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El PP andaluz pide dos años de cárcel para Chaves y sube a ocho la petición para Griñán

El PP andaluz pide dos años de cárcel para Chaves y sube a ocho la petición para Griñán
  • Considera que además de los delitos de prevaricación y malversación de caudales, los expresidentes andaluces cometieron otro de asociación ilícita

El PP eleva las penas de la Fiscalía Anticorrupción y solicita dos años de cárcel para Manuel Chaves por un delito de asociación ilícita en el 'caso de los ERE'. Los populares han presentado esta mañana en el juzgado 6 de Sevilla su escrito de acusación de la pieza política o del procedimiento específico, aquella que procesa a 26 altos cargos, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por la supuesta concesión desde 2000 a 2010 de ayudas sociolaborales a empresas en crisis mediante un procedimiento ilegal y de forma arbitraria contraria a la normativa de subvenciones.

El PP, acusación popular, suscribe las peticiones de condena de la Fiscalía por los delitos de prevaricación continuada y malversación de caudales. La diferencia entre uno y otro delito es que para el de prevaricación solo está contemplada la inhabilitación y para la malversación hay pena de cárcel. Por ello la Fiscalía solicitó seis años de cárcel y 30 de inhabilitación para Griñán por ambos delitos, y diez años de inhabilitación para Chaves por el de prevaricación. El ministerio público también pide pena de seis a ocho años de cárcel a otros 17 excargos de la Junta, entre ellos los exconsejeros Antonio Fernández, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo. El resto solo tiene peticiones de inhabilitación.

El PP, en su escrito, eleva esta petición a los expresidentes y a todos los encausados al considerar, al contrario que la Fiscalía, que todos ellos cometieron un delito de asociación ilícita, lo que conllevaría pena de prisión para los 26 procesados.

La secretaria general del PP andaluz, Dolores López Gabarro, ha justificado este lunes el añadido de este delito de asociación ilícita en que el propio juez instructor, Álvaro Martín, en su auto del 31 de mayo de procesamiento de los encausados, considera que todos ellos “concertando sus actuaciones de un modo expreso o tácito, llevaron a cabo todos los actos necesarios para la implantación, mantenimiento y funcionamiento del denominado procedimiento específico".

Según López Gabarro, el PP sí entiende que hubo una trama para delinquir “durante más de diez años de manera concertada por todos los encausados para dar subvenciones a dedo y crear una red clientelar que le permitiera mantenerse en el poder”.

Con este argumento, el PP solicita dos años de prisión, 12 años de inhabilitación y 36.000 euros de multa para los 26 procesados. Ello significa que el PP es la única de las partes personadas en esta causa de los ERE que pide cárcel para el expresidente Manuel Chaves y también para los exconsejeros Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías, y eleva a ocho años la prisión para José Antonio Griñán.

Esta no es la única discrepancia del PP respecto no sólo a la Fiscalía, sino también al juez instructor. Los populares consideran que el dinero por el que han de responder de forma subsidiaria los acusados en caso de ser condenados no es la cantidad de 855 millones de euros, como fija el juez Álvaro Martín según lo calculado por la Intervención General del Estado que se concedió entre 2000 y 2012 con cargo a la partidas presupuestarias para ayudas sociolaborales de la Junta. El PP eleva esta cantidad a 1.280,4 millones de euros, basándose en otro informe, el de la Cámara de Cuentas de la Junta de Andalucía de las cantidades hasta 2010 y añadiendo las presupuestadas en 2011.

El PP es la última parte personada en presentar escrito de acusación. Manos Limpias, también acusación popular, lo hizo la pasada semana y suscribe la tesis de la Fiscalía. La Junta de Andalucía, personada como acusación particular, lo entregó este viernes pasado. Es la única acusación que no acusa a nadie y solicita el archivo de la causa contra los 26 procesados argumentando que solo en los actos de concesión directa de las ayudas desde la Consejería de Empleo pudo haberse cometido delitos con consideración penal. Defiende que lo único que puede observarse en la instrucción de esta pieza política son irregularidades administrativas, que no conllevarían delito penal.