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La exigencia de responsabilidades políticas por los cursos excluirá a Susana Díaz

Susana Díaz y Julio Díaz, el pasado 31 de mayo en la comisión de investigación.
Susana Díaz y Julio Díaz, el pasado 31 de mayo en la comisión de investigación. / EFE
  • Los grupos deberán terminar esta semana las conclusiones, al tiempo que la jueza Núñez Bolaños toma las últimas declaraciones antes de dar carpetazo al sumario

Los grupos políticos del Parlamento deberán entregar el próximo lunes día 19 sus conclusiones de la comisión de investigación llevada a cabo en el Parlamento sobre si hubo irregularidades en la concesión y control de cursos de formación por parte de la Junta de Andalucía y en quienes recaen las responsabilidades políticas si consideran que las hubo. Tienen por tanto toda esta semana para terminar y entregar el documento con sus deliberaciones. Ninguno ha adelantado qué responsabilidades políticas exigirá, pero ya se puede deducir que si PP reclama la de Susana Díaz, tal como dio a entender en la comisión, su propuesta no saldrá adelante. Fuentes de Ciudadanos han confirmado a este periódico que no respaldarán una iniciativa en tal sentido. PSOE suma mayoría absoluta con el partido naranja y el dictamen final deberá ser sometido a votación en el Pleno del Parlamento.

La comisión de investigación parlamentaria cerró el pasado junio tras prestar declaración ante los diputados 66 comparecientes de los 69 citados, entre ellos la presidenta Susana Díaz y los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Entre los que no acudieron estuvo la ministra en funciones de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, una consejera del Tribunal de Cuentas y un representante de Forja XXI.

La mayoría de los comparecientes fueron excargos políticos y funcionarios de los años investigados, desde 2001 a 2012. En estos años la Junta entregó 2.900 millones de euros en subvenciones para cursos.

Todos los interventores de la Junta defendieron la actuación conforme a la legalidad por parte de la administración y achacaron los problemas de seguimiento en determinados años al alto volumen de cursos concedidos y escaso personal para la fiscalización de las ayudas.

También hubo insistencia en trasladar que no ha habido menoscabo de fondos públicos, ya que las irregularidades de entidades o empresas ejecutoras de los cursos se han detectado a tiempo de reclamar el dinero. En este sentido, fue clave la comparecencia en mayo del director general de Formación Profesional para el Empleo de la Junta, Manuel Jesús García Martín, que cifró en 58.473,56 euros los fondos prescritos, un 0,002% de las ayudas. La prescripción responde a subvenciones otorgadas en 2002 y 2003.

90 millones

El consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, informó mas tarde que la Junta reclama 141 millones de euros a un millar de empresarios, si bien solo 90 millones están en fase ejecutiva, ya que el resto está en periodo de alegaciones. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, comparecerá esta semana en comisión parlamentaria para dar los últimos datos sobre el dinero recuperado de los expedientes de reintegro.

El PSOE defenderá la tesis antes apuntada, pero los grupos de la oposición (PP, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida) sí destacarán en sus conclusiones que hubo descontrol, miradas hacia otro lado y enchufismo en la fiscalización de las ayudas por parte de la Junta de Andalucía. En qué medida y con cuáles consecuencias son cuestiones que los partidos responderán en sus escritos, que aún redactan y que no desean avanzar hasta su registro.

Las peticiones de responsabilidad para estos pueden ir desde los directores generales, viceconsejeros y consejeros de Empleo de aquellos años a los expresidentes Chaves y Griñán. Todos ellos están fuera de la política. También cabe peticiones de responsabilidad a actuales cargos públicos por parte del Partido Popular.

El presidente de la comisión de investigación, Julio Díaz, diputado de Ciudadanos, deberá elaborar una propuesta de dictamen que refleje las consideraciones de todos los grupos. Ese dictamen en teoría debería ser consensuado, así lo ha pedido el portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, partido sobre el que recae una gran presión a partir del día 19.

Cabe la posibilidad de que las conclusiones de los cursos de formación estén sobre la mesa de negociaciones que PP y Ciudadanos inauguran esta semana, si bien el mismo Marín ha excluido este asunto entre las propuestas que llevará a la reunión del miércoles. El PP aún no ha dado a conocer las suyas.

La entrega de las conclusiones no estará exenta de polémica. El PP ya ha denunciado que el informe de la auditoría externa sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) está «mutilado». La auditoría, según la Junta, excusa a esta de cualquier ilegalidad.

Archivo

La fase final de la comisión coincide con los últimos coletazos de la instrucción judicial abierta por el mismo asunto en el juzgado 6 de Instrucción de Sevilla, en el que hay 24 cargos políticos socialistas investigados o imputados. El juzgado 6, que dirige la jueza María Núñez Bolaños, está a la espera del escrito de la Fiscalía Anticorrupción para archivar la causa, según filtraron fuentes judiciales el pasado junio. El archivo se producirá al constatar, según las mismas fuentes, que no hubo delito en las actuaciones investigadas, aunque se admita irregularidades administrativas.

Por lo pronto este martes tomará declaración a la exdirectora general de Formación, Teresa Florido, cuñada del exconsejero Ángel Ojeda, uno de los investigados, y de la interventora provincial de la Junta en Sevilla.