Ideal

IU se suma a PP y Podemos y pide responsabilidad política a Susana Díaz en los cursos de formación

Un momento de una de las sesiones de la comisión parlamentaria de los cursos de formación.
Un momento de una de las sesiones de la comisión parlamentaria de los cursos de formación. / EFE
  • La oposición en bloque observa mala gestión de las ayudas para formación y solo el PSOE exime a políticos y funcionarios

La oposición en bloque coincide en pedir responsabilidades políticas a los gobiernos socialistas por la gestión de las ayudas para cursos de formación, 2.900 millones de euros entre 2000 y 2012, en las conclusiones de la comisión de investigación abierta en el Parlamento y cuyo plazo de entrega expiró ayer tras una semana más de plazo. Una coincidencia con una discrepancia importante: Mientras PP, Podemos e Izquierda Unida observan responsabilidades políticas en la presidenta de la Junta, Susana Díaz, Ciudadanos la exime de ello al considerar que no estaba en el Gobierno andaluz en los años en que se convocaron y concedieron cursos.

La sorpresa la dio ayer Izquierda Unida, única formación que no había adelantado sus conclusiones. Esta formación reveló que también reclama responsabilidades políticas a Susana Díaz, pese a las insinuaciones de días anteriores de que no iba a hacerlo. IU se suma al PP y Podemos, aunque en realidad secunda la conclusión de la formación morada, no las del PP sobre la presidenta andaluza.

Los populares sitúan la responsabilidad en la gestión de Díaz tanto como consejera de Presidencia, presidenta de la Junta e incluso en su etapa de responsable orgánica del PSOE, en relación a los convenios de UGT con el PSOE para dar cursos en casas del pueblo.

PP coincide, no obstante, con Podemos e IU en fijar la responsabilidad por la paralización de los cursos de formación desde 2011. Aunque fueron paralizados por el expresidente José Antonio Griñán para fiscalizar las ayudas concedidas ante las irregularidades detectadas tras saltar la investigación judicial a UGT, su sucesora continuó sin convocar cursos hasta este mismo mes de septiembre. Los tres partidos recriminan a la presidenta (y al actual consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado) por la pérdida de 800 millones de euros, que la Junta rehusó al no tener convocatorias para la formación para el empleo pese a que eran los peores años de la crisis con más de un millón de parados.

Para IU, según explicó su coordinador regional, Antonio Maíllo, la responsabilidad de Díaz es por «negligencia» al haber dejado demasiado tiempo sin ofertar cursos, aunque reconoció haber considerado «acertada» y «prudente» la paralización para la fiscalización en su momento. Considera además que después de tres años de investigación interna esta ha acabado sin resolver de forma «exhaustiva».

Sol y sombra

El secretario de Organización del PSOE, Juan Cornejo, se extrañó de la reflexión de Izquierda Unida, ya que esta formación formó parte del Gobierno andaluz hasta febrero del pasado año, es decir en tres de los cuatro años sin cursos de formación. «No se puede estar al sol y a la sombra al mismo tiempo», anotó.

En cualquier caso, IU, con cinco diputados, tampoco ayuda a PP y Podemos a sumar mayoría absoluta, por lo que no prosperará en las conclusiones finales del Parlamento la petición de responsabilidad política a Susana Díaz, ya que Ciudadanos votará en contra junto al PSOE.

Las responsabilidades máximas quedarán en los expresidentes durante la gestión de las ayudas, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en las que coinciden todos los partidos, incluido Ciudadanos. IU, sin embargo, también hace una distinción entre la responsabilidad de Chaves y la de Griñán, con quien este partido firmó un acuerdo de gobierno en 2012. La formación izquierdista carga contra Chaves por la elección de los consejeros de Empleo y por su responsabilidad 'in vigilando' en el control y evaluación de las ayudas y cursos. A Griñán solo le considera responsable por la elección de consejeros de Empleo que gestionaron las ayudas.

Solo el PSOE excluye en sus conclusiones responsabilidades políticas o de funcionarios. Para este partido, las 66 comparecencias en la comisión de investigación y la documentación consultada demuestra que nunca hubo «trama» ni orden de nadie para favorecer la concesión de ayudas o mirar hacia otro lado en la vigilancia. «Las ayudas se daban con órdenes reguladoras previas, con arreglo a la normativa básica estatal; la normativa no se ha diseñado para el fraude, y las deficiencias detectadas en los informes especiales son de carácter administrativo y en ningún caso de trascendencia penal», dice el PSOE, subrayando que los interventores dejaron claro en la comisión que no ha habido menoscabo de fondos públicos.

«Lo que no alberga duda, es la existencia del menoscabo social que se ha producido en Andalucía», opina Ciudadanos por boca de su diputada en la comisión, Marta Bosquet. La oposición sí cree que hubo negligencia y una práctica irregular en la concesión y control de las ayudas. PP sí observa «fraude» y cifra este en 1.970 millones, incluyendo los 822,3 millones del fondo devuelto en materia de formación. El PP reclama responsabilidad política a 35 cargos, siendo el que más pide.

Los partidos tratarán ahora de consensuar un texto común para el dictamen de la comisión.