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«La nueva Ley de Agricultura quiere seguir impulsando un campo moderno y competitivo»

Carmen Ortiz Rivas, consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía.
Carmen Ortiz Rivas, consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía. / JOSÉ ESTEBAN RUIZ
  • Entrevista a Carmen Ortiz, consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

sevilla. Echa a andar el anteproyecto de Ley de Agricultura, una de las normas fundamentales de la legislatura, que ambiciona mejorar la situación del 8% del PIB andaluz, pero también incidirá sobre el público en general, los consumidores, los distribuidores. Su responsable revisa aquí las principales novedades, que afectarán también a amplios sectores.

¿Qué cambios fundamentales va a suponer la ley?

Se plantean tres grandes líneas, dar respuesta al sector agrario que tenemos en Andalucía que es moderno, competitivo, con presencia en los mercados internacionales, y esto lo digo porque a veces se asocia a subsistencia, no se tiene esa imagen real del campo andaluz, con un valor añadido de 9.200 millones de euros. La ley quiere impulsarlo y seguir apoyándole para que siga así. En segundo lugar, tiene en cuenta que el sector agrario además es el motor económico para seguir viviendo en los más de 800 pueblos que tiene Andalucía. Desde esa perspectiva la agricultura aporta no solo el valor económico, de mantener a las familias con sus rentas, sino valores medioambientales, del territorio, es decir que la actividad agrícola es la mejor aliada del medio ambiente. Por último, es una ley con un enfoque de globalidad.

¿Qué significa esto?

La ley aborda una visión amplia del sector, es decir, tanto las cuestiones que tienen que ver con la regulación de la actividad agrícola, desde quién produce, quién comercializa, e implica al conjunto de la sociedad. Por ejemplo cuestiones en todos los eslabones de la cadena alimentaria, hasta el consumidor, o con un marcado carácter social que llega hasta la reutilización de excedentes alimentarios.

Se ha destacado como principales novedades las medidas sobre venta a pérdidas y regulación de excedentes. Respecto a lo primero, había dudas sobre la capacidad de Agricultura para entrar en el problema. ¿Qué se ha hecho?

La venta a pérdidas entendida como a un precio por debajo del coste de producción está recogida y sancionada por la legislación de comercio, tanto nacional como autonómica. Lo que la ley hace es dar algún paso más para afrontar este fraude y hacerlo también desde el punto de vista de la compra. Cualquier cadena de distribución que ponga un producto a la venta, un producto reclamo, por debajo del valor, tendrá la obligación ahora de comunicarlo a la Consejería, para que nosotros veamos si cumple los requisitos, por ejemplo de calidad. Es verdad que la venta a pérdidas es cuestión de Comercio Interior, pero nosotros vamos a supervisar la calidad y cantidad de ese producto que se pone por debajo de precio y extendemos la obligatoriedad de informarnos, que antes solo tenía la industria, a las distribuidoras. Haremos controles de calidad para supervisar e incrementaremos las sanciones, de leves a graves, hasta 800 mil euros. Incluso se podrá incrementar la sanción si la rentabilidad de la venta supera la multa.

La venta a pérdidas de aceite de oliva perjudica a doscientos mil productores, muchos de ellos pequeños, y ha desatado las alarmas ¿Esconde un fraude?

Hasta ahora en el tema del aceite hacemos controles calidad en las empresas, un plan de inspección en general, no en la cadena de distribución. Ahora ésta, el supermercado, tendrá la obligación de informarnos y nosotros obligatoriamente analizaremos la calidad.

¿Hay datos que permitan vislumbrar mezcla de aceites en estos productos a pérdidas?

Tenemos un programa de calidad, independientemente de los precios. Hemos hecho esos controles y hay sanciones en empresas. Ahora la ley prevé que por reiteración en determinados casos podremos hacer pública la empresa e incluso la marca que sancionemos. Puede que les importe menos pagar la multa, pero le afecta más que podamos decir públicamente la marca. Es un plus de la supervisión del control.

