Anticorrupción recurre contra la orden de Alaya a la Policía para que deje de investigar los cursos de formación

La Fiscalía anticorrupción ha recurrido la orden de la jueza Mercedes Alaya dada al Cuerpo Nacional de Policía para que deje de investigar el presunto fraude en los cursos de formación y también se ha manifestado en contra de que la magistrada acapare las pesquisas sobre este asunto que se realizan en los juzgados de varias provincias, entre ellas Málaga, Granada y Almería.

En un recurso conocido esta mañana, pero firmado el pasado martes, Anticorrupción atribuye suprema autoridad a los juzgados provinciales, entre ellos al 8 de Málaga donde se originó el caso Edu, para que sigan instruyendo con la Policía siempre y cuando se traten de ayudas concedidas por las delegaciones provinciales. También reclama a la jueza que en lugar de apartar a la Policía haga porque esta coopere y colabore con la Guardia Civil, cuerpo elegido por ella en su investigación de los cursos.

Alaya firmó un auto la pasada semana en el que ordenó a la brigada central de la Unidad de Delincuencia y Fiscal de la Policía (UDEF) que deje de investigar los cursos de formación porque pone en peligro serio su instrucción al invadir ilegítimamente parcelas de la investigación que le son ajenas. La magistrada pidió al director general de Policía, Ignacio Cosidó, el cese inmediato de las pesquisas policiales.

La UDEF investiga para los juzgados de varias provincias sobre los cursos de formación a raíz del caso Edu destapado en Málaga. Alaya ha encomendado la instrucción sobre los cursos que sigue en su juzgado, el número 6 de Sevilla, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). En el caso de los ERE fraudulentos, la jueza apartó a la Policía por desconfiar de sus pesquisas y entregó la investigación a la Guardia Civil.

Ante la posible conflictividad entre las dos fuerzas de seguridad, la Fiscalía reclama a la jueza que exija la coordinación al debido nivel entre ambos cuerpos en lo que al objeto procesal de estas investigaciones se refiere y siempre en aras al buen fin de la investigación, tanto en las actuaciones ya practicadas como en las que pudieran realizarse en el futuro.

La Fiscalía distingue las diligencias instruidas en distintos juzgados de la comunidad y las que investiga prevaricación, malversación y fraude de subvenciones en el seno de la Dirección General de Formación de la Junta. En este caso, sí atribuye a la jueza Alaya su competencia. También entiende la Fiscalía que la investigación de las empresas del empresario y exconsejero Ángel Ojeda depende de Alaya, ya que recibió subvenciones tanto de delegaciones como de la dirección general y en este caso prima el primer juzgado que inició la investigación.

Anticorrupción trata de poner orden en el caos de la investigación de los cursos. Primero, considera que la causa abierta por el juzgado de Alaya sobre los cursos emana del caso de los ERE (la causa 174/11) y luego de las diligencias sobre Juan Lanzas, declaradas secretas, y se basa en la declaración del funcionario Teodoro Montes a la Guardia Civil de agosto del pasado año.

Recuerda que la causa de formación fue dividida por la Audiencia Provincial de Sevilla. (El juzgado 6 de Sevilla perdió la investigación sobre el sindicato UGT, que pasó al número 9 pese a que Alaya había ordenado una redada en su sede central).

Anticorrupción apunta que la investigación de Alaya se amplió luego con la remisión de las diligencias de la Fiscalía Superior de Andalucía sobre irregularidades en la Consejería de Empleo en la concesión, gestión y seguimiento de las ayudas a cursos, que se hacían eco del informe de la Cámara de Cuentas, y otro de la Inspección General de Trabajo sobre el empresario y exconsejero Ángel Ojeda.

Pero también subraya que paralelamente, en meses anteriores se han venido desarrollando investigaciones por la UDEF en la llamada operación Edu, donde se ponían de manifiesto igualmente irregularidades en la concesión, gestión y justificación de estos fondos. Dichas diligencias, en principio de la Fiscalía de Málaga, quedaron divididas en distintos procedimientos y turnadas y remitidas a fiscalías y juzgados de las provincias andaluzas, dice el escrito.

La remisión se hace porque se trataban de expedientes acordados por la Delegaciones Provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Por tanto la sede del órgano concedente es prima facie un criterio de atribución competencial, argumenta. También en atención al domicilio social y desarrollo de la actividad de las empresas beneficiarias. Bajo estos criterios se atribuyó competencia territorial a estos órganos judiciales y en ellos es en los que continua la investigación la UDEF. Por ello, pide a la jueza que se complemente el requerimiento dado al director general de la Policía en el sentido que solamente se extienda a aquellas investigaciones objetos del presente procedimiento conforme a lo expuesto ut supra y no a aquellas que se desarrollan en cada provincia bajo la suprema autoridad de los respectivos órganos judiciales.