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La Junta rescindirá sus contratos con empresas cuando estas adeuden dos meses de salarios

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Javier González de Lara, Carmen Castilla, Susana Díaz y Francisco Carbonero. / EFE

  • Susana Díaz firma con sindicatos y patronal un acuerdo de cláusulas sociales y medioambientales

La negociación ha sido «dura, complicada y difícil», pero la prometida guía para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en los pliegos de contratación de la Junta de Andalucía con empresas concesionarias de servicios públicos vio ayer la luz. Susana Díaz lo prometió en su discurso de investidura en abril de 2015, lo volvió a anunciar en diciembre y otra vez en mayo de este año. Ayer, por fin, en un acto cargado de simbolismo por la etapa política que se vive en España a la espera del desbloqueo para la formación del Gobierno, la presidenta de la Junta y los responsables de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, de UGT-A, Carmen Castilla, y de CC OO Andalucía, Francisco Carbonero, se hicieron la foto del acuerdo. El espacio elegido fueron los jardines del palacio de San Telmo que dan al salón de los Espejos, donde se presentó el documento, una guía para garantizar la transparencia y que las condiciones de los empleados de las empresas que contraten servicios con la administración autonómica sean dignas.

La Consejería de Hacienda y Administración Local, cuya titular, María Jesús Montero, también participó en el acto, trabajó desde junio con sindicatos y patronal en un documento final del que Susana Díaz quiso destacar el que la Junta rescindirá el contrato a aquellas empresas que adeuden más de dos meses seguidos de salarios a sus trabajadores. Una cláusula concebida como medida de presión para evitar el abuso al que en ocasiones algunas concesionarias someten a sus empleados para presionar a su vez a la Junta por la morosidad.

Díaz recordó que la Administración autonómica es la primera empresa de Andalucía que da trabajo a otras muchas empresas para la gestión de sus servicios, cuantificando el impacto económico de los contratos en más de 6.000 millones de euros. La guía de cláusulas «debe ser y servir de ejemplo», añadió, al resto de administraciones. El objetivo, remarcó, es el de «tener una sociedad más decente, más justa y que proteja el medio ambiente».

Por ello las cláusulas no solo deberán garantizar los derechos laborales y que las personas que dirigen las empresas tengan un comportamiento honesto en sus vidas, sino que promoverá el acceso al empleo de colectivos con dificultades, como los de renta mínima, con discapacidad, víctimas de violencia de género, desempleados de larga duración, mayores de 45 años y jóvenes menores de 30 años con escasa formación y experiencia laboral. También garantizan el cumplimiento de las normas de igualdad de género y hay una especial incidencia en la protección del menor.

Así en el documento acordado se establecen recomendaciones y cláusulas de obligado cumplimiento, entre estas la prohibición de contratar con aquellas personas físicas o jurídicas con sanciones de infracciones graves en materia laboral, medioambiental y social. La guía recuerda que la ley estatal obliga a que empresas con más de 50 trabajadores incluyan un 2% al menos de personas con discapacidad en sus plantillas, mientras que las compañías con más de 250 empleados deberán aplicar un plan de igualdad, con garantías de seguimiento y control de que se haga. Si las empresas aspirantes a contratos con la Junta no certifican ambas exigencias, serán excluidas de la licitación.

La Junta aplicará, en caso de empate de las ofertas, preferencias por aquellas compañías que acrediten el empleo del mayor número de personas con discapacidad o certificados de excelencia en materia de igualdad y calidad y gestión medioambiental. También tendrán ventaja las cooperativas.

Para frenar abusos como bajos salarios, las empresas deberán garantizar el cumplimiento de las condiciones de trabajo y los derechos laborales básicos, no pudiendo contratarse a una empresa cuya oferta sea inferior al coste salarial derivado del convenio colectivo aplicable.

Acoso sexual

Entre las cláusulas se alude de forma expresa a la prohibición de contratar con empresas con directivos condenados por acoso sexual. En caso de empresas que contraten servicios en el ámbito de menores, la exigencia de no estar condenado por acoso sexual se extiende también a los empleados.

Aunque no hay cláusulas específicas a la corrupción, sí se exige transparencia fiscal y la prohibición expresa de la utilización de domicilios en la lista de paraísos fiscales de la OCDE. El presidente de la CEA, Javier González de Lara, anotó que Andalucía se adelanta al propio Gobierno central al poner en práctica con esta guía varias directivas europeas. Tanto Carbonero como Castilla pidieron que las cláusulas se extiendan a otras administraciones, como ayuntamientos y diputaciones.

El Consejo de Gobierno aprobará un decreto con la guía en dos semanas y entrará en vigor una vez publicado en el BOJA.