Una de las novedades más llamativas se refiere a los seguros agrarios y las ayudas que hasta ahora concedía la Junta. ¿Cómo ha quedado esta regulación?

La ley aborda cuándo se puede hacer una declaración de emergencia o catástrofe, y establece que lo asegurable no será indemnizable. Es decir, que hay una línea de seguros para las producciones agrícolas y eso no va a entrar a ser subvencionado si se producen daños

Es decir, que a partir de ahora si a mis naranjos los destroza el pedrisco no me los paga la Junta.

Si tú no lo has asegurado porque no has querido, o por la razón que sea, y has perdido tus naranjas ¿cómo va la Consejería a pagártelas? Ahora se va a decir que ¡haberlo asegurado! Ahora mismo las producciones, cosechas, no pueden ser objeto de ayuda pública por normativa europea. Si hay una riada y destroza un invernadero, las ayudas pueden ser para sufragar los daños en la instalaciones, pero no los productos perdidos, las cosechas. Por ejemplo, puede ser indemnizable la reposición de naranjos, pero no la pérdida de la cosecha de naranjas, que sí puede ser asegurable.

¿Desaparecen entonces esas ayudas por daños climatológicos?

Las producciones agrícolas son asegurables y estamos incentivando los seguros. Dedicamos a este concepto 5,5 millones el año pasado y en este ejercicio vamos a seguir. No van a ser subvencionables. Es injusto, además. No tiene dinero la Consejería para cubrir los daños en las producciones por inclemencias climáticas de toda la comunidad. Ahora la naranja, mañana la aceituna, después los cereales...

Subvenciones y excedentes

¿No se contempla ninguna subvención entonces para estos riesgos?

Se van a regular ayudas en caso de emergencia para infraestructuras públicas y comunales, cuestiones que los seguros no recogen, por ejemplo los caminos que se lleva un río, piedras que dañan una estructura, pero no la producción. Porque entonces es como si a uno le toca la lotería pero a otro no.

Con la nueva ley la Junta de Andalucía entra también a regular el asunto de los excedentes alimentarios, sobre cuya cantidad y desperdicio se ha creado una rápida toma de conciencia en toda Europa a consecuencia de la crisis. ¿Qué se va a hacer? ¿Donar a ONG?

La ley introduce dos cuestiones. Por una parte la obligatoriedad de las distribuidoras de llevar los excedentes alimentarios a organizaciones sociales sin animo de lucro. Se calcula que van a la basura 175 kilos de alimento por persona y año como media del conjunto de España, y la cifra no incluye los alimentos frescos, que se tiran más. Pero también se va a establecer una novedad resaltable, la obligación de las empresas de tener planes de gestión de residuos, para minimizarlos. Esto va en la línea de bioeconomía o economía circular, estrategia para que haya menos desechos y para poner en valor los residuos de estas industrias.

¿Y el cambio de concepción de los inspectores?

La Ley les convertirá en agentes de la autoridad. Hemos tenido problemas de agresiones en veterinarios en algunas zonas de Córdoba, por ejemplo. Se les va a dar a todos los inspectores del sector agrario esta condición, de modo que las sanciones en caso de agresión serán más graves, como si se tratara de agentes de la autoridad.

¿Qué recorrido tiene por delante el anteproyecto aprobado por el Consejo de Gobierno?

Ahora sale a información pública y alegaciones durante cinco meses y se someterá a informes técnicos, medioambiental, presupuestario y jurídico. Para primavera entrará en el Parlamento.

En la presentación de la ley con la presidenta Susana Díaz a las organizaciones profesionales agrarias (Opas) y cooperativas, todos los representantes volvieron a hablar del problema de los precios. ¿La ley supone alguna mejora en esta reclamación tradicional de los agricultores?

La ley crea el Observatorio Andaluz de Precios, un nuevo organismo que amplía al actual Consejo Agrario, en el que están las Opas y cooperativas. En él participarán sindicatos, consumidores, distribuidoras. El observatorio servirá para que todos los elementos de la cadena agroalimentaria, sobre todo la distribución, que estaba ausente, podamos abordar situaciones de precios, de crisis, y todas las partes puedan hablar y hacer propuestas.

