Los fiscales apelan a «criterios de eficacia» ante una 'macrocausa' sobre cursos de formación

¿Habrá o no una 'macrocausa' judicial sobre los cursos de formación, al estilo de la que se ha creado a partir de la investigación de los ERE fraudulentos en Andalucía? La cuestión ha sido tratada por los fiscales-jefes de todas las provincias andaluzas , que han celebrado una reunión de su junta ordinaria en Granada, desde la tarde del jueves y hasta mediodía de ayer, presidida por el Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón.

La junta incluyó en su extenso orden del día las investigaciones judiciales sobre el presunto fraude en los cursos de formación. Se trataba de 'unificar doctrina' a la hora de enfrentarse a un asunto complejo por su extensión geográfica y su envergadura económica.

En este sentido, y según las fuentes consultadas, los fiscales han acordado esperar a ver cómo evolucionan los distintos casos, ya que hay 18 investigaciones abiertas en el conjunto de Andalucía, antes de decidir si optan por acumular las causas siguiendo criterios de territorialidad, etc, lo que podría dar lugar a un nuevo 'macroproceso' al estilo de los ERE.

Pero, de momento, no hay nada en este sentido. Sea como fuere, los medios consultados indicaron su pretensión de guiarse por un «criterio de eficacia» que impida que este asunto se enrede y se perpetúe en los tribunales.

Fuentes consultadas indicaron que los fiscales han abordado el asunto como un problema ordinario de derecho procesal y que no han adoptado ningún acuerdo. Cada caso se verá en concreto y se andará el camino, ya que se considera muy complejo adoptar una norma común. «No hay dos casos iguales», dijeron.

Así, por ejemplo en una de las investigaciones que afectan al exconsejero Ángel Ojeda abierta en la provincia de Cádiz se puede adoptar el criterio de unidad de causa, ya que el juez se acaba de inhibir en favor del juzgado que primero instruyó el caso, al que pertenece la operación desarrollada este verano y en la que el exconsejero fue detenido, y que es el juzgado número 6 de Sevilla, de la magistrada Mercedes Alaya.

Diferentes son los casos de Málaga, o de Huelva, donde el juez se ha plantado a la hora de instruir de manera «ortodoxa», según las fuentes consultadas, sin pedir «expedientes de quince años».

Además, hay aspectos relacionados con el presunto fraude de los cursos dentro del sumario de las facturas falsas de UGT o la investigación sobre la FAFFE, donde interviene la Fiscalía Anticorrupción, que no reporta en las fiscalías provinciales, sino que lo hace directamente a Madrid.