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Elena Cortés y Susana Díaz, ayer en Albox (Almería).
El TSJA avala el realojo de las familias okupas

El TSJA avala el realojo de las familias okupas

Archiva la denuncia contra Elena Cortés y rechaza la prevaricación porque la entrega de las viviendas públicas no estuvo inspirada «por una finalidad arbitraria e injusta»

MARÍA DOLORES TORTOSA

Sábado, 28 de junio 2014, 00:52

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La sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha archivado la denuncia de 'Manos Limpias' por un presunto delito de prevaricación contra la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, por el realojo transitorio el pasado mes de abril de ocho familias de okupas de la corrala 'Utopía' en viviendas de la Junta de Andalucía sin concurso previo. El alto tribunal no solo estima que no hay delito por parte de la consejera, sino que concluye que en aquellas actuaciones no hubo «ningún hecho que remotamente pudiera tener alguna significación penal». Es más, afirma que no estuvieron inspiradas por una «finalidad arbitraria o injusta», sino «por la necesidad de atender a una situación urgente por mandato judicial» y que en nada puede tacharse de «prevaricadoras».

El auto del TSJA avala de esta forma aquel polémico realojo del pasado abril en Sevilla, que provocó la mayor crisis de gobierno entre PSOE e Izquierda Unida. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, llegó a retirar las competencias en materia de vivienda protegida a la titular de Fomento, quien en el momento del realojo se encontraba de viaje oficial en Colombia aunque en permanente contacto con su consejería.

Durante varias horas el pacto entre PSOE e IU estuvo en el aire, hasta que Díaz restituyó las competencias después de que PSOE e IU se comprometieran en un escrito que no habría más realojos que los ocho primeros. Otras nueve familias de la corrala se quedaron sin llaves.

Díaz y Cortés coincidieron ayer en un acto en Almería, donde la consejera dio rienda suelta a su alegría por la resolución judicial. «El realojo fue justo y legal», enfatizó para añadir que se alegra «por todas las familias que tienen derecho a la vivienda y que buscan en la política respuestas y soluciones».

Susana Díaz no mencionó el auto. En su lugar habló el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, coordinador del comité de enlace de PSOE e IU en el Gobierno. Dijo que la deliberación judicial demuestra que todo el proceso «condujo a la legalidad». Ninguno de los socios de gobierno quiso recordar la polvareda que se levantó cuando Susana Díaz intentó frenar sin éxito la entrega de llaves a las familias desalojadas, ya que entendía que podría ser ilegal y dar pie a derechos de vivienda pública a quienes dan 'la patada'. La presidenta confesó después en una entrevista que pensó en romper el pacto con IU y adelantar las elecciones «si no se hubiera restablecido la legalidad».

El coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, protagonista de aquel duelo con Díaz, fue cauto respecto a su socia de gobierno, aunque ayer mostró su alegría con menos comedimiento que Cortés y apuntó que sería conveniente que «haya gente que reconozca sus errores ante las familias», pero no explicó qué gente. Para Maíllo «nunca más se podrá cuestionar sin pruebas ni fundamentos» la actuación dentro de la legalidad de su formación en el Gobierno.

Informes sociales

El auto judicial llega después de que los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla hayan avalado el realojo provisional de las familias, una de las condiciones del escrito firmado por PSOE e IU en la noche del 12 de abril.

El TSJA subraya que la denuncia de Manos Limpias contra Cortés se puede «archivar sin más trámites», ya que el colectivo ultraconservador atribuye a la consejera la autoría de la orden de realojo de las familias cuando dicha orden fue firmada por el director general de Vivienda, Antonio Ibáñez. Los magistrados pudieron haberse quedado aquí, ya que Ibáñez no está aforado y no depende del TSJA, pero optaron por analizar los hechos y anotar consideraciones.

El relato de los hechos coincide con la versión que siempre dio Izquierda Unida. El TSJA apunta que los realojos provisionales fueron «inducidos por el mandato judicial (25 de febrero) de proveer lo necesario para el realojo de familias con menores o en riesgo de exclusión social». Es el reflejo «de una decisión política que se implementa a través de resoluciones administrativas que no pueden reputarse de prevaricadoras», agrega. También sostiene que tiene cobertura jurídica, como es la del Reglamento de Viviendas Protegidas.

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