¿Hasta qué punto el asunto de los márgenes comerciales, la diferencia entre el precio en origen que cobra el productor y el final que paga el consumidor, se podrá resolver ahí?

Habrá cosas que sí se puedan abordar y otras que no. Es verdad que estamos en un mercado libre, que se mueve por oferta y demanda, pero en producción agraria hay elementos para equilibrar el sistema de precios. Por ejemplo, la retirada de productos de calidades inferiores, que contempla Europa, para no saturar los mercados y no bajen los precios. También recoge la ley medidas para cuando una industria tenga una posición predominante que se considere muy grave e imponga la compra a pérdidas. Pensamos por ejemplo en el caso de la leche. Una industria puede fijar un precio a un ganadero y luego puede bajárselo. Este a la fuerza tiene que ordeñar la vaca y no tiene opción, no puede hacer otra cosa que darla por debajo de lo que le cuesta, porque hasta tirar la lecha está penalizado. Esa sería una situación de predominio que la ley recoge para corregir.

¿En materia de ganadería, que hay de nuevo en la ley?

Vamos a recoger en un artículo la posibilidad de comprar de forma urgente vacunas o pruebas diagnósticas para el ganado. En caso de emergencias, de epidemias, se facilita una rápida intervención de Sanidad Animal, salvando la ralentización del procedimiento administrativo, los días de plazo, la necesidad de contar con tres ofertas... Si tengo un caso de lengua azul, por ejemplo, no puedo esperar tres meses si necesito las vacunas en quince días.

¿Por qué se exigirá papeles a los transportes de productos?

Se trata de un documento de acompañamiento, acreditativo de los productos que se transporten y que será obligatorio tanto contra los robos como para establecer la trazabilidad de estos productos.

De la reunión de la semana pasada en San Telmo también resultó una queja reiterada por las asociaciones agrarias por el retraso en el cobro de las ayudas. ¿A qué se debe?

Es todo lo contrario. Las organizaciones agrarias pidieron que ampliáramos el plazo un mes más para presentar las solicitudes de ayudas directas y lo hemos concedido, quitándonos un mes nosotros para resolver. Andalucía fuimos los primeros en pedirlo al Ministerio, que tenía que solicitarlo a Europa. Teníamos un alto volumen de solicitudes y coincidió con la campaña anterior. Este pasado lunes se han empezado a pagar 648,5 millones de euros en ayudas directas. Tengo que reiterar que ha sido gracias al esfuerzo de los denostados funcionarios públicos, que se han quedado los fines de semana para meter los expedientes den las aplicaciones informáticas para que estuviesen a pago. Estamos pagando a 142.219 beneficiarios, con un mes menos para hacerlo. Andalucía está pagando. La primera semana de noviembre empezarán a cobrar 85 mil perceptores más.

Los agricultores reclaman menos burocracia, por cierto.

Estamos de acuerdo, nos lo han planteado siempre y vamos a intentar hacerlo con medidas como el registro único de explotaciones agrarias y forestales, ya no tendrán que darse de alta en otra ventanilla si cambian de actividad, con una sola se cumplen todos los registros. Pero es verdad que hay una burocracia que viene dada por la PAC. Hemos pedido que se simplifique en la futura reforma. Todos los fondos europeos tiene un plus de papeleo que no depende de la consejería, controles de campo, expedientes, pero la línea es simplificar al máximo.

El sector mantiene también la preocupación y la reclamación por la incorporación de jóvenes a las explotaciones. ¿Cómo se recoge en la ley?

La ley prioriza tanto la incorporación de jóvenes como de mujeres, que se va a incentivar y apoyar especialmente. Las explotaciones y empresas transformadoras que nos presenten mujeres y jóvenes recibirán ayudas, de entre 30.000 y 70.000 euros. Desde que empezamos la legislatura hemos realizado un esfuerzo presupuestario enorme para apoyar la presencia de jóvenes, porque sacamos una ayuda de 20 millones y la convertimos en 90 millones.

