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El exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda
El exconsejero Ojeda se define como un «ciudadano ejemplar»

El exconsejero Ojeda se define como un «ciudadano ejemplar»

El empresario investigado por fraude en los cursos de formación afirma que todo lo hizo de forma legal, se niega a responder al PP y acusa a la Policía de tratarle «como a un terrorista»

María Dolores Tortosa

Lunes, 11 de abril 2016, 14:36

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El exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda ha reiterado esta mañana en el Parlamento andaluz que siempre ha cumplido con la legalidad y ha justificado todo el dinero recibido de las administraciones públicas para la realización de cursos de formación a través de su grupo de empresas Prescal. Todo en mi vida ha sido absolutamente legal, he pagado todos mis impuestos, no he tenido ningún problema nunca con la Justicia ni con la Policía, creo que soy un ciudadano normal, diría que casi ejemplar, ha manifestado en la exposición antes del interrogatorio de los partidos en la comisión de investigación sobre irregularidades en la gestión de los cursos pagados con dinero de la Junta desde 2002 a 2012.

Ojeda ha comparecido en calidad de empresario. Recibió de la Junta 52 millones de euros. Cien de los 48.500 expedientes que investiga la comisión pertenecen a ayudas a sus empresas. Ha respondido a las preguntas de los diputados de IU, Ciudadanos, Podemos y PSOE, pero se ha negado a contestar a la portavoz del PP, Teresa Ruiz Sillero.

Ojeda se ha lamentado que se le trate como exconsejero de la Junta, cuando dejó la política hace 25 años y que lo que ha sido desde entonces es empresario entre otros trabajos. Ha resaltado que tiene clientes de 17.000 empresas privadas y 50 entidades públicas y ha dado trabajo a 3.000 personas. Hijo de militar, ha recordado que su madre era maestra y sus hermanos se han dedicado a la enseñanza. Ha insistido en una biografía con cargos privados y públicos al frente de bancos, empresas sanitarias y se ha arrogado protagonismo en el diseño de la sanidad pública española de los años ochenta.

Ojeda, investigado por presunto fraude en los cursos de formación de sus empresas, sobre todo por la gestión de los destinados a los exempleados de Delphi, casi 33 millones de euros concedidos por la Junta, se ha lamentado del trato de la Policía, en concreto de la unidad de delitos económicos y fiscales (UDEF). Ahora con 67 años, ha relatado que llevaba una vida de jubilado, de pasear al perro en Sanlúcar cuando su vida cambió la mañana del 4 de agosto de 2014 cuando seis policías de la UDEF, venidos directamente de Madrid, mandados por el Gobierno central, me detuvieron. Me abordaron, casi me tiraron al suelo, me esposaron y durante tres días me metieron en un calabozo de aislamiento como si de un terrorista o un narcotraficante peligroso se tratara.

El empresario, expulsado del PSOE tras su imputación, ha arremetido contra todos, contra el Gobierno del PP y contra el socialista del Gobierno andaluz y contra unl inspector jefe de la UDEF, cuyo nombre obvia y que ahora está siendo investigado por presuntamente falsear documentación para su detención. Solo ha ensalzado la labor de los funcionarios de la Junta de Andalucía. Ha sugerido que las dos operaciones policiales con más de 400 detenidos en febrero y marzo de 2015 se hicieron por las elecciones autonómicas andaluzas. Añade que todos fueron puestos en libertad y muchos sin cargos. Opina que lo único que puede encontrarse en los cursos de formación de Andalucía son irregularidades administrativas y señala a intereses políticos que se haya ido a la vía penal.

Ha cuestionado cómo el 90%de las detenciones y causas abiertas sobre irregularidades de cursos que se detectan en toda España se estén concentrando en Andalucía cuando, en su opinión, lo que ocurre en otras comunidades es mucho mas grave. Al ser preguntado por la diputada de Ciudadanos, Marta Bosquet, por qué en su opinión hay investigaciones penales en Andalucía, 18 juzgados en concreto tienen abiertas pesquisas, ha respondido: Cuando un inspector jefe pone su sello de la UDEF en un atestado, no hay fiscal que pare eso.

Ha contado que las ayudas recibidas de la Junta para cursos de formación son solo un 1% del total, mientras que las que ha recibido del Gobierno central suponen un 18%. He realizado cursos en toda España, en todas las provincias, todo lo he hecho legal, ha insistido. Ha acusado a la ministra en funciones de Trabajo, Fátima Báñez, de intentar frenar la concesión de cursos a sus empresas por parte del Gobierno central cuando supo que un exconsejero socialista era el empresario, pero que los tribunales le hicieron dar marcha atrás porque la adjudicación por concurso se había hecho de forma legal.

Ha reconocido que tiene unas sesenta demandas contra la Junta de Andalucía por la vía de lo contencioso administrativo para que le paguen el 25% de las subvenciones que le restan después de completar las justificaciones. Ha presumido de forma constante que lo esta ganando todo en los tribunales, aludiendo a la sentencia reciente que condena a la Junta a pagarle 34.000 euros de cuatro cursos e incluso las costas del proceso.

Ha respondido que la querella contra la Junta por prevaricación masiva se justifica para evitar su indefensión. La Junta, revela, ha dado un plazo de diez días a los empresarios investigados como él para remitir certificados de los cursos de hace cuatro años. Si no se remiten no solo pueden perder el 25% que les queda por cobrar, sino el 75% restante, lo que puede ser una ruina para muchos de los pequeños empresarios que se han dedicado a dar cursos de formación. Ha insistido en que todos los empresarios andaluces han pagado y justificado y que lo que hay son discrepancias de índole administrativa.

Sobre este conflicto con la Junta la diputada del PP advierte de que se trata de un aspecto interesante y lo único que ha creído del político. Ha puesto usted una pica en Flandes, le ha dicho, en relación a lo que considera una evidencia de la mala gestión del Gobierno andaluz de la vigilancia de los cursos, responsabilizando abiertamente a Susana Díaz de un posible desaguisado, ya que fue la presidenta la que dio la orden de paralizar las ayudas. La Junta paga tarde y mal. Es la Junta la que nos tiene que pagar lo que nos debe, ha subrayado Ojeda en sus intervenciones.

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