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El Fiscal afirma que hará todo lo que pueda para impedir el proyecto gasístico de Doñana

  • Desvela que el Ministerio de Industria aprobó la declaración de interés público para que empezara las obras del gasoducto siendo Soria ministro en funciones

El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, aseguró ayer tarde en el Parlamento que hará «todo lo que esté en mi mano» para impedir el proyecto de Gas Natural que pretende construir pozos y un almacén de este hidrocarburo en el entorno de Doñana. Fiscal afirmó que seguirá insistiendo al Gobierno central para que rectifique y permita la evaluación ambiental conjunta de los cuatro proyectos presentados por una filial de la gasística, ya que, en su opinión y la de los juristas de la Junta, es la única forma para dar marcha atrás a las obras comenzadas esta pasada semana en Marismas Occidental, que la Junta no puede paralizar porque están fuera del terreno protegido del espacio natural de Doñana y no es competente en materia de hidrocarburos.

El consejero defendió la gestión de la Junta de Andalucía y anunció que ya ha puesto en conocimiento de la Comisión Europea el partición del proyecto en cuatro partes, lo que estima una artimaña para obtener la declaración positiva de impacto ambiental.

Fiscal recordó que la legislación otorga las competencias en hidrocarburos al Gobierno central. Fue el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente el que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en 2013, pero desveló que la declaración de interés público del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para que comenzaran las obras corresponde a este año, cuando Soria era ministro en funciones.

El consejero confía en que la no concesión por parte de la Junta de la autorización ambiental unificada a 'Marisma Oriental' «representa un serio obstáculo para la viabilidad de los demás», lo que podría abortar el almacén de gas. Admitió que la Junta no pudo negarse a las autorizaciones de otras partes del proyecto por estar fuera del territorio protegido.

Aún así, desvincula estas autorizaciones, concedidas hace varios años, a la demanda de Gas Natural contra la Junta exigiéndole 358 millones de euros como indemnización por responsabilidad patrimonial. Fecha esta demanda en 2014, cuando la Junta solicitó al Gobierno central que unificara los proyectos para de esta forma evaluar su impacto ambiental y se paralizaron los trámites. Dio esta explicación para demostrar que la Junta no ha tenido connivencia con la gasística, como le acusa la oposición.

El delegado del Gobierno, Antonio Sanz, acusó a la Junta de haber cambiado de opinión y recordó que este proyecto ha sido impulsado por gobiernos del PP y del PSOE en Madrid. José Antonio Castro (IU) y Mercedes Barranco (Podemos) tildaron de «aberración» el gasoducto de Gas Natural. Podemos achacó que saliera adelante a la influencia de Felipe González, que fue miembro del consejo de administración de Gas Natural y antes del Consejo de Participación de Doñana.