincia.

Pero también, añade ella y otros expertos, produce un desequilibrio entre provincias. La norma andaluza establece una peculiaridad y es que la que tenga más número de representantes no puede doblar a la de menos. Las más perjudicadas por ello son Sevilla y Málaga, donde hay mas concentración de población. Sevilla aporta 18 escaños frente a 11 de Huelva, cuando la primera cuadruplica la población de la segunda provincia. El debate andaluz incluye la sustitución del método de la ley D'Hont, que algunos expertos consideran desfasada porque se aplicó cuando se estaba naciendo a la democracia y al sistema de partidos y su objetivo era garantizar la gobernabilidad. Montabes insiste en que en Andalucía no es tan perniciosa como en el contexto nacional, que es donde debería abordarse si cambiarla o no. El debate sobre qué debe primar si la gobernabilidad o una representatividad más fiel al voto está hoy de máxima actualidad tras el bloqueo de 300 días para la formación del Gobierno. Su cambio, no obstante, no compete a Andalucía, sino al Estado.

Listas abiertas y bloqueo

Sobre las listas abiertas, en las que hay mayoría del Parlamento en estar de acuerdo, Álvarez -Ossorio propone una fórmula que evite la fullería de la que advierte Torres Vela, como que los medios de comunicación o determinados grupos de presión económica promocionen a un candidato frente a otro de un mismo partido. «Me gusta el modelo italiano, más que tachar nombres, creo que es mejor que los ciudadanos puedan colocar en primero, segundo y tercer lugar los candidatos de una lista de cada partido», señala el profesor.

El grupo de trabajo abordará otras cuestiones, como la limitación de mandato presidencial a ocho años que defendió el PP y a la que ahora se suman todos. Una cuestión muy actual es cómo solventar un bloqueo de gobierno como el que se ha experimentado en España y el que se vivió en el Gobierno andaluz el pasado año. Solo se ha tocado de forma tangencial hasta ahora, ya que no depende solo de la ley electoral, también, en el caso andaluz, del Estatuto de Autonomía. Manuel Domínguez Zorrero ha propuesto que no se puedan ir a unas terceras elecciones, sino que se deje gobernar a la lista más votada si no hay alternativa tras una segunda convocatoria electoral.

El mismo profesor de Derecho Constitucional ha avanzado sobre otra cuestión defendida por Ciudadanos y otros partidos minoritarios: los aforamientos de los diputados. «Tenían sentido en el siglo XIX, pero no ahora», sugiere Domínguez.

Aún queda mucho debate sobre la reforma de la ley electoral, pero este octubre ha dejado algunas reflexiones de los expertos de las que los diputados han tomado nota. El objetivo de todos ellos es encontrar una ley más justa. «Uno de los incentivos sería introducir alguna preferencia para motivar a los partidos para que fomenten las primarias internas», sugiere Torres Vela.

«No toda la culpa es del sistema electoral. A pesar de todo, es una de las instituciones que mayor estabilidad y avances ha dado a este país», opina Juan Montabes. Todos se muestran favorables a algunos cambios, pero pausados y con consenso. «Aunque podamos mejorarlo, el sistema electoral funciona», sentencia Álvarez- Ossorio.

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