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Lola Tortosa
Miércoles, 7 de septiembre 2016, 00:27
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El Gobierno andaluz admitió ayer que no paraliza las obras del oleducto gasístico en el entorno de Doñana porque no se realizan en terreno del espacio protegido y la empresa promotora, Fenosa Gas Natural, amenaza con solicitar una indemnización a la administración autonómica superior a 320 millones de euros si esta ordenara la detención de las máquinas.
Así lo confirmó ayer el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ante la reacción en contra de grupos políticos y ecologistas, quienes miran a la Junta de Andalucía, con las competencias en medio ambiente y minas, para que ordene una paralización cautelar de las obras. «No hay elementos jurídicos ni instrumentos legales para paralizar ese proyecto porque está fuera del espacio protegido», argumentó el portavoz, que lanzó la pelota de la decisión al Gobierno central, que dio el visto bueno al proyecto en la declaración de impacto ambiental.
Vázquez recordó que el ejecutivo andaluz tampoco ve con buenos ojos el proyecto y se ha opuesto en lo que le permite la ley, en las actuaciones que la empresa gasística pensaba llevar a cabo en el espacio protegido. La Junta no otorgó la autorización ambiental unificada (AAU) al proyecto Marismas Oriental, por su afección negativa a este espacio natural, aunque admitió que no pudo hacer lo mismo con las otras partes.
La extracción de gas en el entorno de Doñana se realiza desde los 80. En 2008 la empresa gasística pide permiso para abrir nuevos pozos y construir un almacén subterráneo para su almacenamiento.
Cuatro partes
La propuesta que afecta a las proximidades del espacio de Doñana consta de cuatro proyectos: Saladillo, Marismas Occidental, Marisma Oriental y Aznalcázar. Todos ellos obtuvieron del Gobierno central la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en 2013, año en el que la Junta intenta pararlos sin mucho éxito por la amenaza de la indemnización.
Tanto ecologistas como la Junta coinciden en oponerse a la división del proyecto en cuatro partes. De haberse considerado una actuación de conjunto, la declaración de impacto ambiental hubiera resultado negativa. El proyecto ha sido denunciado ante instancias europeas y organismos que velan por la protección de Doñana.
La obra que ha empezado esta semana es la del proyecto Marisma Occidental. Según explican las organizaciones ambientales, las obras consisten en la instalación de 70 kilómetros de gasoductos, la apertura de 16 pozos de extracción de gas y la utilización del subsuelo como «almacén permanente de gas», informa Europa Press.
Asimismo, las ONG avisan de que la ejecución de este proyecto supondría la transformación y la «desnaturalización» del espacio natural más emblemático de España. Igualmente, creen su desarrollo incrementaría los riesgos para la población, para el acuífero y para todo el ecosistema de Doñana.
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