Hay pues, alta demanda ¿por qué?

Se han presentado muchas solicitudes, por dos razones. Una, el fin del boom del ladrillo, pero también que dentro del mundo agrario hay sectores con posibilidades reales de empleo digno y de estabilidad, que son competitivos. Consideramos prioritario que los jóvenes se incorporen, para dar dinamismo y vida al sector, con ganas de emprender proyectos, con recorrido.

Venta directa

El reciente decreto de venta directa ¿añade muchos controles?

Según el decreto que el martes aprobó el Consejo de Gobierno establece que la persona que quiera realizar la venta directa de su producción sólo tendrá que realizar un procedimiento único, rellenar una solicitud que estará disponible en la pagina web o en las oficinas comarcales agrarias. Solo con responder puede hacerlo. Yo no le veo a eso un obstáculo.

Luego hay controles, papeles, trazabilidad.

La administración tiene que garantizar la seguridad alimentaria y la calidad. Tiene que tener registros de quién vende, a quién le vende. Habrá control de la consejería, pero la burocracia no paraliza la venta directa, al contrario, pero hay que hacerlo compatible con seguridad y calidad.

Hay preocupación en el sector por el ‘Brexit’. ¿Qué se piensa hacer, más allá de acciones de promoción en los mercados británicos?

El Consejo de Gobierno aprobó un grupo de trabajo que coordina vicepresidencia. Desde Agricultura hemos estamos recogiendo informes de técnicos sobre cómo va a afectar, hicimos unas jornadas de expertos en julio. Tenemos tiempo, porque no se ha iniciado el proceso, y queremos contrastar datos con las preocupaciones de cada sector y tener toda la información para defender al sector agroalimentario andaluz. Pero hay una cosa por encima. Nosotros estamos trabajando, pero es cuestión de política exterior. Corresponde al Gobierno de España, que esperamos que coordine a las comunidades y que sectorialmente lo haga la ministra de Agricultura y Medio Ambiente.

También hay alerta por el TTIP, ¿qué puede decir?

No hay información exacta de qué se está negociando y menos sectorialmente para agricultura, sólo tenemos filtraciones genéricas. Nuestra posición es en principio de atender la oportunidad, no decir de entrada no, muchas de nuestras empresas buscan el mercado americano y tienen comerciales allí. Vamos a ver qué se está negociando. Hay preocupación por cuestiones de calidad, denominaciones de origen, reconocimiento de la diferenciación de nuestros productos, que EE UU no contempla en su normativa. Otra preocupación son las normas de seguridad alimentaria, las exigencias fitosanitarias, que no son equiparables entre EE UU y la UE. Pretendemos que ese acuerdo vaya a máximos de garantías, no a mínimos. Si Europa tiene más exigencias, que el otro lado también las tenga. En tercer lugar, que os derechos laborales de los trabajadores estén contemplados. Dicho todo lo cual, con papeles sobre la mesa nos debemos sentar con el Gobierno de España.

La exportación agroalimentaria ¿no se resiente como otros sectores?

Va como una bala. En los seis últimos años otros sectores han sufrido la crisis, pero éste no, su crecimiento ha sido espectacular, con un 12% el ultimo año. Se ve en las ferias internacionales. En Fruit Atraction la presencia de Andalucía ha crecido un 50% en un año. En el año 2015 se exportaron alimentos y bebidas por 8.873 millones de euros, un 5,5% más que el año anterior, acumulando así seis años consecutivos de crecimiento. En los primeros ocho meses del año, entre enero y agosto, se han exportado alimentos y bebidas por valor de 6.885 M€, esto supone un 11,7% más que en el mismo período del año anterior, cuando se exportaron 6.165 M€.

¿Y la ampliación de mercados?

Aunque el 90% es comunitario, se está abriendo a muchos países, en especial China, Brasil y los países árabes.