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Estudiantes granadinos, durante un examen.
Los escolares andaluces estudiarán memoria histórica

Los escolares andaluces estudiarán memoria histórica

Según la nueva ley, se revisarán además los libros de texto para que la información que faciliten sea «rigurosa»

Lalia González-Santiago

Miércoles, 14 de octubre 2015, 00:19

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Los estudiantes andaluces de Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Permanente de Adultos estudiarán contenidos relacionados con la memoria histórica. No habrá una asignatura específica, sino que se incluirán en los contextos adecuados, dijo la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, al presentar el proyecto de Ley de Memoria Democrática, que ayer aprobó el consejo de Gobierno. Además, se revisarán los libros de texto para que la información que faciliten sea «rigurosa» de acuerdo con los avances de la historiografia y se impulsará la investigación desde las universidades.

Se trata, dijo la consejera, de «sembrar convivencia» en las aulas con una ley que quiere «conocer la verdad para evitar volver al pasado, para construir el futuro». «Verdad, Justicia, reparación para la no repetición» son las claves de la norma, que recoge también las instrucciones de las Naciones Unidas y que se presenta con la ambición de ser una ley «de todos» que logre incluso «la unanimidad» del Parlamento, para lo que se negociará con los grupos parlamentarios.

El proyecto que salió ayer del Consejo de Gobierno es prácticamente el mismo que ya estaba en tramitación en el Parlamento y que no pudo aprobarse definitivamente por finalizar la legislatura. De este modo, el Gobierno de Susana Díaz asume el contenido elaborado por el gabinete anterior y en concreto por el área de Izquierda Unida, en la vicepresidencia que ostentaba Diego Valderas, y que había sido negociado con las asociaciones de memoria histórica.

Sobre el texto ahora remitido al Parlamento se introducirán enmiendas de adaptación, dijo Aguilar. Se ha optado por esta fórmula para agilizar la puesta en marcha de una ley que tiene su primer antecedente en un decreto de 2001 para reconocer la consideración de los presos políticos.

También en la Transición

Entre las principales novedades está la extensión de la consideración de víctimas al periodo de la Transición. Así, se contempla esta condición a quienes sufrieran represión desde el 14 de abril de 1934, proclamación de la República, hasta el 11 de enero de 1982 (fecha de publicación del primer Estatuto de Autonomía). Incluirá casos como la muerte por un disparo en una manifestación de José Manuel García Caparrós, en Málaga en 1977. También podrán tener consideración de víctimas los bebés robados, mujeres vejadas y colectivo LGBT y sus familias.

Asimismo, a partir de la entrada en vigor de la ley se da un plazo de 18 meses a los ayuntamientos para que retiren los símbolos franquistas de sus términos. Entre tanto, se está realizando un mapa de los existentes, a fin de agilizar la aplicación de la medida. Se establece la prohibición expresa de exhibir simbología fascista.

Otra enmienda adaptará la norma a la Ley de Patrimonio Histórico a fin de que las fosas que se excaven no tengan carácter de restos arqueológicos y deban ser entregadas a los museos. La ley reforzará el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática. Se crearán 'Lugares de memoria' y un catálogo. Además, se mantiene la facultad de la Administración autonómica para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, según el principio de justicia universal.

También contempla la ley un régimen sancionador, que fija como infracciones muy graves, con multas de entre 10.001 y 150.000 euros, remover o construir en los terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, la destrucción de estas o las excavaciones sin autorización. De carácter grave, con multas de entre 2.001 y 10.000 euros, se consideran incumplir la orden de retirada de escudos, insignias o placas; no conservar o realizar obras en los lugares de memoria democrática; trasladar restos humanos sin autorización, o no informar de su hallazgo casual. Entre las leves (200-2.000 euros) figuran la exhibición pública de placas, escudos, insignias y otros elementos; impedir la visita pública, y dañar los espacios que estén catalogados como Lugares de Memoria. Hasta el momento, dijo Aguilar, se han excavado unas 70 fosas.

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