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Fernández Sevilla (en camisa) y su abogado.
Anticorrupción pide una fianza de 296.000 euros al exlíder de UGT-A Francisco Fernández Sevilla

Anticorrupción pide una fianza de 296.000 euros al exlíder de UGT-A Francisco Fernández Sevilla

Alaya le acusa a él y a otro sindicalista de CC OO de malversación de fondos públicos por el ERE de la tabaquera Altadis

M. D. T.

Jueves, 24 de julio 2014, 00:35

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El exsecretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, y el también secretario de la federación agroalimentaria de CC OO, Antonio Perianes, se acogieron a su derecho a no declarar ante la jueza Mercedes Alaya, que les acusa de un delito de malversación por su intervención como mediadores en el expediente de regulación de empleo (ERE) concedido por la Junta de Andalucía a la multinacional del tabaco Altadis, que la magistrada considera ilegal.

Como otros imputados, los sindicalistas argumentaron para guardar silencio el no haber tenido acceso a la documentación y tampoco habérseles clarificado los hechos de los que se les acusan. La Fiscalía Anticorrupción pidió a la jueza que se les imponga a ambos una fianza civil de 296.000 euros. La Junta de Andalucía, personada como acusación, no solicitó medida cautaler.

La Junta de Andalucía concedió en 2005 un ERE a Altadis por el que pagaba las prejubilaciones de 176 trabajadores de la planta de Cádiz y otros 209 de la de Sevilla. Los dos sindicalistas participaron en las firmas de los acuerdos, por los que la administración andaluza se comprometió a abonar 26 millones de euros, aunque luego, según el escrito de la jueza, «se llegaría a la cifra de 34,4 millones de euros».

Alaya detecta hasta 15 irregularidades en el trámite del ERE y considera que el convenio de la Junta con la empresa «no recogía el importe de las ayudas, lo que supuso un cheque en blanco contra los fondos andaluces, que serían utilizados discrecionalmente y sin control».

Fernández Sevilla y Perianes eran representantes de sus sindicatos en la negociación. El que luego fue secretario general de UGT (cargo del que dimitió en diciembre) manifestó a los periodistas a la salida del juzgado que no tiene «nada que ocultar», ya que firmó «un acuerdo base» conocido por todos. Añadió que está dispuesto a declarar cuando su abogado pueda acceder a toda la documentación del caso.

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