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Ciudadanos evita que el Parlamento censure a Susana Díaz por los cursos de formación

Susana Díaz inauguró ayer el Centro Tecnológico de Investigación del cultivo de girasol en La Rinconada.
Susana Díaz inauguró ayer el Centro Tecnológico de Investigación del cultivo de girasol en La Rinconada. / EFE
  • El tope de las responsabilidades políticas podría quedar en los expresidentes Chaves y Griñán aunque los socialistas voten en contra

El portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, confirmó ayer que su formación exime de responsabilidad política a Susana Díaz en las conclusiones sobre la comisión de investigación de las supuestas irregularidades en los cursos de formación para el empleo pagados con fondos públicos. Tal posición, avanzada por este periódico hace una semana, evitará que el Parlamento censure a la presidenta del Gobierno andaluz por el caso de la formación, ya que los votos en contra de PSOE y C's suman mayoría absoluta.

PP y Podemos, los dos partidos que sí reclaman este reproche, no suman mayoría absoluta ni siquiera con los votos de Izquierda Unida, aunque esta formación tampoco parece que incluirá a Díaz en el listado de responsables políticos. Carecería de lógica dado que IU formó parte de su gobierno durante tres de los años investigados. IU ha sido la única formación que aún no ha avanzado las responsabilidades políticas, aunque sus cinco votos no son decisivos.

Marín reprochó a PP y Podemos falta de rigor al recordar que no fue Susana Díaz quien paralizó los cursos de formación, sino José Antonio Griñán en 2012. «Ella continuó la decisión». Marín, no obstante, opina que aquella decisión fue «acertada» y «coherente» porque era necesario paralizar las convocatorias y fiscalizar qué ocurría antes de seguir dando subvenciones. Una opinión que comparte el coordinador de IU, Antonio Maíllo. Por ello C's también exime de responsabilidad al consejero actual de Empleo, José Sánchez Maldonado, y a Luciano Alonso, exconsejero de Educación (consejería de la que dependió la formación para el empleo durante varios años). PP y Podemos le culpan de obstaculizar información al Parlamento, pero Marín valora la investigación interna expediente a expediente para que el dinero sin justificar pueda recuperarse. «Si se les puede achacar alguna responsabilidad (a Díaz y el consejero de Empleo) es por la tardanza en poner en marcha de nuevo los cursos», dijo Marín. Algo en lo que también coincide Maíllo: «Cuando se paraliza para aclarar unas irregularidades, no puede estar cinco años para reiniciar las actividades de formación, porque hacerlo ha tenido repercusiones en miles de trabajadores».

Ciudadanos, informó Marín, sí reclamará responsabilidades a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Coincide así con PP y Podemos, por lo que el tope de responsabilidades se quedará en los antecesores de Susana Díaz, aunque los socialistas, grupo con más diputados en la Cámara pero sin mayoría absoluta, se opongan a ello. Marín entiende que los expresidentes, «aunque no se llevaran dinero», y los consejeros de Empleo desde 2002 a 2012, son los que deben asumir responsabilidades, aunque estas ya estén «amortizadas», ya que todos ellos están fuera de la política por el 'caso ERE'.

Los partidos políticos tienen hasta el lunes para registrar las conclusiones de la comisión. A partir de entonces el presidente de la misma, Julio Díaz, diputado de Ciudadanos, elaborará una propuesta de dictamen con las conclusiones coincidentes de los grupos previa negociación de todos.

El consenso se prevé difícil a la vista de las conclusiones que han ido avanzando. PP, Podemos y Ciudadanos no coinciden en las responsabilidades que deben exigirse, pero sí en que la Junta de Andalucía gestionó mal las ayudas para la formación y hubo descontrol y dejación de funciones por parte de los responsables de la Administración. Los socialistas se ampararán en el Tribunal de Cuentas que no observó menoscabo de fondos públicos y en las declaraciones de los funcionarios rechazando lo mismo para apuntar la teoría de que si hubo irregularidades fue de las entidades que realizaban los cursos y que la Junta está recuperando el dinero no justificado.

Puede ocurrir como en el caso de la comisión de los ERE, que no haya acuerdo y que el dictamen del presidente de la comisión no obtenga el respaldo de la mayoría de la Cámara y se produzca un nuevo fiasco. A la vista de las propuestas de cada grupo es lo que parece que va a ocurrir.