Lejos de haber quedado resuelto tras la paralización de la reparcelación de Las Salinas, el problema de los terrenos de la variante de Roquetas sigue presente y regresa al debate político cada vez que se habla sobre esta vía de comunicación inacabada. Ayer quedó claro en el Pleno, cuando los populares aprobaron una moción para instar a la Junta de Andalucía a su terminación, y cuyo debate acabó convirtiéndose en un duro enfrentamiento entre los diferentes grupos, y en el que una vez más, intervinieron también agricultores afectados por el proyecto.
Los populares lograron sacar adelante su moción en solitario. En ella, se pide a la Junta de Andalucía que termine el primer tramo, cuyas obras están paralizadas desde hace meses por los recortes, y a ejecutar el segundo tramo, que además de los recortes, también está afectado por la falta de acuerdo con media docena de propietarios afectados, lo que imposibilita al Ayuntamiento poner a disposición de la Junta los terrenos. La moción también establece que el Consistorio se vio «forzado» a aceptar su implicación directa en la consecución de los terrenos a pesar de no ser competencia suya.
Si bien todos los grupos aseguraron apoyar la terminación de las obras, hubo grandes diferencias entre el equipo de Gobierno y la oposición. IU abrió el debate con la presentación de una enmienda a la moción popular, que contó con el apoyo de PSOE e Indapa pero fue rechazada por el PP, en la que se recordaba a los populares que la fórmula para la consecución de los terrenos fue acordada por el Ayuntamiento y la Junta. «El alcalde, Gabriel Amat, aceptó de buen grado este convenio con la Junta, ya que le posibilitaba aumentar aprovechamiento del sector Z-SAL-01 y además forzar la aprobación obligatoria del PGOU al vincularlo con la necesaria ejecución de la obra de la variante», dijo el portavoz de IU, Ricardo Fernández.
Acuerdo
Por ello, la coalición pidió en su enmienda que quedara claro ese interés municipal por el acuerdo y que el comienzo del segundo tramo quedara vinculado a la puesta a disposición de los terrenos por parte del Ayuntamiento, tal y como se comprometió. Sobre el primer tramo, Fernández confirmó el compromiso de la Consejería de Fomento, que ahora controla su formación, con la terminación de las obras, para las que se han reservado varias partidas presupuestarias.
El alcalde, Gabriel Amat, recordó los beneficios que ha obtenido la Junta de Andalucía con el convenio para la gestión de los terrenos, explicando que según la propia valoración de la Junta, éstos suponen 26 millones de euros, de los que se han conseguido ya 23 millones de euros. «Dichoso fracaso que ha ahorrado 23 millones a la Junta», dijo el alcalde al responder al portavoz de IU que calificó el sistema como «un fracaso del modelo de gestión».
La posible expropiación de los terrenos que faltan fue mencionada en numerosas ocasiones por oposición y afectados. Estos últimos, especialmente Juan Diego Ibáñez, que sigue cultivando en su invernadero ante la falta de acuerdo para ceder sus terrenos, tuvieron un duro enfrentamiento verbal con el primer edil sobre las ofertas que han recibido por sus tierras y las supuestas amenazas de expropiación. Debate, que alcanzó momentos de gran tensión en los que Amat llegó a amenazar con desalojarles y en los que también intervinieron concejales como Rafael López Vargas (del PSOE) para criticar la actitud del alcalde y Pedro Antonio López (del PP), para defenderle.
Evitar expropiaciones
Amat repitió en varias ocasiones que su intención es evitar la expropiación, aunque «para expropiar no tengo más que hacer un decreto de Alcaldía, ni siquiera tiene que pasar por Pleno, pero eso es lo último que el Ayuntamiento hará». En su intervención, Amat llegó a decir que «este Ayuntamiento no va a expropiar nada, quien va a expropiar va a ser a quien le corresponda» y en respuesta a las referencias a sus exigencias de colaboración de la Junta, explicó que la reivindicación se centra en el acuerdo alcanzado en su día para el arreglo de la Carretera de Las Losas, que debió hacer la Junta y no hizo, y cuya inversión quiere que se destine ahora a ayudar en la compra de los terrenos de la variante.
Desde el PSOE, su portavoz, Juan Ortega, recordó que «hay un convenio que se firma en su día porque interesa firmarlo» y se refirió a los afectados, que son «los que aportan los terrenos y permiten que la Junta no se gaste ese dinero, todos, los que han obtenido alguna compensación y los que no han recibido nada».
Ortega dijo que «hay que terminar lo que se hizo en su día de la mejor manera posible» y mencionó la difícil situación actual, dado que «la Junta ha gastado más de 25 millones de euros en una obra cuyos terrenos no son suyos». El socialista se refirió en varias ocasiones al segundo tramo, bloqueado por la falta de acuerdo con algunos propietarios, asegurando que «tiene solución», aunque no llegó a explicarla.
En el debate intervino igualmente el portavoz de Indapa, José Porcel, quien llegó a decir que el alcalde debería dimitir, «o usted aporta los terrenos tratando a los propietarios con igualdad o debe dimitir e irse», comentó.
