Con el agua al cuello y pidiendo, como sea, que se les ayude a seguir flotando. Así se mostraban ayer más de una decena de representantes de la Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS-A) en la provincia de Almería. Hasta el punto que ya no saben qué hacer para que la Administración cumpla con sus compromisos y les ingrese el dinero comprometido, una deuda que les está hundiendo los pies en el barro y que amenaza, incluso con el cierre, en algunos de los colectivos que trabaja con las personas que necesitan una atención específica. Han estado en Sevilla, se han manifestado en Almería. Y ayer llevaron su protesta a la Delegación de la Consejería de Hacienda. Con camisetas, protestaron en el edificio de la calle Arapiles y reclamaron una actuación urgente que palie la situación «extrema» por las que pasan las organizaciones.
Francisco Alonso, delegado provincial de FEAPS, habla de impagos salariales y de seguros sociales, de suministros... e incluso que se está poniendo en riesgo la correcta atención a las personas con discapacidad intelectual. «En Almería hay unas 600 personas con discapacidad atendidas por unas 240 personas empleadas. Pero la Junta nos debe ya alrededor de dos millones y medio. La situación no pasa por una respuesta coyuntural. Pasa por saldar la deuda porque es una deuda que a su vez nosotros estamos contrayendo con proveedores y con trabajadores», remarco.
Durante el fin de semana pasado, en el Congreso Regional del PSOE, mantuvieron una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y con la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. No han visto aún ningún resultado positivo. Y están hartos y asfixiados, pero con ganas de seguir luchando por lo que creen justo: que las personas con mayor necesidad sean la prioridad a la hora de solventar deudas y poner los euros encima de la mesa.
Asprodesa, una asociación que trabaja con personas con discapacidad intelectual en el Poniente, tiene problemas serios. Ricardo García, director técnico de la organización, remarcaba ayer que la deuda les está llevando a dejar sin abonar la nómina de junio a los 85 empleados que tienen. Un impago que se suma a las pagas extraordinarias de verano y Navidad. «No hemos reducido personal porque o nos salvamos todos o nadie. Estamos todos en el mismo barco». Asprodesa da de comer a más de 180 personas cada día. Y tienen a 76 residentes, personas con discapacidad intelectual que están allí 24 horas al día los 365 días del año. «Algunos ni siquiera tienen familia. No se me ocurre pensar qué pasaría si pasado mañana cierra el centro». Por suerte, los que sí tienen familia están contando además con ellas como cómplices. «No están para pagar más. Pero están recogiendo firmas y difundiendo la situación», remarca García.
En Aspapros, que actúa en la zona de la capital y el Bajo Andarax, se están pagando las nóminas, pero con retraso. Este año no han podido contratar personal de refuerzo para el verano. Y si no cobran, corre el riesgo de tener que echar la llave durante el mes de agosto. «Llevamos tres meses sin cobrar nada, y es insostenible», remarca Juan de la Torre, vicepresidente de la entidad. «Hemos cobrado algunas partidas concretas de marzo, que son un balón de oxígeno. Pero desde abril, nada», dice. «No se puede machacar al más débil», inquiere el directivo de una organización que cuenta con cinco centros de atención, 120 empleados y que atiende a unas 200 personas con discapacidad intelectual.
Ignacio Martín, director técnico de Asprodalba afirma que, en el caso de su asociación, que actúa en el Levante, la existencia de una «almohadilla» les ha permitido ir abonando pagos al día en un centro que atiende a cerca de 100 personas y que tiene unos 25 empleados. Pero si el impago continúa, la situación se les pone «muy muy complicada». «Las perspectivas son muy negativas. Desde este mes, el impago se haría insostenible si no hay respuesta de la Junta de Andalucía».
En A Toda Vela, este verano se ha pasado de una contratación de quince personas a solo dos. Y los trabajadores fijos, unos nueve, han tenido que amoldar su horario a una situación de dificultad económica. Isabel Guirao, directora del colectivo, afirma que han tenido que subir las cuotas y que eso ha conllevado incluso bajas de asociados que ahora ya no tienen atención.
La Junta dice que trabaja en ello. María Isabel Requena, delegada del Gobierno, asumió la complejidad de una deuda que se extiende a todo el territorio andaluz, y afirmó que el Ejecutivo autonómico busca el modo de saldar la deuda cuanto antes. No obstante, remarcó que la financiación de programas para personas con discapacidad intelectual por parte del Estado ha caído un 60%. «Los recortes son de Rajoy, pero las protestas son en la Junta. Hay que resaltar dónde se deposita la responsabilidad de los recortes», expuso.
